La Secretaría de Seguridad de San Juan encabeza todos los fines de semana, sobre todo los que son largos como el que acaba de pasar, operativos para detectar incumplimientos de locales gastronómicos y de esparcimiento a las normas vigentes, en particular las que son parte del protocolo antipandemia. Este finde se dieron alrededor 5 clausuras preventivas e incluso hubo un local que abrió pese a estar clausurado, lo que generó una nueva medida. En este marco, el subsecretario del área, Abel Hernández, analizó la conducta de algunos de los empresarios de la noche sanjuanina.
En diálogo con radio AM1020, Hernández se refirió al local que rompió la faja de clausura, contando que había sido cerrado allá por el 6 o 7 de febrero, "por cuestiones muy básicas. Si tiene que tener 100 matafuegos establecidos por el Departamento Bomberos, no veo por qué tiene que tener la mitad. Es una cuestión de seguridad máxima para una cantidad de 600 personas que concurren a este lugar".
También dijo que "hay lugares que antes eran una cancha de fútbol y la certificación que se otorga a través de los organismos respectivos que da la tranquilidad de que no hay pozos negros, que no hay rellenos y mañana se cae alguien en una grieta, ni hablar de que estamos en zona sísmica y cualquier pared que no esté bien hecha es un peligro para los comensales. Todo eso viene de la mano de certificados que muchas veces minimizan los empresarios y dicen 'me falta eso nada más'".
El funcionario profundizó: "Hay certificados que han recriminado no tener y hemos constatado que son certificados que están a la espera de que los empresarios los vayan a retirar hace dos o tres meses. Y no los van a retirar porque no les conviene. Porque dicen 'lo tengo en trámite, me han dicho que lo van a tener en 4 o 5 meses'. Y es que a muchos no les conviene porque les condiciona muchísimo la capacidad. Ellos tienen un predio donde antes como boliche bailable, podían hacer entrar 1000 o 2000 personas, y ahora con el sistema que se tienen que adecuar, el gastronómico, con sillas, mesas, burbujas y el 40% de capacidad, les está quedando en 400 personas que no deja de ser una cantidad importante".
Agregó que "Ni hablar de lo que significa agregar shows de bandas en vivo que significan el levantamiento de un escenario, que es alimentado por un cable eléctrico muy importante y eso debe estar bajo seguridad, nadie quiere tener un electrocutado en un evento por el simple hecho de que para economizar costo dejan el cableado que vaya por el costado cuando se sabe que hay 600 personas en el lugar, es difícil controlar por dónde van a pisar. Y con eso nos hemos encontrado".
De los clausurados este fin de semana, se encontraron con la ocupación sobrepasada significativamente, con hasta 900 personas cuando eran 600 las habilitadas; y gente bailando cuando está prohibido. Desde octubre que los negocios de este rubro pueden abrir sus puertas en San Juan, solo en el marco de un protocolo para evitar la propagación del COVID-19.
Hernández informó que por noche se visitan entre 30 y 35 locales gastronómicos como bares y restó, que la mayoría cumple con los protocolos, y se controla un universo de poco más de 100 de estos negocios que funcionan en la Provincia. Se producen entre 4 u 8 clausuras por noche que son los que no entienden las reglas o no quieren entenderlas.
"No se persigue a nadie", enfatizó Hernández, dada la reincidencia de algunos empresarios de la noche. El funcionario puso en el tapete el monto de las multas: "Desde octubre a la fecha hay locales que han sido inspeccionados un montón de veces y no han tenido problemas, otros que han sido clausurados una o dos veces y hoy son un ejemplo de cumplimiento de protocolos, es decir que entendieron el mensaje. Evidentemente la preocupación pasa por aquellos que tienen lugar para 500 o 600 personas entonces el monto de las multas les resulta insignificante. Ahí viene este círculo vicioso. Nosotros ponemos el caso en la Justicia de Paz o de Faltas y hasta ahí llega nuestro procedimiento".
