A 10 años de la creación del plan

Un cuarto de los jefes de hogar que quedan están en San Juan

El emblemático programa salió en plena crisis del 2002. La provincia llegó a acaparar 36.258 de ellos y ahora hay 90 vigentes. Aseguran oficialmente que la mayoría consiguió insertarse en el trabajo formal. Muchos se reconvirtieron en otros planes sociales. Por Miriam Walter.
lunes, 09 de abril de 2012 · 08:34

Por Miriam Walter
mwalter@tiempodesanjuan.com

"Son los que más necesitan, son los hogares donde muchas veces no están garantizados los derechos humanos básicos a la vida, salud, alimentación, vestido, educación, vivienda; son los humillados, son los que claman por dignidad y por trabajo, son los hambrientos de pan y de justicia. A ellos, a los más pobres, en nombre de todos los argentinos comenzamos a tenderles una mano solidaria". Corría el 3 de abril de 2002, hace exactamente 10 años, y el entonces presidente Eduardo Duhalde anunciaba así la aparición del Plan Jefes y Jefas de Hogar, el más emblemático de la crisis que castigaba al país por esa época.

En Argentina, llegaron a ser 2.500.000 de beneficiarios y ahora sólo quedan 370 de esa masa de desocupados subsidiados con 150 pesos al mes, sin ninguna contraprestación a cambio. En San Juan, llegaron a ser 36.258 y quedan en pie 90, que representan casi el 25% de los que quedan en el país.

Gustavo Rodríguez, el dirigente de la Cámpora que hoy está al frente de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, es quien da las estadísticas y no se asombra de que un cuarto de estos planes que quedan estén en San Juan. “Claro, porque cuando salió el programa, Caucete era el municipio del país con más planes jefes, Emilio Mendoza se llevó muchos para allá”, lanza su hipótesis.

Ni Rodríguez ni el ministro de Desarrollo Humano local, Daniel Molina, precisan con exactitud dónde trabajan esos 90 beneficiarios, pero dicen que están dispersos en toda la provincia. Sí aseguran, cada uno por su lado, que la coyuntura económica del país, de la mano de los Kirchner, les fue dando oportunidades a los 36.168 sanjuaninos restantes que alguna vez tuvieron el plan, y que la mayoría ingresó al mercado laboral formal, pero no lo saben con certeza. También afirman que otra parte sigue asistida con planes estatales, reconvertidos.
“Muchos pasaron por la capacitación para el empleo, muchos de ellos se pudieron incorporar en empresas en algún ámbito laboral o en el sector público. Por ejemplo, en enfermería hace poco se capacitaron y se seleccionaron unos 200 perfiles que entraron a trabajar en el Estado. Eso se ha dado durante todo este período año a año. La mayoría de los que eran de planes Jefes quedó incorporado al mercado laboral”, analiza Molina.

Los que siguen bajo el paraguas del Estado son hoy 15.407, la mayoría, 14.273, bajo la figura de beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo, un plan nacional que persigue que el desocupado tenga una asignación mensual de 225 pesos hasta que consiga trabajo o se ponga a estudiar. 

“El Seguro de Capacitación y Empleo es la etapa superadora de los jefes y los PECS. Por ahí se dice que la política de empleo se hace para un universo muy limitado pero tiene una mirada más general, hacia adelante, basada en una industrialización del país”, apunta Rodríguez.

“Cuando dio por terminado el plan Jefes de Hogar, el Estado diseñó el Seguro de Capacitación y Empleo, que pasó de 150 a 225 pesos al mes. Y se pasó también de que el beneficiario no prestara ninguna contraprestación por la asistencia, a ser asistido pero a cambio de estudiar o trabajar. En el último caso, con el Autoempleo, el beneficiario puede financiar su propio emprendimiento”, resume el titular de la Gerencia de Empleo.

¿Fue exitosa esa etapa superadora de los planes Jefes? Más allá de la suerte que hayan corrido esos más de 20.000 sanjuaninos que ya no están asistidos por el Estado, la mayoría de los que sí lo están, encuadrados en otros programas asistenciales, sigue recibiendo la plata sin hacer nada a cambio.

