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SUSCRIBITESe trata del vicecónsul argentino en territorio brasileño, Jorge Maximiliano Alaniz, un joven abogado 49 años que participó del operativo retorno de Agostina Páez y que resultó un respaldo importante para la santiagueña, según ella misma lo contactó.
A más de una semana del retorno de la abogada santiagueña que había quedado detenida en Brasil por realizar gestos racistas, un detalle del caso llamó la atención por estas latitudes y es que uno de los funcionarios que fue clave en la liberación de Agostina Páez es sanjuanino. Se trata de Jorge Maximiliano Alaniz, un joven abogado que cumple funciones como Cónsul General Adjunto en Río de Janeiro.
Su foto apareció nada más y nada menos que en las redes sociales de la joven que estuvo detenida 76 días, desde el 14 de enero hasta el 31 de marzo que le retiraron la tobillera electrónica, cuando la protagonista de la polémica agradeció al miembro del Consulado Argentino en territorio brasileño por acompañarla "en los momentos más difíciles".
Alaniz, que fue consejero de la Embajada Argentina en China y jefe de la Sección Política y Cultural, como integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, nació y se formó en San Juan. Oriundo de Capital, se formó como profesional en la Universidad Católica de Cuyo, donde también trabajó como profesor.
Desde el 2001, ejerció como abogado en la provincia y trabajó para el estudio de su tío, el ex secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. Hijo de una docente jubilada, el vice cónsul se marchó de estos pagos para iniciar su carrera de servicio exterior. Sin embargo, cuentan desde su entorno que cada tanto visita su terruño.
"Es un chico excelente, muy querido por sus alumnos, por sus amigos", dijeron sobre el sanjuanino de 49 años que habla cinco idiomas. Como la función que ejecuta lo demanda, habla portugués, inglés, alemán, francés y chino mandarín.
Como funcionario del Consulado encabezado por Jorge Perren, Alaniz formó parte de las tratativas para liberar a la turista que primero fue encarcelada y más tarde quedó con pulsera electrónica. El caso desde el principio fue resonante y activó una estrategia legal que activó resortes políticos y diplomáticos para su traslado y regreso al país.
Alaniz y los suyos presentaron una nota formal ante la justicia brasileña para ofrecer garantías al proceso. El Consulado explicó al magistrado que la Argentina se comprometía a asegurar que la abogada compareciera al proceso penal para que fuera cumplido y monitoreado desde nuestro país.
Así lo explicó la abogada de la joven que fue filmada al realizar gestos racistas contra empleados en Ipanema, Carla Junqueira, quien detalló las causales que destrabaron su situación. El hecho generaba preocupación por lo desmedida que podía resultar la situación con la argentina y, por ello, escaló en los medios nacionales.
El juez de la Cámara Penal de Rio de Janeiro, Luciano Silva Barreto, hizo lugar al habeas corpus presentado por la defensa de Páez y revocó las medidas que le imponían abandonar aquel país. En consecuencia, autorizó el regreso de la imputada por presunta infracción a la Ley antidiscriminatoria de Brasil (Ley Nro. 7716/89), condicionándolo a la prestación de una caución equivalente a 60 salarios mínimos (equivalente a unos 18.000 USD) y a la obligación de mantener actualizados sus datos de contacto para futuras citaciones judiciales.