La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría General, condenó la detención arbitraria del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, calificándola como un “crimen de lesa humanidad” según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En un comunicado oficial, Luis Almagro, secretario general de la OEA, señaló que la privación de libertad de Gallo constituye una violación grave a normas internacionales, entre ellas la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. “Este acto es una muestra más de la sistemática violación de derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”, afirmó.
Almagro instó a las autoridades venezolanas a:
- Informar sobre la situación de Gallo y garantizar su integridad física.
- Permitir su contacto con familiares y representantes legales.
- Respetar los tratados internacionales de derechos humanos.
- Liberarlo de manera inmediata.
Respuesta del Gobierno nacional
El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, reforzó su reclamo tras la difusión de imágenes de Gallo. En un video publicado por el régimen chavista, se observa al gendarme en un recinto no identificado.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, calificó la difusión de estas imágenes como una “pantomima” destinada a justificar la detención. “Lo único que aceptamos es que Nahuel Gallo sea devuelto a Argentina. No hay lugar para maniobras dilatorias”, afirmó Bullrich, quien cuestionó la intención de Maduro de proyectar una apariencia de normalidad en el caso.
Además, Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares para proteger a Gallo.
Medidas de la CIDH y detalles del caso
Este viernes, la CIDH emitió la Resolución 1/2025, otorgando medidas cautelares a favor de Gallo, al considerar que su vida e integridad personal están en riesgo. Según el organismo, el gendarme ingresó a Venezuela el pasado 8 de diciembre desde Colombia, con documentos en regla, un pasaje de ida y vuelta, y con la intención de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.
Sin embargo, tras cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander hacia el estado Táchira, fue detenido por las autoridades venezolanas, quienes confiscaron su teléfono y lo dejaron incomunicado.
Gerardo Werthein, canciller argentino, describió el caso como “una evidencia contundente de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional por parte del régimen de Nicolás Maduro”.