Las damas de caridad van contra su abogado Graffigna: las pasaron como poste

Por Sebastián Saharrea

“Como poste caído las pasaron”. Eso dijo desde Buenos Aires una alta fuente de la Sociedad San Vicente de Paul para simbolizar lo que les ocurrió con su asesor durante 15 años, el abogado Santiago Graffigna, en el medio del escándalo de las expropiaciones en el que quedó envuelto la entidad mundial de caridad con asiento en San Juan.
La Conferencia local de la Sociedad San Vicente de Paul –que reúne a damas sanjuaninas de una entidad reconocida mundialmente- quedó en el ojo de la tormenta porque fue la dueña de dos terrenos expropiados por los que se pagaron sumas asombrosas. Pero no las cobró la sociedad sino el abogado Graffigna o sus clientes.
Uno de esos terrenos es la propia sede de la Sociedad, donde aún no terminan de construir un hogar para carenciados: Matías Zaballa y San José, donde una veredera de 1.400 m2 terminó costando al Estado $25 millones. Pero la Sociedad había cedido los derechos expropiatorios en $2.000 a Guillermo Ruiz y éste los transfirió luego a Graffigna, que cobró el dinero. El otro es un terreno en Rawson, expropiado para el barrio Orzali. Allí, las mujeres cedieron a Suraty –patrocinado por Graffigna- por $10.000, en un momento en que el juicio ya tenía sentencia firme de pago por $ 2,2 millón.
Quien firmó esas cesiones fue la titular de la Sociedad en San Juan, Carmen Arévalo de Del Bono. Y eso dejó en una situación incómoda no sólo a la presidenta sino a la entidad, un grupo mundial de beneficencia nacido en Francia en el siglo XIX inspirado en un santo benéfico como San Vicente de Paul. O fueron demasiado inocentes para ser engañados por Graffigna, o fueron cómplices.
La posición de la entidad se comenzó a conocer el 18 de junio. Ese día fue citada a declarar la señora Arévalo de Del Bono. ¿Y qué dijo? Que había sido engañada por su abogado, porque no le dijo que en el caso Ruiz podía hacer ella el reclamo por la expropiación en lugar de ceder la acción, mientras en Suraty no le dijo que ya existía un fallo en firme para cobrar.
Igual, la reacción de la Sociedad y de su presidenta no había sido hasta ahora lo enérgica que supone una hipotética estafa, y menos por tanto dinero. Desde aquel 18 de junio, la señora se negó a hablar ante los medios y aclarar si accionará o no contra su ex abogado, si se considera perjudicada.
Hasta ahora. La situación legal de la Sociedad San Vicente de Paul en este escándalo está siendo manejada por los abogados del Consejo a nivel nacional, y desde allí esta semana anunciaron que llegarán a San Juan cuando termine la feria para presentar un pedido de nulidad de las cesiones, y que si no se habían pronunciado antes era porque estaban –y aún están- juntando elementos para defender el patrimonio de la Sociedad y también para sacarla de un escándalo lleno de sospechas.
El abogado encargado de la defensa es Agustín Obligado, de la sede central de la Sociedad. Y ya contactaron a un abogado mendocino, Ulises Morales, para que haga las presentaciones en San Juan junto al abogado local Gómez Bravo. Ellos harán las presentaciones en Tribunales para intentar revertir el caso, un trabajo que a priori parece complicado. Pedirán declarar nulas las cesiones a Ruiz y a Suraty, y por lo tanto reclamarán el dinero, que sumados por los pagos de ambos expedientes alcanzan casi los $27 millones pagados por la provincia.
Desde la casa matriz de la Sociedad San Vicente de Paul dijeron a Tiempo de San Juan que la entidad y su presidenta en San Juan se consideran agredidas porque según ellos Graffigna abusó de la confianza de Arévalo de Del Bono, en una relación que atravesó varios años. “Graffigna era el primero que estaba en los eventos, era el que compraba la mayor cantidad de números para las rifas. Y mire lo que pasó”, se lamentan.
Respecto de las dudas por las diferencias en las cifras entre lo que figura en las cesiones y lo que pagaron los compradores de esas cesiones, dijeron que no saben lo que pasó. Figura que Ruiz pagó $2.000 y Suraty $10.000, pero Del Bono dijo en su declaración que habían sido $36.000 y $65.000 respectivamente, y que no se consignó de esa forma para pagar menos impuestos.
En suma, las fuentes dijeron que Arévalo de Del Bono se sintió manipulada por Graffigna, pero ella no quiere hablar para no afectar la defensa legal que será montada desde Buenos Aires. Y dijeron más: “Fue un engaño alevoso”, que buscarán respaldar con testimonios no sólo de la presidenta sino de otras damas que formaban parte de la comisión de la entidad.
En consecuencia se abrirá otra ventana judicial: se trata de un escándalo que seguirá haciendo ruido, ahora con los reproches de la entidad a quien era su abogado de confianza, con los testimonios de más gente en Tribunales. Empezará la semana próxima, cuando los abogados lleguen a la provincia. Aunque dicen que irán con cuidado: “se trata de gente muy importante e influyente”.

Los dos casos del escándalo
-Ruiz, Guillermo
- Es una vereda en Matías Zaballa y San José expropiada en 1951, con la reconstrucción del terremoto, para ampliar las calles y abrir otra.
-Cincuenta años más tarde, dijeron que no se pagó y pidieron que se lo haga. Pero antes, la dueña –Sociedad San Vicente de Paul- cedió los derechos a Guillermo Ruiz Alvelda en $2.000.
-Se terminó pagando la asombrosa suma de $25 millones aproximadamente, con sospechas sobre muchos funcionarios que intervinieron en el trámite.
-Graffigna admitió que el juicio era suyo y no de Ruiz.

-Suraty
-Es el terreno Las Vicentinas, en Rawson, que pertenecía a la Conferencia La Merced de San Vicente de Paul, presidida por Nélida Balaguer de Echegaray. Esa Conferencia se disuelve y los bienes quedaron a cargo de Del Bono.
-Se expropió para el barrio Orzali. Del Bono firmó la cesión a Suraty –el 65%, el otro 35% a Infante, relacionaa con el anterior abogado- por los derechos en $10.000 cuando el juicio tenía sentencia firme por $ 1,2 millón.
-Cuando cambia de titular el juicio, el abogado de Suraty –Graffigna, también asesor de la Sociedad- recusó con causa a la jueza Bettio.
-Cayó en el juzgado de Rosalba Marún, quien el pocos meses ordenó el pago.