La dura carta que se hizo viral en medio del extenso paro docente de profesores de la UNSJ que afecta a los colegios preuniversitarios.
En medio de uno de los conflictos gremiales más prolongados de los últimos años en la Universidad Nacional de San Juan, una carta escrita por el padre de un alumno puso en palabras la preocupación de muchas familias: los reiterados parosdocentes no solo afectan el dictado de clases, sino que amenazan con desarticular el histórico rol igualador de los colegios preuniversitarios, donde durante décadas convivieron estudiantes de distintos sectores sociales bajo una misma oportunidad educativa.
El conflicto docente en la Universidad Nacional de San Juan atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Con un plan de lucha que incluye semanas completas de paro, jornadas de visibilización y nuevas medidas previstas para las próximas semanas, la situación ya impacta de lleno en el inicio del ciclo lectivo 2026 y reaviva el malestar acumulado desde el año pasado.
La medida, impulsada a nivel nacional y replicada localmente por ADICUS, comenzó con un paro total de actividades que coincidió con el arranque de clases en los institutos preuniversitarios. Aunque los alumnos fueron convocados a los actos de inicio, en muchos casos no tuvieron clases efectivas, generando incertidumbre en las familias, que deben informarse día a día sobre la adhesión de los docentes.
Desde el sector gremial, el reclamo tiene fundamentos claros. La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que la situación salarial es insostenible: denuncian una pérdida de hasta el 50% del salario real y más de un 30% del poder adquisitivo. Además, alertan sobre un proceso de deterioro institucional, con docentes que reducen su dedicación o abandonan el sistema, afectando la calidad académica. “Queremos seguir en clase y que los chicos terminen su cursado”, aseguran, al tiempo que justifican las medidas como necesarias para defender el sistema universitario público.
Sin embargo, del otro lado crece una preocupación que ya no se limita a la coyuntura actual. En ese contexto, la carta difundida por el padre de un alumno de los institutos preuniversitarios pone el foco en las consecuencias acumuladas del conflicto, especialmente tras un 2025 marcado por la interrupción sistemática de clases.
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Según detalla el texto, durante el ciclo lectivo pasado se registraron 33 días de paro —total o parcial— sobre un total de 164 días hábiles. Es decir, más del 20% del calendario escolar se vio afectado por medidas de fuerza. “Un día de cada cinco”, resume el autor, quien advierte que el dato no es solo estadístico, sino estructural.
La carta plantea que los colegios preuniversitarios —la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario— han sido históricamente uno de los principales mecanismos de movilidad social en San Juan. Su sistema de ingreso meritocrático, sin cuotas ni privilegios, permitió durante décadas una convivencia única entre alumnos de distintos orígenes sociales.
“En esa foto conviven, sin saberlo, el hijo del médico con la hija de la empleada doméstica”, describe el texto, aludiendo a una postal que, según el autor, sintetiza el valor de estas instituciones como espacios de igualdad real.
Pero ese “ascensor social”, advierte, comienza a deteriorarse cuando se pierde la continuidad educativa. La interrupción prolongada de clases no impacta de manera uniforme: mientras algunos estudiantes pueden compensar los contenidos con apoyo familiar o clases particulares —cuyo costo oscila entre los 5.000 y 20.000 pesos por hora—, otros no tienen esa posibilidad.
“Allí donde falta la escuela, la desigualdad avanza”, plantea la carta, señalando que cada día de paro implica una pérdida irreparable para los sectores más vulnerables.
El documento también menciona señales concretas de ese deterioro. Entre ellas, la flexibilización excepcional en los criterios de promoción durante 2025 en algunos establecimientos, que permitió a alumnos pasar de año con materias adeudadas, algo inusual en estas instituciones. Para el autor, esto evidencia que los contenidos no llegaron a completarse.
En paralelo, un grupo de padres formalizó un reclamo ante las autoridades universitarias exigiendo un plan que garantice la continuidad pedagógica. Recordaron que la normativa nacional establece que la educación es un servicio esencial y que debe asegurarse al menos el 75% de su prestación, incluso durante conflictos laborales.
Además, denunciaron situaciones irregulares durante los paros, como docentes que registran asistencia sin dictar clases, lo que obliga a los estudiantes —muchos provenientes de departamentos alejados— a trasladarse sin certezas.
El reclamo incluye un pedido de respuestas en un plazo de 48 horas, junto con la exigencia de un cronograma claro para recuperar contenidos. En caso contrario, no descartan avanzar con una acción de amparo colectivo.
En este escenario, la tensión expone un dilema de difícil resolución: un reclamo salarial que desde el sector docente se considera legítimo, frente a un impacto directo en el derecho a la educación de los estudiantes.
La carta lo sintetiza en una frase contundente: “El conflicto es justo en su origen, pero devastador en sus consecuencias”. Y pone el foco en quién paga el costo final: “No lo paga el sistema, lo pagan los alumnos. Y sobre todo, los que menos tienen”.
