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SUSCRIBITE "La defensa pública en Flagrancia es deficiente". Así de tajante fue la definición del abogado penalista Leonardo Villalba. Fue al contar qué motivos tuvo para ir ante la Corte de Justicia, en donde se emitirá un fallo que puede tirar abajo al nuevo sistema penal al mes de funcionamiento.
Villalba es abogado de Ezequiel Liquitay (antecedentes: violación de domicilio y robo agravado) y Débora Piersantini (sin antecedentes), dos de los integrantes de una banda de seis dlincuentes que asaltaron un pequeño negocio en Chimbas y se llevaron todo.
El delito por el que fueron condenados en Flagrancia es Robo agravado, por ser en poblado y en banda. Los condenaron a 3 años y 2 meses de prisión efectiva.
"Es inconstitucional que en Flagrancia el fiscal, que es quien acusa, y el defensor oficial dependan de una misma cabeza, que es el Fiscal General de la Corte. Por otro lado, hubo un rechazo in límine de aplicar la suspensión de juicio a prueba, que era lo que correspondía para mis clientes. Directamente la defensa oficial y el fiscal acordaron una pena y el juez Grossi aplicó la condena", dijo el abogado Villalba.
En un principio el caso estuvo en manos del defensor oficial Lisandro Zapata. Luego dos de los condenados cambiaron por el abogado particular Leonardo Villalba.
Ése abogado es el que le pidió al juez Grossi "la extinsión de la acción penal y en subisdio ir en casación porque la defensa pública no pidió la suspensión de juicio a prueba, que corresponde para los delincuentes que caen por primera vez, ni el índice de mensuración de la prueba".
El juez Grossi denegó la casación. Entonces el abogado Villalba fue a la Corte en queja. Ahora la Corte debe resolver.
Todo ese planteo se hizo a los pocos días de arrancar Flagrancia. En ese momento no estaba claro la doble revisión de los fallos. Luego se modificó la ley.