En un prolijo y contundente auto de
procesamiento, el juez Benedicto Correa dejó plasmado por qué entendió que el
contador Juan Francisco Brozina (37) y el extesorero Néstor Darío Tapia (59)
son los autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del
Arzobispado de San Juan, a quien habrían estafado en unos 700.00 pesos.
Uno de los datos que más impacta del
documento judicial son las transferencias bancarias. Entre el 2 de enero de
2015 y el 2 de noviembre de 2015, Brozina se transfirió desde la cuenta
corriente bancaria del Arzobispado a su cuenta a sueldo los siguientes montos
de dinero:
Enero de 2015: efectuó doce operaciones por
un monto de 96.858 pesos. Febrero 2015: siete operaciones por un monto de
97.501 pesos. Marzo 2015: 10 transferencias a su cuenta por un total de 89.075
pesos. Abril: cuatro transferencias por 56.000 pesos. Mayo: cuatro
transferencias por 39.000 pesos. En junio: trece operaciones por 60.115 pesos.
En julio: nueve transferencias por 111.000 pesos. Agosto: nueve operaciones por
78.006 pesos. Septiembre: Brozina realizó once operaciones por 75.214 pesos. En
octubre: transfirió a su favor diez operaciones por 87.151 pesos. En noviembre:
hizo una sola operación por 21.080 pesos.
En ese punto el juez Correa echó luz sobre
uno de los hechos que más polvareda levantó: el uso de las dos claves
bancarias. Brozina dijo públicamente que él tenía una y que la segunda máxima
autoridad de la Iglesia Católica, Román Becerra, tenía la otra. Al juez le dijo
lo mismo. Pero la Justicia probó que eso no es cierto.
"Se ha acreditado que en la totalidad de
las transferencias el tiempo transcurrido para la aprobación del Usuario de
Office Banking, cuyas claves de usuario manejaba en forma conjunta Brozina, no
superaba los 40 segundos. Las operaciones se realizaban desde una sola PC,
ubicada en la oficina de Brozina en el Arzobispado y que el padre Becerra desde
el año 2010 ya no tenía residencia ni oficina en dicho lugar”, dice el juez
Correa en su resolución judicial.
Para no dejar lugar a dudas, el juez plasmó
en el escrito que "me lleva a la conclusión de que Brozina era quien operaba
ambas claves, descartando de esta forma cualquier intervención de terceros en
la administración”.
El juez cita como pruebas el IP de la
computadora marca Dell que Brozina tenía en el Arzobispado, el cual estaba
identificado por el Banco Galicia. También citó a personal del Arzobispado que
atestiguaron sobre el trabajo interno en la administración.
En
su declaración ante el juez, el padre Becerra dijo que nunca supo que le habían
dado esa clave bancaria. Se enteró cuando otro cura, el padre Gómez, le llamó
para pedirle esa clave para pasarla a los auditores que investigaban a Brozina.
Becerra agregó que, tras recibir ese
pedido, le mandó un mensaje de WhatsApp a Brozina: "Me piden una clave que vos
tenés, ¿me la podés mandar?”. Y dijo que le apareció la tilde azul de la red
social, la que confirmaba que le llegó el mensaje, y que Brozina le respondió
con un emoticón de un pulgar hacia arriba. Igual, nunca aportó esa segunda
clave y los auditores tuvieron que recurrir al banco a través de monseñor
Delgado.
La falta de colaboración fue otro dato que
el juez Correa tuvo en cuenta. Cuando llegaron los auditores, Brozina se puso
muy nervioso, sólo dijo que su padre había prestado dinero al Arzobispado y se
marchó para siempre. Por eso lo echaron con justificación por "abandono”.
Sobre por qué Brozina haría algo tan burdo
como transferirse fondos de la cuenta corriente del Arzobispado a su cuenta a
sueldo, en el juzgado creen que justamente esa era su estrategia: hacerlo de
manera tan simple nunca despertaría sospechas en su contra.
Sobre el ingreso de divisas en negro desde
el exterior, uno de los contadores citados por el juez Correa explicó que no
había ninguna ilegalidad en el manejo de esa cuenta, la cual se había creado
como una inversión para que el dinero no perdiera su valor en nuestro país.
El juez Correa concluye que Brozina, quien
desde el 2006 era "Jefe Ecónomo” del Arzobispado, "defraudó a su empleador”.
Respecto de Néstor Darío Tapia, quien
trabajó como tesorero desde el 2002, su defraudación fue también burda.
"No
desempeñó en forma fiel su tarea administrativa, cometiendo una sucesión de
hechos ilícitos defraudatorios”, dice el juez.
Básicamente, cuando le traían dinero de las
colectas, entregaba un recibo original por el monto que le traían. Cuando la
persona se iba, hacía el duplicado por un monto menor. Y ése último es el que
ingresaba al sistema contable del Arzobispado.
Por ejemplo, cuando le pidieron recibos
originales a la parroquia de Luján, el monto original era de 4.500 pesos y el
duplicado era de 2.500 pesos. En ese caso puntual, Tapia se habría quedado con
los 2.000 pesos de diferencia.
Otra maniobra calificada de "hábil y
ladina” por el juez, dice que Tapia "registraba una numeración diferente y así
evitaba un control futuro de correlatividades. También, con diferencia de
minutos o a veces de días, alteraba la fecha original, modificando generalmente
el año de emisión, colocando fecha futura para luego poder anular el comprobante
y evitar el rastreo o detección. Llegó a confeccionar recibos con fecha del año
2124, 2051 y 3014”.
Estas son algunas de las pruebas que tuvo
el juez Correa para procesar por el delito de defraudación por administración
fraudulenta. Si Brozina y Tapia son encontrados culpables en el juicio, pueden
sufrir una condena que va de 1 mes a 6 años de prisión.
En cifras
63
Son las carillas que tiene el auto de
procesamiento que dictó el juez Benedicto Correa.
7
Son los testimonios que el juez Correa tomó
para llegar a una conclusión.
23
Son las pruebas documentales que el juez
Correa necesitó para el procesamiento