Por Gustavo Martínez Puga
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La medida despertó polémica por los privilegios y la arbitrariedad que encierra esa decisión.
Por un lado, la decisión dejó en evidencia uno de los privilegios que tienen los magistrados (jueces, fiscales y defensores oficiales): son los únicos empleados de toda la administración pública, incluyendo al cargo de Gobernador, que tienen el privilegio de renunciar a la Obra Social Provincia y elegir cualquier otra.
Por otro lado, la medida fue calificada de arbitraria en Tribunales. Es que entre los 150 funcionarios judiciales de alto rango que tiene el Poder Judicial, únicamente a seis de ellos –de la última tanda de designados- la Obra Social Provincia les negó la renuncia.
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Así, por un lado la Obra Social Provincia no quiere perder a uno de sus grupos de afiliados más VIP en cuanto a aportes, mientras que los magistrados quieren tener una cobertura médica de mejor nivel, basados en el principio constitucional de que nada les puede afectar la intangibilidad de sus salarios.
La desigualdad en el trato entre unos y otros magistrados por parte de las autoridades de la obra social es lo más cuestionado entre los damnificados, quienes ya usaron la vía administrativa para destrabar la situación.
QUEJA
Esa medida consistió en la presentación en un Recurso Jerárquico ante la Obra Social Provincia elevado al Ministerio de Salud Pública y, en alguno de los casos, ese reclamo ya habría llegado a la Asesoría Letrada del gobierno, donde estaría por resolverse.
Los seis casos de nuevos magistrados que fueron afectados por la Obra Social Provincia son: Silvina Rosso de Balanza (Jueza del Cuarto Correccional), Matías Parrón (Juez del Quinto Correccional), Betina Gil (fiscal civil laboral), Mónica Sefair (defensora oficial), Mariela López (defensora civil) y Soledad Medina (Asesora de Menores).
Para demostrar la arbitrariedad de la medida de la Obra Social Provincia, fuentes judiciales dieron como ejemplo una situación: a Mariela López (defensora civil) le negaron la renuncia y a Mariano Ibáñez (juez laboral) se la aceptaron, siendo que éste último fue designado con posterioridad.
Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el interventor de la Obra Social Provincia, Marcelo Delgado, y no fue posible contactarlo. Fuentes judiciales precisaron que Maximiliano Sansó, el Asesor Letrado de la obra social, les explicó a los magistrados damnificados que “la decisión la tomó Delgado”. Y dicen que nadie explicó oficialmente por qué no se respetó el decreto de los ´90 que legalmente le da a los jueces la posibilidad de elegir no pagar la Obra Social Provincia.
SOLIDARIDAD
Otro de los motivos que habrían dado a los magistrados es que el principio de funcionamiento de la Obra Social Provincia se basa en la solidaridad, es decir, que el que más tiene aporte más al sistema que el que tiene menos recursos.
Por ley, todos los empleados de la administración pública deben aportar a la Obra Social Provincia. En el caso de los magistrados, los aportes serían del 8 por ciento del sueldo del juez para el grupo familiar y del 3 por ciento del sueldo en el caso de no tener a cargo otras personas. A esto se agrega un coseguro que tienen para acceder a más beneficios.
Como los salarios de los magistrados son altos, la mayoría opta por renunciar a la Obra Social Provincia y destinar el aporte legal a una prepaga. Dicen que por la misma cantidad de dinero y sin pagar sumas extras, porque con el descuento legal les alcanza –en algunos casos, hasta les sobra-, tienen una prepaga con niveles superiores de servicios a los de la Obra Social Provincia.
Fuentes judiciales citaron como ejemplo el caso de un juez que pagaba un coseguro para poder acceder a la atención médica que requería uno de sus hijos y debía aportar a la Obra Social Provincia 4.000 pesos mensuales por su grupo familiar.
La mayoría elige OSDE o Swiss Medical. Algunos casos, sobre todo los que son docentes universitarios –la única función extrajudicial que puede tener un magistrado-, optan por el DAMSU, la obra social de la Universidad Nacional de San Juan.
CRÍTICAS
La principal queja de los magistrados sobre la Obra Social Provincia está en los problemas burocráticos que tienen para recibir atención fuera de la provincia. Dicen que, o no la reciben, o deben hacer una habilitación especial que lleva tiempo de gestión cada vez que deben viajar.
Uno de los magistrados consultados resaltó que “otro inconveniente que hay con la Obra Social Provincia es que se debe pagar plus por todo y eso lo sabe todo el mundo”, dijo, dejando en evidencia una irregularidad, ya que el cobro de plus por parte de los médicos está prohibido.
Por ahora, los magistrados no recurrieron a la vía judicial. Están esperando a que el conflicto se solucione en la vía administrativa. Pero tienen absolutamente claro que el camino que sigue es plantear una denuncia ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
DESTACADOS
Un funcionario judicial que no dejan renunciar paga 4.000 pesos a la Obra Social Provincia, entre aporte legal y coseguro, según fuentes judiciales.
Los magistrados plantearon sus quejas vía administrativa. Agotada esa instancia, recurrirán a una denuncia judicial en el juzgado Contencioso Administrativo.
