Investigan una estafa de U$S 1millón a la caja de los médicos

La Caja de Previsión para Médicos, Odontólogos y Bioquímicos, conocida como Caja M.O.B., habría sido estafada en 1 millón de dólares mediante la compra de un terreno de 27 hectáreas en Santa Lucía para la construcción de un barrio, según consta en la denuncia que investiga la justicia penal.
El odontólogo Luis Minin fue detenido el jueves al mediodía en su consultorio, ubicado en la calle Hermógenes Ruiz y Franklin Rawson, Capital, por una comisión de la división Seguridad Personal de la policía. El viernes fue llevado ante el juez Maximiliano Blejman y se abstuvo de declarar.
Minin integró la ex comisión directiva de la caja M.O.B. y fue uno de los seis profesionales de la salud que formó parte de la llamada Comisión de Terreno. Minin se encargó de buscar el predio, sugerir la compra y efectivizar el pago personalmente por el segundo boleto de compra-venta, el de menor valor al dueño del terreno, según la investigación.
También está siendo investigada la Notaría Carchano, en la que se habrían hecho dos boletos distintos de compra-venta del inmueble. Uno habría sido realizado en la misma escribanía por 1,3 millones de dólares, entre la caja M.O.B. y el sujeto que tenía un poder de los dueños del terreno. Y el otro sería por 260.000 dólares entre el propietario del terreno y el odontólogo Minin, con un nombre falso y ante una escribana, según las pruebas.
La policía allanó la notaría el jueves último y habría secuestrado pruebas que involucrarían a la escribana María Isabel Carchano en la doble operación financiera.
La Caja M.O.B. pagó 1,3 millones de dólares a un supuesto intermediario llamado Walter Omar Orellano, quien tenía un poder de los dueños del terreno. Dicen que lo habría obtenido con la excusa de poder hacer los trámites legales más rápido.
Sin embargo, las autoridades de la caja previsional no se habrían percatado que Orellano ni siquiera estaba registrado como un contribuyente activo en la AFIP. Incluso, desde febrero a noviembre de 2012 estuvo cobrando una prestación por desempleo, según consta en la web de la ANSES.
Dicen las pruebas de la investigación que Orellano y Minin fueron quienes contactaron a los dueños del terreno, los hermanos Raúl Osvaldo y Juan Carlos Consentino. Con quien más se manejaron fueron con Raúl Consentino. Ambos habían heredado de la familia la propiedad. La habían puesto en venta porque el terreno sufría de revenición y no era bueno para el cultivo.
Orellano fue quien acercó la propuesta mediante dos notas a la anterior comisión directiva de la Caja M.O.B.
Las pruebas muestran que una está fechada el 20 de noviembre de 2011 y es en la que ofrece una finca de 27 hectáreas ubicada en Santa Lucía. Allí fija como precio de venta 1.300.000 dólares. También describe que la propiedad está dividida en el Lote 1, ubicado en calle Buenos Aires y Río Negro, de 11 hectáreas. Y el Lote 2, ubicado en Buenos Aires esquina Juan Díaz de Solís, de 16 hectáreas.
La segunda nota de Orellano ingresó a la Caja M.O.B. el 10 de octubre de 2011 y allí expone la modalidad de pago de la compra-venta: dos pagos de 650.000 dólares cada uno. Uno cuando se realizara el boleto de compra-venta, en octubre de 2011, y el otro al momento de escriturar.
Y así fue. El primer pago de 650.000 dólares se habría hecho el 27 de octubre de 2011 en la escribanía Carchano. Orellano suscribió el boleto de compra-venta en carácter de apoderado de los hermanos Consentino, según la denuncia.
Secuencia de pagos
Durante esa misma mañana del 27 de octubre de 2011, se habría hecho la operación paralela con el dueño del inmueble y por un valor muy inferior al cobrado a la Caja M.O.B. En la investigación consta que el odontólogo Minin llevó en una mochila los 260.000 dólares que habían acordado pagarle a Raúl Consentino.
Eso fue en el banco HSBC, donde Consentino tiene su cuenta. Incluso allí se habría producido un inconveniente a la hora de depositar los 260.000 dólares: el banco le dijo al productor agropecuario que tenía que tener una justificación del origen de esa suma de dinero para aceptarle el depósito.
Entonces es cuando habrían hecho un segundo boleto de compra-venta. Para ello es que habrían llamado personalmente a la escribana Carchano. Allí se habría cometido otra presunta irregularidad: en el boleto pusieron un nombre falso, que no era el de Minin, quien siempre fue el que representó a la Caja M.O.B. ante el dueño del terreno. Consentino advirtió esa irregularidad, pero la escribana le habría asegurado que no iba a tener problemas legales, por lo que aceptó hacerlo de esa forma, según la investigación.
Lo que ahora se supone que ocurrió es que de los 650.000 dólares que Orellano recibió en la escribanía por parte de las autoridades de la Caja M.O.B., sacaron los 260.000 dólares para pagarle a Consentino, dueño del terreno.
Más tarde, el 8 de noviembre de 2011, la Caja M.O.B. hizo el segundo pago de los 650.000 dólares, también en la escribanía, según la documentación. Fue cuando se suscribió la escritura en la que se traspasó el dominio de la propiedad y se hizo la entrega del terreno. El 10 de noviembre de 2011, después de realizada la escrituración, la Caja M.O.B. le hizo a Orellano el segundo pago de 650.000 dólares, consta entre las pruebas aportadas.
De la investigación surge que Pedro José Terenti, el presidente de la anterior comisión directiva, estaba de viaje cuado se hizo la extracción del 1,3 millones de dólares de la cuenta de la Caja M.O.B. Esa operación habría sido realizada por la ex vicepresidenta, Marta Teresa Casavega de Merlo y el tesorero, Víctor Oberdank Fernández.
