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SUSCRIBITE Actualmente en San Juan hay alrededor de 300 personas que se dedican al trabajo sexual, según los datos que manejan desde la Asociación de Mujeres Meretrices (AMMAR). Pese a ese número, hay un ínfimo porcentaje de las trabajadoras que presta sus servicios a personas con algún tipo de discapacidad o con sobrepeso, pese a la demanda que hay.
En el rubro del trabajo sexual, quienes prestan servicios a personas con movilidad reducida, diversidades funcionales tanto físicas como cognitivas, como también a personas con obesidad se las denomina “asistentes sexuales”. Incluso hay países como Bélgica, Dinamarca o Suiza, por citar algunos ejemplos, que tienen una regulación sobre la actividad, entendiendo la sexualidad como una necesidad biológica y hasta se hacen cargo de cubrir económicamente el servicio.
La asistencia sexual consiste en terapias y acompañamientos para personas que sufren de trastornos físicos y/o neurológicos que representan una traba para poder vivir plenamente la sexualidad. Pero si en nuestro país el trabajo sexual no está regulado como tal, mucho más lejos está el debate sobre asistencia sexual.
En la provincia algunas trabajadoras sexuales prestan sus servicios a este grupo de personas. Mónica Lencina, referente de AMMAR señaló a Tiempo de San Juan que son pocas las que se dedican a atender a personas con discapacidad o con sobrepeso. “Son tres o cuatro, muy pocas, y son trabajadoras de 40 años para arriba, las compañeras más jóvenes no quieren saber nada”, dijo Lencina.
Aquellas personas que prestan este servicio se abocan exclusivamente a ello, coordinando con quien solicita la tarifa que será diferencial a la que comúnmente se maneja en el rubro.
A modo anecdótico, Mónica comenta que en más de una oportunidad se han comunicado con ella, como referente del espacio que nuclea a las trabajadoras sexuales en la provincia, para que hiciera de intermediario o facilitara el contacto de alguna de las mujeres que prestan servicios a este grupo de personas. “He tenido llamado de familiares que buscaban el servicio para un hijo o un hermano con discapacidad. Yo solo les paso el contacto de la compañera y es ella quien llega a un arreglo, tanto de tarifa como el tipo de servicio”, contó. Es por este motivo que remarca que quienes necesiten el servicio y no sepan a quien acudir, pueden hacer la consulta a AMMAR.
Por las llamadas que reciben, como también las conversaciones que tienen entre las personas que brindan servicios, Mónica señala que ha aumentado de manera considerable la demanda, sumándose en la última época las solicitudes de personas con sobrepeso y obesidad. Pese a ello, la oferta no se amplía.
En el 2014 ya se estaba hablando sobre el tema a nivel nacional. La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, comentó en el marco de unas jornadas de reflexión sobre la temática en la Legislatura Porteña que en la reglamentación del trabajo sexual se procuraba incorporar la atención a personas con discapacidad. Pero quedó en la nada.
Si bien el propósito de la asistencia sexual es que sea brindada por personas con cierta formación, al no existir una regulación general sobre el trabajo sexual, el servicio a quienes tienen algún tipo de discapacidad u obesidad lo termina siendo brindado por trabajadoras sexuales que, por elección o porque entienden que en la demanda pueden hacer la diferencia, se abocan a ello.
“Es una forma de asegurar el trabajo y entender que una persona por tener una discapacidad tiene necesidades biológicas. Son personas sexualmente activas, desean y necesitan el contacto de otra persona”, finalizó Mónica.
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