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Encuesta de TIEMPO

Seis de cada 10 sanjuaninos quieren que se prohíba vapear en lugares públicos

Según un sondeo entre los lectores de TIEMPO DE SAN JUAN, el 64% de los sanjuaninos pide prohibir el vapeo en el Centro Cívico, hospitales y colectivos, como busca un proyecto de ley del orreguismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El debate sobre el uso de dispositivos de vapeo en San Juan se pone caliente: el 64% de los sanjuaninos está de acuerdo en prohibir el vapeo en lugares cerrados y de acceso público. Esta postura mayoritaria surge de un sondeo realizado entre los lectores de TIEMPO DE SAN JUAN, que se da justo en el marco del proyecto de ley que actualmente estudia la Cámara de Diputados.

El dato central de la encuesta arroja que más de seis de cada diez participantes (de un total de 10.121 votos) se mostró de acuerdo con la prohibición. Al desglosar los motivos, el apoyo se divide entre quienes consideran que la medida debe ser aceptada porque el vapeo es peligroso para la salud tanto del usuario como de terceros (37.6% de los votos), y aquellos que están de acuerdo porque el vapor molesta tanto como el humo del cigarrillo (26.4%). Estas cifras dan un fuerte respaldo social a la iniciativa legislativa que ya tomó estado parlamentario.

También llama la atención que uno de cada 10 respondió que no sabe lo que es el vapeo.

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Una ley impulsada por la preocupación adolescente

El proyecto, titulado "Promoción de entornos libres de humo y Concientización sobre Dispositivos de Vapeo y Cigarrillos Electrónicos en la Provincia de San Juan", es impulsado principalmente por el diputado del PRO Enzo Cornejo, y cuenta con el apoyo de varios legisladores del interbloque orreguista.

El diputado Cornejo dijo que es urgente avanzar con esta ley, para frenar el avance explosivo de usuarios, un fenómeno que pasó de 82 millones a 114 millones a nivel mundial entre 2021 y 2023.

La necesidad de esta norma se sustenta en una "profunda preocupación" ante el creciente y alarmante consumo de estos dispositivos entre jóvenes y adolescentes, especialmente en estudiantes secundarios de entre 13 y 18 años, algo detectado por informes locales de Salud Pública. De hecho, el proyecto busca actuar con "celeridad" porque el vapeo triplica el riesgo de iniciación en el tabaquismo tradicional.

Para el ciudadano común, lo más palpable si esta iniciativa se convierte en ley serán las restricciones al uso. El proyecto busca establecer un marco regulatorio para los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y los dispositivos sin nicotina (SSSN), conocidos popularmente como vapeadores. Esto se traduce en una prohibición explícita de su uso en todos los espacios cerrados de acceso público. Esto abarca lugares sensibles como los centros de salud y los establecimientos educativos. Además, se vetaría su uso en dependencias de la Administración Pública, que en San Juan se concentran en el Centro Cívico, y en el transporte público, que se instrumenta mayormente mediante la Red Tulum.

Esta iniciativa, que busca proteger la salud pública y evitar la adicción temprana, tiene un fuerte componente de protección a la juventud. La propuesta prohíbe de manera tajante la venta, el suministro o cualquier tipo de entrega gratuita de estos dispositivos, sus líquidos o cartuchos, a personas menores de 18 años. Quien venda estos productos deberá exigir la acreditación de la edad con documento de identidad. Además, los locales comerciales habilitados estarán obligados a exhibir cartelería con la advertencia: "PROHIBIDA LA VENTA DE DISPOSITIVOS DE VAPEO Y/O CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS A MENORES DE 18 AÑOS, SU USO AFECTA PERJUDICIALMENTE A LA SALUD".

Además de las prohibiciones, el proyecto incluye medidas de concientización. Se indica que el Ministerio de Salud, en coordinación con Educación, deberá incluir la temática de los riesgos del vapeo en campañas de salud pública y material educativo, utilizando la infraestructura ya existente para no generar nuevas erogaciones provinciales. Quienes incumplan la futura normativa se enfrentarán a un duro régimen sancionatorio que prevé desde multas importantes (hasta mil jus) hasta el decomiso de la mercadería o, incluso, la clausura temporal o definitiva del establecimiento.

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