Una fiscal denunció al intendente de Angaco y a tres concejales por un "pacto de impunidad"
La fiscal Gerarduzzi sostiene que el acuerdo para evitar el juicio por malversación es ilegal y que los acusados se atribuyeron facultades que solo corresponden a jueces y fiscales.
José Castro con los concejales de Angaco, algunos de ellos denunciados como él.
José Castro con los concejales de Angaco, algunos de ellos denunciados como él.
La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi presentó una denuncia penal contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, tras considerar que el acuerdo alcanzado para suspender un juicio contra el jefe comunal es un acto fuera de la ley. Gerarduzzi sostiene que tanto el responsable del Ejecutivo como los tres ediles incurrieron en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos al intentar cerrar una causa penal mediante una ordenanza municipal. Según la visión de la fiscalía, esta maniobra constituye un grave hecho institucional donde los acusados se adjudicaron potestades que corresponden exclusivamente a los magistrados y representantes del Ministerio Público.
El conflicto se originó cuando el intendente Castro, que enfrenta cargos por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, propuso una "reparación integral del daño" consistente en donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Esta propuesta recibió el visto bueno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria gracias al voto de los tres concejales ahora denunciados. Para la fiscal Gerarduzzi, según informaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, este movimiento no es más que un intento de eludir la justicia, agravado por el hecho de que la ley prohíbe este tipo de conciliaciones cuando se investigan delitos contra la administración pública.
Además del incumplimiento de deberes, la fiscal pidió investigar a los ediles por encubrimiento agravado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fundamentos de la denuncia indican que los concejales habrían actuado para ayudar al intendente a evitar el proceso penal, utilizando un acto administrativo como es una ordenanza para interferir directamente en una causa judicial. A la par, la fiscalía cuestionó la falta de claridad sobre el origen del dinero para la reparación y puso en duda si el monto efectivamente llegaría a la entidad benéfica mencionada.
El escenario actual es el resultado de un largo proceso que comenzó en 2019, cuando una composición anterior del Concejo Deliberante denunció a Castro por el uso de maquinaria y empleados municipales en un terreno privado. Tras su regreso a la intendencia en 2023 y con una mayoría política a su favor, Castro intentó cerrar ese capítulo judicial con el cuestionado acuerdo conciliatorio que ahora la fiscalía rechaza de plano por considerarlo un atropello a la división de poderes.
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José Castro con los concejales de Angaco, algunos de ellos denunciados como él.
La defensa del intendente
El abogado defensor de José Castro, Marcelo Fernández, fue el encargado de presentar formalmente el acuerdo ante la justicia con el objetivo principal de lograr que se suspenda el debate en la Cámara Penal y así "evitar el juicio" contra su cliente.
En sus presentaciones judiciales, Fernández utilizó como antecedente para respaldar el pedido de suspensión de la audiencia una causa que involucró a "Alberto Fernández", buscando que se aplique un criterio similar que permita extinguir la acción penal mediante la reparación económica propuesta. Por el momento, el juicio permanece postergado mientras los jueces analizan la validez de este polémico convenio.
Este miércoles, el abogado explicó su estrategia en una entrevista con Radio Sarmiento. Dijo que lo presentado ante la Cámara no es un acuerdo consumado, sino una “propuesta de acuerdo” basada en el instituto legal de la conciliación y la reparación del daño. Según el letrado, esta herramienta busca la “paz social” y es un derecho constitucional que no está vedado para los funcionarios públicos, citando como precedente el caso del expresidente Alberto Fernández. El defensor del intendente aclaró que este pedido no implica reconocer culpabilidad, a diferencia de un juicio abreviado, y cuestionó que la causa haya permanecido casi siete años sin movimientos significativos por parte de la fiscalía.
Respecto a la acusación original de 2019, la defensa planteó que se trata de una “persecución de índole político” con una escena que fue “armada” por opositores. Fernández argumentó que la maquinaria municipal no estaba realizando tareas dentro de una propiedad privada, sino que se encontraba estacionada en la puerta de un terreno. Para el abogado, el hecho de que se tomara una foto justo en ese lugar, habiendo un puesto policial cerca, demuestra una intención de utilizar la justicia como herramienta política en una causa que carece de complejidad probatoria.
Sobre la responsabilidad directa de su defendido, Fernández subrayó que el intendente angaquero no tenía conocimiento de la ubicación de los vehículos aquel día. Al respecto, el abogado afirmó que “el intendente también desconoce qué estaba haciendo la máquina en ese lugar. Por supuesto. Al intendente le llaman después por teléfono, dice: 'Mirá lo que anda circulando'”.
