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Violadas, embarazadas y sometidas a un aborto: cómo volver a ser una niña tras el horror

Este 2019, se registraron dos episodios que trascendieron en los medios de comunicación y que tuvieron a dos menores de 11 y 12 años como víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Después de encarnar el horror, las menores que fueron víctimas de abusos sexuales y que producto de las aberraciones quedaron embarazadas, por lo que debieron ser sometidas a un aborto legal, tienen la titánica tarea de volver a ser niñas, proceso en que el Estado acompaña desde sus diversas áreas. 

Este 2019, los casos que trascendieron en los medios de comunicación fueron dos: uno ocurrió a fines de agosto y tuvo como protagonista a una nena de 11 años que fue violada por su padrastro, mientras que el otro se conoció en octubre y tuvo en el centro de las miradas a una criatura de 12 años, abusada por un vecino. Ambos casos se dieron en el Médano de Oro, en Rawson, y fueron denunciados en el Centro ANIVI, donde las menores contaron el calvario por el que atravesaron y luego las pericias físicas lo confirmaron.

En estas situaciones, el Estado interviene con el Poder Judicial y los Ministerios de Salud, de Desarrollo Humano y de Educación para contener no sólo a la víctima sino también a su entorno familiar. A través de una Asesora de Menores, un equipo de profesionales de los hospitales públicos y los asistentes sociales de la Dirección de la Niñez, las niñas sometidas a la Intervención Legal del Embarazo son abordas antes y después de la intervención quirúrgica. 

#NiñasNoMadres es la campaña que denuncia graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas

"Tras los pocos casos que se han dado, se ha procedido con mucha articulación atendiendo a la complejidad del tema. Primero se coordina la cuestión legal que corresponde, por eso la intervención de la Asesora de Menores, y luego participan las reparticiones públicas para la contención y atención terapéutica, por lo que la responsabilidad se divide pues ninguna parte se hace cargo de todo", explica el titular de Niñez Marcelo Bartolomé

Si bien los equipos técnicos de la cartera social tienen a psicólogos y a trabajadores sociales, quienes hacen el tratamiento piscológico con las menores son los profesionales de Salud Pública. Según indica el funcionario, Niñez se encarga del acompañamiento del grupo familiar de las víctimas. 

Por ejemplo, en el caso de la pequeña del Cristo Pobre -cuyo embarazo fue descubierto en la escuela y, tras la denuncia de la directora, se desencadenó el proceso judicial que encerró al padrastro abusador-, cuando la nena egresó del hospital ya contaba con la atención psicológica que Salud Pública había puesto a disposición. En lo que sí intervino Desarrollo Humano fue en las acciones posteriores con la contención de la víctima y su hermana menor, que fueron separadas de su madre biológica y quedaron en una residencia y en situación de adoptabilidad. 

También desde la cartera educativa hubo participación, en ese caso, con la escolarización de las hermanitas que debieron ser cambiadas de establecimiento luego de los hechos, preservando la identidad y manteniendo la confidencialidad de las involucradas. 

Actualmente, existe un espacio que componen los tres poderes del Estado: un órgano coordinador de la Ley de Violencia Familiar que lo preside justamente la asesora Patricia Sirera. En el marco de ese trabajo conjunto, se esbozó una especie de protocolo en el que se pasó en limpio cuál es la responsabilidad y tarea de cada repartición. Por el momento, está en proyecto el documento formal de protocolo, que sería similar al que tiene Educación cuando se detectan los abusos. 

"Como sociedad hemos avanzado mucho ante este tipo de situaciones, hay una buena reacción de todos. Más allá de las posturas personales, hay cuestiones que hay que poner por delante. Primero está la ley y las respuestas institucionales", agregó.   

El caso que fue un escándalo. En agosto de 2018, el tema se instaló en San Juan después de que una niña de 14 años con retraso madurativo fuera abusada por el jefe de sus padres, cuando la dejaban sola para ir a trabajar en una finca. Por ese caso, Marcelo Villalobos Solíz, de 33 años, fue condenado en un juicio abreviado a 6 años de cárcel y luego fue deportado a Bolivia. 

Dos médicos y una abogada provida entraron en escena e intentaron convencer a la damnificada y a su madre de continuar con el curso del embarazo, a pesar de que la ley la asistía. No sólo mantuvieron contacto con la menor sino también le hicieron hasta una ecografía para mostrarle la vida que llevaba adentro, violando el derecho a la intimidad, por lo que fueron denunciados e investigados por la Justicia.  

 

 

 

   

    

 

 

 

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