Se cree que la compra de los dólares para hacer cada uno de los dos pagos de 650.000 dólares se hizo en los bancos Hipotecario y San Juan.
Cómo se descubrió
El 29 de noviembre de 2011, cuando asumió la comisión directiva de la lista “Previsión y Solidaridad” que había ganado las elecciones del 19 de noviembre de 2011, los asociados comenzaron a preguntar sobre la compra del terreno en Santa Lucía realizada por la comisión saliente. Les llamaba la atención que luego no iban a poder recuperar la gran suma de dinero gastado y, además, que era un lugar desagradable para la realización de un barrio.
También les llamó la atención que la compra se había hecho en forma apresurada, si se tiene en cuenta que pasaron sólo 34 días hábiles entre que se hizo la oferta y hasta que se escrituró. Y en esos días el mercado inmobiliario estaba deprimido, por lo que no había motivo para gastar 1,3 millones de dólares rápidamente.
La nueva comisión directiva también advirtió que la compra se hizo sin cotejar el precio, sin que mediara ningún estudio técnico y sin un informe legal o del auditor de la Caja M.O.B.
La primera medida de la nueva comisión directiva fue hacer una tasación del inmueble adquirido. Consultaron a las inmobiliarias Olguín, Pérez Olivera y al ingeniero agrimensor Ricardo Martínez. Allí descubrieron que el precio pagado duplicaba el valor de mercado que tenía el terreno: al cambio del dólar en octubre de 2011, se pagó 5,46 millones de dólares y las tasaciones fueron de entre 2,76 hasta 3,28 millones de dólares.
Además, el ingeniero Martínez les advirtió que debía hacerse una gran inversión para poder construir un barrio en ese terreno, debido a las dificultades que presenta con la napas de agua.
El dato, fortuito
Ante el pleno convencimiento de que estaban en presencia de una irregularidad, se le agregó en forma fortuita un dato por demás relevante. Según la investigación, ya en el 2012, el médico Carlos Domínguez atendió en su consultorio a Raúl Consentino, quien había vendido el terreno a la caja. En ese momento, Domínguez era el flamante presidente de la Caja M.O.B.
Tras realizarle una ecografía, el médico le hizo un comentario a Consentino, preguntándole si era el mismo que había vendido una finca en Santa Lucía para un barrio; y le hizo una broma respecto de la buena diferencia económica que le había podido hacer al terreno.
Consentino le respondió que sí estaba contento porque lo había podido vender en 260.000 dólares, lo que consideraba bien vendido para el tipo de tierra que era, pero le remarcó que esa suma no era tan grande si tenía en cuenta que –al cambio de ese momento- era 1,2 millones de pesos y lo tenía que repartir con su hermano y otros familiares.
Además de explicarle detalladamente cómo fue la negociación que mantuvo con el odontólogo Minin y con Orellano, Consentino le acercó al doctor Domínguez una fotocopia del boleto de compra-venta por 260.000 dólares que había hecho con Minin y Orellano. Él se había quedado con un original y el banco HSBC con otro, dicen las pruebas.
Allí al médico Domínguez le cayó la ficha de lo que sospechan que ocurrió: al dueño del terreno le habían pagado muchísimo menos dinero del que le habían sacado a la caja. Y alguien se habría quedado con un millón de dólares en el camino.
Ante la posibilidad de tamaña irregularidad, la nueva comisión directiva de la Caja M.O.B. hizo la denuncia penal en el Cuarto Juzgado de Instrucción a principios de marzo de 2013. En esta semana, las dos abogadas que contrataron, María Victoria Cabral y Violeta Correa de Scherbosky, se constituyeron como parte querellante. Fue con la intención de poder ser partes en la investigación y poder aportar pruebas.
Desde marzo y hasta ahora, el juez Maximiliano Blejman habría avanzado en la causa tomando declaraciones y ordenando pericias. En el Cuarto de Instrucción hay un hermetismo total sobre esa causa.
Ahora, cada uno de los siete integrantes de la anterior comisión directiva de la Caja M.O.B. están bajo sospecha penal. También lo están cada uno de los seis integrantes de la Comisión de Terreno, entre los que estaba Luis Mario Minin, el único detenido hasta ahora.

¿Una caja de $100 millones?
Las autoridades de la Caja M.O.B. no quisieron hablar con Tiempo de San Juan de la estafa que investiga la justicia penal. Según fuentes oficiales, esa caja previsional manejaría una cuenta de 100 millones de pesos.
Se estima que tiene unos 5.000 afiliados, en donde los médicos son la gran mayoría de aportantes. Le siguen los odontólogos, cuya matrícula actual está en el número 900. Y luego los bioquímicos, con unos 500 matriculados.
Según los profesionales consultados, los aportes van desde los 200 pesos mensuales –para los que tienen menos de cinco años de antigüedad- y 500 pesos mensuales a los que superan esa antigüedad.
Últimamente empezaron a integrarse a la Caja M.O.B. los médicos veterinarios.
La Caja M.O.B. fue creada el 26 de agosto de 1993 mediante la ley provincial 6353. El objetivo fue la creación de fondos para jubilación, becas y préstamos reintegrables.
Esta caja se alimenta de la cuota obligatoria que deben aportar todos los médicos, odontólogos y bioquímicos que están matriculados en Salud Pública de la provincia y que ejerzan la actividad en forma privada. Los únicos que no hacen aportes son los profesionales que trabajan únicamente para el Estado provincial.

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