Un inmenso operativo policial comandado por Flagrancia y con autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio se montó en el microcentro sanjuanino. El motivo: dos conocidas empresas del rubro textil citaron a sus trabajadores para que ordenaran los depósitos e hicieran inventarios de la mercadería en stock violando el decreto presidencial y provincial que impuso cuarentena obligatoria para quienes no brinden servicios esenciales. Las dos firmas son Brant -propietarios de Maxi Brant- y Zoberano. Cómo fueron los operativos y cuáles son los antecedentes sindicales de las empresas.
La primera firma que fue inspeccionada fue el depósito de Maxi Brant, ubicado en Tucumán 114 (Norte), Capital. La secretaria general del sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, contó que recibieron una seguidilla de mensajes el día lunes 13 de abril alertando sobre la convocatoria de la empresa. "Les comunicaron que tenían que trabajar el martes 14 para organizar los depósitos y hacer inventarios", informó. Cuando los inspectores gremiales se hicieron presentes en el lugar, el hecho ya había sido denunciado ante las autoridades policiales, que armaron un gran operativo en el que detectaron 15 empleados de la firma trabajando.
A los empleados se les solicitó que llevaran el DNI para entregarles certificados de libre circulación, los mismos fueron secuestrados y forman parte de las pruebas con las que se juzgarán a los propietarios de este comercio. Las fuentes consultadas indicaron que los certificados fueron emitidos como si los trabajadores de Maxi Brant fueran empleados de una fábrica que tiene la familia Brant en la que se hacen barbijos y batas, lo que sí es un servicio esencial.
Uno de los momentos más extraños que se vivió durante el operativo fue cuando un empleado de la fábrica en donde se hacen barbijos llevó cuatro cajas con este tipo de material. Es que según dijeron sus propietarios citaron a los 15 empleados para que organizaran estos elementos.
Uno de los propietarios de Brant, Isaías Brant, fue detenido. El local fue clausurado por Leyes Especiales por las infracciones cometidas. Ahora será juzgado por flagrancia.
Horas después de iniciado el operativo en los depósitos de Brant, Miguel Funes, del sindicato, denunció que a metros (Tucumán 73 -Norte-, Capital) tomaron conocimiento que la firma Zoberano (propietaria de "Las tres B" y N1) también había citado a su personal para hacer inventarios y organizar la mercadería. Cuando los uniformados con Funes llegaron al lugar la persiana estaba baja y hasta había un candado en la puerta. Pero al apoyar el oído en la persiana metálica escucharon bullicio. Al llamar, salió el encargado.
Se realizó una inspección en la que se detectó que estaban presentes en el lugar 21 trabajadores (18 mujeres y 2 hombres). Otras fuentes hablan de 50 personas. Entre las pruebas con las que se juzgará a los empleadores se encuentra una serie de mensajes de WhatsApp en donde les piden al personal que lleven su propio barbijo y comida. Por este hecho fue detenido el encargado de la firma, Jorge Fabián Zukerman.
Los antecedentes sindicales
En lo que respecta al ámbito sindical, Moral detalló que con Zoberano no han tenido actuaciones pero con Maxi Brant sí. Los episodios no estuvieron relacionados con temas salariales sino con la forma en la que se maneja el personal.
El primer inconveniente que relató la sindicalista fue por hostigamiento. "El personal de vigilancia apuraba a los trabajadores cuando estaban en el baño, les advertía cuando charlaban de más con un cliente. Tuve que explicarles a los propietarios que las mujeres menstruamos una vez por mes y que por esa razón hay ciertos momentos en los que tardamos más en el baño", indicó.
El otro conflicto -que aún no termina de resolverse con la familia Brant- es por el tema tardanzas. "A los empleados se los hace ir 15 minutos antes del horario de ingreso si no lo computan como tardanza. Es un problema que hemos visto repetido en otros locales. Una cosa es que el empleado llegue un poco antes porque quiere y otra es que le pongan tardanza por eso"; añadió Moral.
Las penas que podrían recaer sobre los responsables de este delito van de seis meses a dos años de prisión, además de una multa. Fuentes judiciales aclararon que sobre los empleados no recaerá ninguna sanción.
