san juan abre el paraguas

La provincia busca auditar a los proyectos mineros en curso

Es la reacción oficial del Gobierno local, después del fallo de la Corte Suprema que pone en vigencia plena la Ley Nacional de Protección de Glaciares, cuestionada por la gestión giojista.
lunes, 9 de julio de 2012 · 10:58

Por Miriam Walter
mwalter@tiempodesanjuan.com

Tras el fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación plena de la Ley Nacional de Protección de Glaciares, el Gobierno de San Juan prevé adelantarse en la aplicación de un polémico artículo de la norma, el 15, que fija la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental. Es decir, en el caso de San Juan, a todos los proyectos mineros vigentes (con declaración de impacto ambiental aprobada) en alta cordillera, donde entran Veladero, Pascua Lama (ambos administrados por Barrick) y Gualcamayo (Yamana Gold), por citar los más grandes.
La ley no especifica quién debe hacer esta auditoría. Por eso, la administración giojista quiere ponerse al frente de instrumentarla y para despejar dudas, quiere invitar para realizar el trabajo a especialistas como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y la UNSJ, entre otros, según dijeron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan. De hecho, ambas entidades ya colaboran con el Gobierno provincial en la confección del inventario de glaciares y el Instituto que depende del CONICET colaboró con el estudio de impacto ambiental de los yacimientos que maneja Barrick, según citaron las fuentes. Para coordinar todo, San Juan ya cuenta con un Consejo Provincial de Protección de Glaciares, que conduce el secretario de Medio Ambiente, Raúl Tello, pero la idea oficial del inventario es hacerlo siempre manteniendo la participación de organismos extragubernamentales, para darle más transparencia al proceso y los resultados.
El plan giojista es lanzar esta convocatoria a entidades expertas en la materia cuanto antes, dijeron las fuentes. El artículo 15, que recién ahora está en vigencia, fija como plazo 180 días para realizar la auditoría ambiental “en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados”. Y fija que “en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial (…) las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”.
Impulsar la auditoría es la carta bajo la manga oficial, después del fallo de la Corte Suprema que el martes último revocó los amparos en contra de la Ley de Protección de Glaciares (26.639) que presentaron la Cámara Minera de San Juan, la Cámara de Servicios Mineros, CASEMI, AOMA y CGT Regional San Juan. Es decir, que el máximo tribunal del país dejó sin efecto la suspensión de 6 artículos cuestionados (además del 15, el 2, 3, 5, 6 y 7) por las entidades citadas que había dictado el juez federal local Miguel Gálvez el 2 de noviembre de 2010, apenas sancionada la norma nacional.
Inmediatamente conocida la noticia, en San Juan sólo hubo declaraciones del sector minero y gubernamental afirmando que el fallo no afecta las actividades minera, industrial y de obra pública en la Provincia, como expresaron el fiscal de Estado Guillermo de Sanctis y el propio Gioja. Sin embargo, en las horas subsiguientes al pronunciamiento de la Justicia, hubo consultas permanentes entre los sectores interesados acerca de los alcances de la medida, según dijeron las fuentes.
Para De Sanctis, el fallo no repercute en las actividades cordilleranas en curso, principalmente la minería, por tres razones. Primero, que la ley nacional “aún no está operativa”. Segundo, que “San Juan ha avanzado más que la Nación y que cualquier provincia” en el inventario y protección de glaciares. Incluso confían en declaraciones periodísticas del titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, quien aseguró que el Instituto que conduce y que es el encargado según la ley nacional de hacer el relevamiento de glaciares en todo el país, ya asesora a San Juan en su propio inventario, y si esos resultados se ajustan a ciertos parámetros, podrá ser homologado dentro del inventario argentino. Tercero, que la Corte no se ha expedido sobre la cuestión de fondo que es la inconstitucionalidad de la ley que objetó el Gobierno de San Juan en la Justicia y es allí donde esperan aclarar los alcances de la palabra “periglacial”, que es la que pone en discusión las actividades sobre la cordillera, porque en la ley nacional aparece “muy ambigua” y “de interpretación demasiado amplia”, según la óptica oficial.

Abriendo el paraguas

En esta estrategia de “primerear”, el Gobierno local ya cuenta con el antecedente de haber sancionado su propia ley de protección de glaciares. En 2010, logró aprobarla por unanimidad en la Cámara local, mientras la nacional aún se discutía en el Congreso. Luego lo siguieron otras provincias mineras. Con esa herramienta legal en mano, cuando se sancionó la polémica norma nacional, la gestión giojista fue a la Justicia declarando su inconstitucionalidad, alegando que se mete irregularmente con la jurisdicción sanjuanina puesto que los recursos naturales son de las provincias. El planteo aún no tiene definición judicial y el camino es largo, según estimó De Sanctis, porque entiende que “todavía no le corren traslado de la demanda a la Nación”.

El polémico artículo 15

El abogado especialista en temas mineros,  Leonardo G. Rodríguez, analizó el fallo de la Corte Suprema en un artículo publicado en Mining Press y entre otros conceptos, hizo una lectura sobre el artículo 15 de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. 
El análisis es el siguiente: “Luego de ‘someterse’ a la auditoría ambiental que menciona el artículo 15 de la Ley 26.639 puede conocerse si la actividad del particular ‘se encuentra alcanzada por la ley’, la Corte debió, al menos, tener presente: (i) que la palabra ‘someterse’ no deja claro si la auditoría debe llevarla a cabo el particular o la autoridad; (ii) si, efectivamente, ‘las autoridades’ (art. 15 últ. párr.) que deben determinar si existe impacto son las ‘que determine cada jurisdicción’ (conf. art. 8, Ley 26.639); (iii) que no existe un plazo para que la autoridad determine si la actividad del particular ‘se encuentra alcanzada por la ley’, lo que podría ocasionar un ‘parate’ de proyectos, ya que nadie invertiría hasta tanto la autoridad (que no se sabe bien cuál es) le indique que su actividad no resulta afectada por la Ley 26.639. En definitiva, estimo que la Corte pudo dar un paso más y clarificar cuestiones confusas. Deberemos esperar a nuevos pronunciamientos de la Corte para que, en los temas que corresponda, brinde las directivas de interpretación que solucionen las falencias de la Ley 26.639 y los conflictos que esta ha traído aparejados”.




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