Una jueza aceptó la participación de trabajadores en las ganancias de Barrick

En un fallo extenso e inédito en la provincia, la titular del Quinto Juzgado del Trabajo, Dra Gladys Rubia EXHORTÓ a la Cámara de Diputados de San Juan dictar una Ley para REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES en las ganancias de las empresas en el plazo de un año. Se basa en lo dispuesto por el Art, 14 bis de la Constitución Nacional redactado en la Constituyente de 1957 que agregó texto a ese sólo artículo y por eso es llamado "bis".
La juez, inscripta en la doctrina del activismo judicial, entiende que la Carta Magna incluye cláusulas con operatividad propia, es decir, que no requerirían de reglamentaciones adicionales, como lo serían leyes tanto nacionales o provinciales que reglamenten su ejercicio. Afirma que el juez no debe atenerse a aplicar ley existente o no aplicar ley que no haya sido dictada, inscribiéndose en la escuela de jueces que legislan para cubrir eventuales vacíos.
Cita disposiciones de la Corte Suprema en distintos casos poniendo el acento en el Caso Badaro por actualización de jubilaciones, en que el supremo tribunal dio plazo al Congreso para que legislara y, cumplido éste sin resultado, aplicó un sistema de ajuste. La orden a la Cámara de Diputados provincial la exime sólo en el caso de que, antes, el Congreso Nacional dicte una norma equivalente.
La causa fue iniciada por Elizabeth Morales contra Minera Argentina Gold S.A. (Barrick) por fijación de porcentaje de utilidades y participación en las ganancias. Morales, empleada que fuera despedida por decisión de la empresa y con la indemnización correspondiente en el año 2008, no reclama saldos pendientes o cargo por una supuesta incapacidad, sino solamente la liquidación de su participación en las ganancias.
En el descargo, la empresa negó que le asista derecho alguno por inconstitucionalidad por omisión de acto legislativo, que es el argumento invocado por Morales y admitido parcialmente por la juez. En el escrito de la Dra. Rubia, se advierte la pulcritud de quien intuye que el caso llevará a gran debate. Desde ya que así será, dado que los legisladores deberán tener en vista la complejidad de una cuestión que por algo no fue abordada por la nación.
Tamaño de las empresas, chicas, medianas, grandes, regulación de la forma de control de los trabajadores en la administración de sus empleadoras y otros problemas forman ecuaciones de variables casi infinitas, con impacto decisivo en la economía. Por ahora, no hay consecuencia alguna porque, si bien la Dra Rubia declara que "una respuesta negativa conllevaría denegación de justicia y que la pretensión debe ser admitida" ofrece como resultado inmediato el exhorto a la Cámara por el plazo de un año. De transcurrir ese lapso sin que se expida la Cámara, será interesante ver qué criterio aplicará la juez.