El drama de los abuelos que nadie busca de los geriátricos clandestinos

Es una situación complicada para los jueces de Faltas porque deben evaluar qué hacer ante el funcionamiento de geriátricos sin habilitación pero que no pueden cerrar porque los familiares de los ancianos no los retiran a pesar de recibir intimaciones judiciales. Esta situación no responde a un episodio aislado para los magistrados, sino que es una realidad cotidiana.

El último caso que tomó estado público y que se viralizó a través de las redes sociales sucedió el 11 de mayo pasado. La propietaria del geriátrico se llama Roxana Atencio y abrió cuatro hogares de ancianos sin contar con habilitación del Ministerio de Salud Pública. El juez Enrique Mattar fue sobre quien recayó el dictado de la sentencia. Mattar aplicó una sanción muy dura: $15.000 de multa y arresto por 15 días.

La sentencia se dio a conocer desde el Juzgado. Detrás de la decisión de Mattar hubo un episodio que demoró la aplicación de una sanción a la propietaria del geriátrico clandestino. "No se pudo sancionar antes a la dueña del geriátrico porque no podíamos cerrarlo. El problema es el de siempre, los abuelos no eran retirados por los familiares del lugar y en el Hogar de Ancianos de la Provincia no había espacio para ubicarlos. Es lo de siempre”, contó el Juez.

Mattar fue más allá y explicó una situación complicada que actualmente está atravesando en el Juzgado. "Hay dos geriátricos sin habilitación que tenemos en la mira pero no los podemos clausurar porque hemos intimado a los familiares de los abuelos que están alojados allí y no hemos tenido respuestas. No podemos cerrar un geriátrico si no hay lugar donde resguardar a los ancianos”, informó el magistrado.

Cuando llega un familiar de los intimados a los Juzgados de Faltas del Centro Cívico les plantean a los jueces todo tipo de situaciones por las que no pueden hacerse cargo de los ancianos. Desde que los abuelos les arruinan las relaciones de pareja hasta que no tienen tiempo porque trabajan todo el día, estas son algunas de las excusas que reciben cotidianamente los jueces. A veces no se pueden poner de acuerdo los hijos de los ancianos por más que sean muchos.

"Es muy difícil tomar decisiones ante este tipo de casos. Es una delgada línea. No podemos clausurar un hogar clandestino si no sabemos dónde van a ir a parar los abuelos. A nosotros se nos complica mucho porque no se los pueden o no los quieren llevar a la casa”, dijo Mattar.

Ante la consulta si se puede derivar a los ancianos que se encuentran alojados en geriátricos truchos a otra institución que funcione bajo los parámetros de la legislación vigente, el Juez informó que no se puede porque los magistrados no tienen la potestad de decidir ese tipo de cuestiones. Para colmo, se encuentran ante la imposibilidad de derivarlos al Hogar de Ancianos del Estado porque está con su capacidad operativa al límite.

Cuando se localiza un lugar ilegal cae un operativo integrado por personal de Salud Pública, del Juzgado de Faltas y uniformados. Los hogares para ancianos no habilitados carecen de médicos especializados en gerontología, de enfermeros, de nutricionistas y hasta de un edificio adaptado para satisfacer las demandas de una población que tiene dificultades motoras.

En San Juan hay 14 geriátricos habilitados, los cuales tienen que renovar los permisos para funcionar cada 5 años. Entre el papeleo a presentar se encuentra la aprobación de Planeamiento, la lista del personal que se desempeña en la institución y la aprobación también de Bomberos. La regulación de los hogares de ancianos está enmarcada en la ley 6.822.

Los precios de la internación suelen ser superiores a los $12.000 mensuales cuando los hogares están en regla. Y cuando están al margen de la legislación entre $6.500 y $8.000. Este es el gancho que generalmente seduce a los hijos de los abuelos a internar a la hora de tomar una decisión.