Según los datos de la Gerencia, de los 14.273 asegurados en la provincia, 10.972 son inactivos, es decir, que cobran 225 pesos al mes y no optaron por ninguna de las propuestas que les dio el Estado para que estudien o trabajen. Los que sí lo hicieron se desagregan así: unos 2.671 pasaron por talleres de orientación laboral; 261 entraron en Entrenamiento para el Trabajo por el cual reciben, trabajando en una empresa, en vez de 225 pesos al mes, 750, durante 14 meses; otros adhirieron a emprendimientos productivos individuales o por cooperativas de hasta 5 personas de los cuales hay 241 en la provincia, y les pagan además de los 225, 150 pesos extra por mes más 15.000 pesos por única vez para que armen por ejemplo una panadería; 98 buscaron un oficio a través de la formación profesional, que les paga en lugar de 225, 450 pesos al mes por dos meses hasta que consigan un trabajo; ninguno de los asegurados eligió la terminalidad educativa, este último un dato muy llamativo.

“Los que no han hecho nada cobran 225 pesos pero no pasaron por ninguna de las ofertas y es preocupante. Lo deben hacer porque a los 10 meses se les cae el beneficio si no hacen nada. Primero se les hace una advertencia y luego se les quita a los 10 meses si no hacen nada”, sentencia Rodríguez.

Sin embargo, oficialmente no lo ven como un fracaso: “la asistencia es una forma de invitarlos a que se inserten en el mercado laboral o que estudien. Hay que mirarlo no desde un lado costo-beneficio sino desde una inclusión muy fuerte”, dice el funcionario. Y agrega que “San Juan es la provincia con más inserción laboral, con más de 600 personas. La mitad de la planta de (la fábrica de motos) Maverick entró con nuestro programa”.  

También Rodríguez ensaya una explicación de por qué ninguno de los asegurados optó por terminar la escuela: “prefirieron salir a trabajar que estudiar porque quizá los CENS (donde se estudia) no les quedaron cerca de la casa. El seguro es para personas en situación muy precaria, tuvo que golpear en el supermercado para comer, después le dieron asistencia y luego un programa, no tiene cultura de estudiar, por su cabeza pasa comer ya”.

En el grupo de los inactivos, los asegurados que cobran sin hacer nada, unos 4.000 tienen el secundario completo, otros 2.621 completaron la primaria, pero llama la atención que los que nunca asistieron a la escuela suman 926 y una cifra cercana, 630, tienen el terciario o el universitario completo, es decir, que son profesionales asistidos por el Estado. 

Piqueteros con poder

Muchas veces se dijo que las organizaciones sociales funcionan como ministerios paralelos. En San Juan, muchas siguen controlando cupos de planes que otrora fueron Jefes de Hogar y hoy se reconvirtieron en otros, mayormente en Seguro de Capacitación y Empleo. La mitad de los 14.273 asegurados de la provincia, unos 7420, adquirieron el beneficio sin intermediarios, pero la Agrupación Piquetera Virgen de Fátima (con sede en Chimbas y liderada por Carlos Gómez), con casi 3.000 beneficiarios, lidera el grupo de los que manejan planes, según los datos de la Gerencia de Empleo local. Le siguen la Asociación Civil Mardan con 1.093, Compromiso por la vigencia de los Derechos Humanos y Sociales con 384, Fuerza de los Trabajadores por la Tierra y la Vivienda con 379 y Marcha Grande con 220.

Las organizaciones manejan más asegurados que el Gobierno Provincial, que cuenta con 198 de estos beneficios y cada uno de los 12 municipios que tienen de estos planes, entre otros. También los beneficiarios de Virgen de Fátima y Mardan encabezan la lista de los asegurados inactivos, que cobran sin haber optado por estudiar o trabajar.

El titular de la Gerencia de Empleo local, Gustavo Rodríguez, analiza el manejo de estos planes. “Habría que ver cuál es la población que está cobrando ese plan, con 150 pesos decir que es asistencialismo o que alguien los usa para algo, es algo con poca visión. Si vos creés que se puede dar a cambio de algo, es difícil porque ya nadie vive con 225 pesos. La gente te va a decir "Para mí antes era importante, pero ¿ahora?", dudo que alguien lo use como moneda de cambio”. Y agrega: “Si se prestaba para la manipulación política es porque las organizaciones tenían la facilidad de subir o bajar el beneficio pero ahora no porque el cupo se terminó y ya no pueden porque están asegurados. Puede existir la desnaturaleza del proyecto, que uno con 5 mil pesos del plan se haya ido de vacaciones a Montevideo, pero las distorsiones el humano las hace con o sin el Estado”.

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