El Gobierno nacional busca que las jubilaciones se ajusten de nuevo por salarios y recaudación como entre 2008 y 2017, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, y esto generó un nuevo debate (una grita) con la oposición. Algunos funcionarios y dirigentes se manifestaron en contra, como Eugenio Semino de la Tercera Edad, que dijo que la fórmula es "un verdadero disparate", y otros salieron a bancar este proyecto. Uno de los que defendió la postura de la administración de Alberto Fernández es Raúl Romero, gerente de ANSES en Rawson, quien aseguró que con la normativa que estuvo vigente durante el gobierno de Cambiemos y fue suspendida en diciembre los jubilados perdieron un 19,5% de su poder adquisitivo.
"La segunda formula que tuvo el país fue la que se sanciono en diciembre de 2017 con conflicto social y represión en Plaza de Mayo. En se momento la administración que gobernada logró el consenso en el Congreso y se sancionó esta ley de movilidad que produjo una perdida del poder adquisitivo de jubilados y pensionados de alrededor del 20%, para ser preciso el 19,5% se perdió durante la administración de Macri debido a la ley de movilidad", manifestó Romero.
El titular sanjuanino de ANSES agregó que la primera ley que se sancionó en el país sobre este tema, durante la presidencia de Cristina, en el 2009, logró que los sueldos de los jubilados y pensionados crecieran a pesar de vivir una alta inflación.
"Recién después de 14 años de exigencia allá por el 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández se sancionó la primera Ley de Movilidad, que estuvo vigente hasta el año 2017. En ese año, por la Reforma Previsional de Macri se sanciona la segunda Ley de movilidad. Esta primera ley permitió que desde el 2009 al 2017, incluso en años de alta inflación, los haberes reales de jubilados crecieran en un 26%", sostuvo en los estudios de Canal 13.
Romero remarcó que la nueva fórmula de jubilaciones que se está tratando en la Cámara de Diputados es parecida a la del 2009. "Senadores, diputados, legisladores de todo el arco político intervinieron a lo largo de 8 meses de trabajo. Se pudo determinar que la mejor fórmula posible es muy similar a una que ya estuvo vigente en el país. Esta va a contemplar 50% del indice de variación de salario interpretado por el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y también el 50% en función de la variación de la recaudación impositiva que aporta el sistema previsional", cerró.
