De cara al tratamiento de una multiplicidad de temas durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, la posible reforma de la Ley de Glaciares aparece como uno de los debates más sensibles para San Juan. En ese contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate para poner en común los puntos más polémicos de la iniciativa y analizar su impacto en la provincia.
La discusión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que San Juan lidera la actividad minera en Argentina, con una extensa cartera de proyectos en distintas etapas de avance. Hacia comienzos de 2026, la provincia cuenta con más de 36 proyectos en fase de exploración avanzada y desarrollo, y concentra gran parte de los principales emprendimientos cupríferos del país, entre los que se destacan Josemaría, Los Azules, El Pachón, Altar y Filo del Sol. Este escenario ubica a la provincia en el centro del debate entre desarrollo productivo y protección ambiental.
La propuesta de modificación de la ley impulsa cambios centrales en el esquema actual de protección. Entre ellos, se destaca la posibilidad de autorizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares, hasta ahora alcanzadas por restricciones, mediante evaluaciones de impacto ambiental a cargo de las provincias. A su vez, plantea otorgar mayor poder a las autoridades provinciales, transfiriendo la definición de qué glaciares deben ser protegidos, una función que hoy recae en el IANIGLA. Mientras sus defensores aseguran que el objetivo es brindar seguridad jurídica y potenciar el desarrollo, los sectores críticos advierten sobre posibles daños irreversibles al sistema hídrico.
Para analizar estos ejes, participaron del debate Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, responsable de los estudios de glaciares en la provincia e integrante del Grupo Sarmiento; y Raúl Orduña, abogado y referente de la Asamblea Agüita Pura para San Juan.
Durante el intercambio, Pastore expuso una mirada técnica y científica, centrada en la necesidad de precisar criterios de protección, discutir el rol del ambiente periglaciar y actualizar los inventarios de glaciares, remarcando además que San Juan cuenta con capacidad institucional y experiencia para asumir mayores responsabilidades como autoridad de aplicación.
Por su parte, Orduña defendió la plena vigencia de la ley actual y cuestionó cualquier intento de reforma que, a su entender, implique una flexibilización de los controles ambientales. Desde una perspectiva jurídica y ambiental, alertó sobre los riesgos que podría generar la habilitación de actividades extractivas en zonas sensibles para el abastecimiento de agua.
Video del debate
Embed - Debate Ley de Glaciares: dos especialistas debatieron sobre la ley clave para San Juan