El secretario de Gobierno, Justicia y DDHH de San Juan, Juan José Dubós, se manifestó a favor de implementar la "tolerancia cero" de alcohol al volante en la provincia, una medida ya vigente en otros distritos del país. El funcionario de Marcelo Orrego argumentó que la meta debe ser reducir a cero las muertes por siniestros viales y adelantó que el Gobierno provincial trabaja en una modificación a la ley de Faltas que incluirá la obligatoriedad de realizar cursos de concientización para quienes cometan infracciones graves, como conducir alcoholizado.
Actualmente, 16 provincias cuentan con leyes de Alcohol Cero en sus territorios, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. La Ley Nacional, sancionada en abril de 2023, rige en todas las rutas nacionales y busca disminuir los siniestros viales graves, donde el alcohol está presente en uno de cada cuatro casos.
En San Juan, durante la gestión de Sergio Uñac, se dio del debate sobre si adherir o no en caso de rutas provinciales, y hubo algunas protestas del sector vitivinícola que es ícono de San Juan para que no se aplique mientras que los familiares de víctimas de siniestros viales se manifestaron porque sí haya tolerancia cero. No obstante, se mantuvo el límite de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre para vehículos particulares y 0 para transporte público y de carga. Por su parte, la Ley Nacional de Alcohol Cero al volante sí se aplica, obviamente, en las rutas nacionales dentro y fuera de la provincia.
"Yo creo que la tolerancia cero debería aplicarse", afirmó ahora Dubós, en diálogo con Canal 13 San Juan. Su principal argumento se basa en la imprevisibilidad de los efectos del alcohol en el organismo. "Hoy en día uno no sabe qué cantidad de alcohol tiene, qué efecto tiene en cada persona, porque la realidad es que las personas tienen distinta absorción del alcohol o, para decirlo en una forma vulgar, pega distinto a una persona que a otra".
Para el secretario, la responsabilidad de un conductor es máxima, y no hay margen para riesgos. "Uno cuando está al frente de un volante tiene un arma en la mano y tiene que estar lúcido 100% para usarla de manera tal que no se transforme en algo letal". Y analizó que "lo ideal realmente es que no existan muertos por accidente".
En San Juan, la alcoholemia se ubica entre las infracciones de tránsito más comunes, junto con la falta de documentación vigente, según informó. Actualmente, la multa por conducir en estado de ebriedad ronda los 350.000 pesos, un valor que Dubós considera insuficiente. "Por ahí habría que insistir un poco más o un poco más duro con el tema de la alcoholemia, creo yo. Debería ser un poco más caro", opinó, sugiriendo que podría superar esa cifra sin llegar al millón de pesos.
El endurecimiento de las sanciones sirve, según el funcionario, como herramienta para modificar conductas. "Somos hijos del rigor y si no tenemos una consecuencia por no cumplir una determinada norma, la seguimos incumpliendo", sentenció. Añadió que "si tengo una consecuencia que realmente me duela, lo voy a pensar dos veces".
Además de abrir el debate por la tolerancia cero y el valor de las multas, Dubós dijo que el Gobierno analiza una medida complementaria. "Estamos analizando en introducir, con una modificación que tenemos proyectada de la Ley de Faltas, el hecho de la obligatoriedad de hacer un curso que lo obliga a tomar conciencia a la persona de la situación que se podría haber generado por estar manejando alcoholizado", detalló. Según explicó, el objetivo de estos cursos será que los infractores puedan "internalizar una consecuencia dañosa" para sí mismos o para terceros, utilizando incluso estadísticas e imágenes impactantes para generar un cambio real de actitud.
El contexto de estas propuestas es un notorio aumento en los controles viales en los últimos tiempos. Dubós confirmó que las actas de infracción se incrementaron entre un 30% y un 40%, no porque los sanjuaninos se porten peor, sino "principalmente porque hay más controles". Aunque considera que en general los sanjuaninos no tienen una mala conducta, estima que entre un 20% y un 30% de las personas no cumple con las reglamentaciones. Pese a ello, reconoció que hay una mayor conciencia, sobre todo entre los jóvenes, con prácticas como la del "conductor asignado".
