El Juzgado Contencioso Administrativo, que encabeza la jueza Adriana Tettamanti, acaba de rechazar el planteo que hizo un grupo de estatales para que se les anule una sanción que les impusieron por un hecho que pasó hace casi una década. Se trata de cuatro trabajadores de la Dirección General de Rentas (DGR) que habían cuestionado el uso de las cámaras de seguridad del Centro Cívico bajo el argumento de que se utilizaron para "espiar al personal o utilizar las mismas como medio probatorio en su contra". Esta fue la forma que encontraron para intentar zafar del castigo impuesto por una "avivada", dado que las cámaras de vigilancia permitieron poner en evidencia la irregularidad de que uno de los empleados marcaba las tarjetas personales de ingreso a favor de sus compañeros, permitiendo la ausencia de ellos, según publica Diario de Cuyo.
Cuando se detectó la maniobra, los empleados fueron sometidos a un sumario administrativo que duró dos años y luego sancionados con 15 días de suspensión sin goce de haberes, lo que los llevó a ir a la Justicia contra el Estado. Ahora el planteo resultó rechazado.
Los cuatro agentes que iniciaron el planteo son Sergio González, Nora del Carmen Espeche, Sandra Claudia Saleme y Carlos Quinteros, según publicó el matutino local. En el cuestionamiento consideraron "como prueba ilegal el uso de cámaras de captación de imágenes, por cuanto no se encuentra acreditado que la DGR haya gestionado la autorización para su colocación, ya que están en franca violación de la Ley Nº 7902".
La magistrada, dando la razón a los postulados del Estado, argumentó que las imágenes captadas no son ilegales, dado que "no se advierte irregularidad alguna puesto que no se invadió el espacio o ámbito de privacidad o de intimidad, sino que estaban colocadas en un lugar visible a toda persona". Además, dijo que, en el sumario que llevó adelante Rentas, los agentes pudieron ejercer su derecho a defensa, como lo indica la ley, pero en cambio, se abstuvieron a declarar.
Los hechos se dieron en octubre de 2011, cuando el encargado de Personal de Rentas detectó que uno de los trabajadores luego sancionados no estaba presente pero su tarjeta decía lo contrario en el sistema. Gracias a las cámaras, se vio cómo uno de ellos marcó tarjeta por sus tres compañeros tanto en la salida como en la entrada. Al menos se registraron dos maniobras similares.
Tras este episodio se cambió el sistema en todo el edificio por uno biométrico, mediante huella digital y registro de rostro.