Una alerta que permite levantar la sospecha es que los hogares no habilitados obviamente no reciben ninguna obra social, sólo se manejan con efectivo.

Los operativos realizados lanzan datos que permiten realizar un identikit de los geriátricos no habilitados. Generalmente funcionan en una casa particular, no tienen ninguna clase de cartel identificatorio, suelen tener apenas dos baños de dimensiones estándar, no cuentan con la señaléctica necesaria ante emergencias ni con matafuegos. Pero lo peor de todo, es que carecen de personal médico especializado. Suelen ser manejados por personas carentes de formación profesional.

Desde Salud Pública insisten en que los hijos antes de internar a sus padres en un geriátrico les pidan los papeles de habilitación a quienes los atienden porque si no, los abuelos están a merced de que les pase cualquier cosa. En casos extremos, se han encontrado ancianos maltratados física y psicológicamente lo que genera un daño irreparable en la psiquis de la persona.

Para denunciar un geriátrico clandestino hay que comunicarse con el 4305550 o al 4305819. Es anónimo. Se puede consultar en la dirección de Saneamiento, ubicada en el Centro Cívico, cuales son los geriátricos habilitados para tomar una decisión a la hora de internar a un ser querido.

El emblemático caso viralizado en las redes

El caso que sorprendió a todo un Ministerio comenzó en el 2012 cuando un grupo de inspectores llegó a la calle Salta pasando Benavidez, Chimbas. Siete viejitos fueron encontrados en una casa de barrio, dormían en dos habitaciones y no contaban con asistencia médica. Los abuelos no lucían descuidados pero el geriátrico no tenía la habilitación exigida por la Ley 6.822, que regula este tipo de dependencias. En aquella oportunidad, el caso recayó en el 1º Juzgado de Faltas, que la sancionó con una multa de $6.000.

El segundo geriátrico que abrió Roxana Atencio fue descubierto en noviembre 2013. Una casa del barrio ATSA, Rivadavia, era el lugar en donde funcionaba el asilo de ancianos trucho. Según establecieron los inspectores, había dentro seis abuelos. La vivienda no era segura para ancianos, los baños no estaban adaptados, no había enfermeras ni personal especializado contratado. Nuevamente recayó sobre la mujer la Justicia de Faltas por tantos incumplimientos. Una multa más abultada, de $2.000 por abuelo, fue la sanción aplicada a la que se le adicionó una fuerte advertencia para que parara con la apertura de geriátricos sin habilitación.

El tercer geriátrico trucho fue descubierto en agosto del 2014 cuando a través de una denuncia anónima los inspectores de Saneamiento llegaron a una casa ubicada sobre calle Rivadavia y Salta. Allí funcionaba el geriátrico en el que había alojados ocho ancianos en buen estado de salud pero sin atención médica permanente. Los otros incumplimientos se relacionaban con la infraestructura de la vivienda y obviamente con no contar con habilitación para funcionar. El castigo aplicado por el 2º Juzgado de Faltas fue ejemplar: una multa de $3.000 por abuelo, más dos días de arresto, más la prohibición de abrir otro geriátrico.

Finalmente, la gota que rebalsó el vaso trascendió el 11 de mayo pasado cuando se viralizó a través de las redes sociales una serie de imágenes que mostraban a abuelos en estado de abandono. En esta oportunidad cayó un operativo a una vivienda ubicada en Rivadavia casi Juez Ramón Díaz, Capital, donde funcionaba el geriátrico trucho. EL juez Mattar fue quien sancionó a Atencio con un castigo ejemplificador: le aplicaron una multa de $15.000 y ordenaron arresto por 15 días.

Donde denunciar y averiguar

Para denunciar un geriátrico clandestino hay que comunicarse con el 4305550 o al 4305819. Es anónimo. Se puede consultar en la dirección de Saneamiento, ubicada en el Centro Cívico, cuales son los geriátricos habilitados para tomar una decisión a la hora de internar a un ser querido.