En un nuevo round de la pulseada política del Gobierno con el Senado por la integración de la Corte Suprema de Justicia, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria le advirtió al Gobierno que rechazarán las nominaciones del Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla si el presidente Javier Milei los designa en comisión por decreto sin esperar a que la Cámara alta le otorgue su acuerdo a los candidatos tal como lo establece el mecanismo contemplado en la Constitución Nacional.
La postura del principal bloque de oposición de la Cámara alta fue oficializada por el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien le entregó en mano una nota firmada por la totalidad del bloque de Unión por la Patria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el final del informe que brindó durante más de siete horas en el recinto del Senado.
“Los abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional”, sostiene la nota en su primer párrafo.
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Esa cláusula constitucional fue a la que apeló Mauricio Macri cuando nombró en diciembre de 2015 por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte. Al final, el procedimiento nunca llegó a completarse porque meses después y acuerdo político mediante, ambos recibieron el acuerdo de la Cámara alta.
Para que no quedaran dudas, Mayans aclaró en el recinto: “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, afirmó el jefe de la principal bancada de oposición antes de pararse y dirigirse a la mesa donde se encontraba el jefe de Gabinete para entregarle la misiva.
El alineamiento en el rechazo de la totalidad de los 33 senadores kirchneristas pone al Gobierno ante una encrucijada, ya que sin el aporte de Unión por la Patria, o de una parte de la bancada, le será imposible nombrar a Lijo y a García-Mansilla. La Cámara alta tiene 72 miembros y con 25 legisladores alcanzan para cerrarle la puerta de manera definitiva al apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para designar a un juez de la Corte. Fue lo que le pasó a Roberto Carlés cuando Cristina Kirchner fracasó, en 2015, en su intento por designarlo en el máximo tribunal.
El kirchnerismo pretende con esta jugada obligar al Gobierno a sentarse a negociar la integración de la Corte. Tal como lo dijeron públicamente varios senadores con línea directa con el Instituto Patria, la expresidenta pretende ubicar ahí a una persona de su extrema confianza, reclamando que el Gobierno resigne a uno de sus candidatos o acepte ampliar el tribunal. La elegida sería la exsenadora María de los Angeles Sacnun.
Lo dijo sin medias tintas Mayans en pleno recinto. “Nosotros queremos hablar sobre el tema de la Justicia federal, del Procurador General, miembros de la Corte, Defensor”del Pueblo afirmó el senador formoseño. “Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas”, le pidió al Gobierno.
Hasta ahora, las pretensiones de Cristina Kirchner se encontraron con la negativa del asesor Santiago Caputo, que tomó de parte del Gobierno el timón en la discusión por la Corte, que pretende que el Senado le dé acuerdo a Lijo y Garcia-Mansilla -”los dos o ninguno” es el mantra que se repite en la Casa Rosada-, antes de sentarse a negociar.
Apenas unas horas antes y en el mismo recinto de la Cámara alta, el jefe de Gabinete había confirmado que la designación por decreto de jueces en la Corte Suprema era una opción que barajaba el Poder Ejecutivo ante la “urgencia” de que se produjera una “situación de acefalía” en el máximo tribunal.
“No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado”, había dicho Francos ante una consulta formulada por la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
El jefe de Gabinete se refirió, así, de manera elíptica a la situación en la que quedaría el tribunal supremo si el Senado no le da acuerdo a, al menos, uno de los dos candidatos propuestos por Milei antes del 29 de diciembre, fecha en la que el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y se verá obligado a jubilarse, tal como lo establece la Constitución Nacional.
En la última semana de mayo el Gobierno envió al Senado los pliegos nominando a Lijo y a García-Mansilla para completar los cinco miembros que establece la ley vigente que debe tener la Corte. Al juez federal lo postuló para ocupar la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia en octubre de 2021. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está propuesto para reemplazar a Maqueda cuando pase a retiro.
Lijo defendió su postulación en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos el pasado 21 de agosto. Garcia-Mansilla lo hizo una semana después. Desde entonces, sus pliegos permanecen estancados a la espera de que se alcance un acuerdo político que les permita convertirse en jueces de la Corte.