Entre las casi 600 páginas del tedioso anexo 1 de la decisión administrativa 20/2026 que el lunes estableció un recorte presupuestario del 2% a todas las áreas de la Administración Pública Nacional, hay 14 que sin dudas preocupan mucho al mundo de la salud. En particular, a los profesionales, a los pacientes y al propio ministro Mario Lugones, más allá de que desde su cartera se reitere por estás horas (estoicamente, ya que la quita superó con creces cualquier voluntad de ese ministerio) que el objetivo del nuevo presupuesto evitar superposiciones de áreas, refundar el rol rector de Nación (delegando más competencias a las provincias) y reordenar el sistema en general, “sin por supuesto abandonar prestaciones ni desfinanciar áreas sensibles”, aclaran.
Sin embargo, la poda en una cartera que se viene reestructurando de un modo muy discutido y que en el último año despertó acaloradas polémicas debería ser atendido, en particular por lo que, en diálogo con Clarín, el ex secretario de Salud y actual director del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), Adolfo Rubinstein, describió como una “falta de conciencia desde la conducción en cuanto a las profundas consecuencias que estas políticas pueden generar en el mediano y, desde ya, largo plazo. En especial, en la población más vulnerable”.
El nuevo recorte implica un achique en los alcances del Ministerio de Salud, ahora con una quita de más de $63.000 millones, pero vale destacar que este reordenamiento presupuestario tuvo capítulos previos en lo que va de 2026. De acuerdo a los datos del sitio del Ministerio de Economía Presupuesto Abierto, la cartera sanitaria contaba con un presupuesto inicial previsto en $7.402.959 millones, actualizados con 741.556 millones menos; es decir, $6.661.403 millones de presupuesto vigente. Son números que alientan poco cuando en este y en los casos que se detallarán abajo se hace foco en el ítem "ejecutado", y de ahí se avizora un futuro posible. En este caso, sólo se ejecutó el 31,5% del total disponible, aun cuando empieza a cerrar la primera mitad del año.
Si bien desde el Gobierno refuerzan la idea de que la “modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial responde a la decisión de ordenar la inversión sanitaria para hacer más eficiente el sistema y priorizar aquellas prestaciones de mayor impacto”, y que sólo se corregirán “esquemas de transferencias y estructuras que durante años funcionaron sin criterios claros de evaluación de resultados”, para Rubinstein hay varios puntos inquietantes en la normativa publicada el lunes.
"Por un lado, que este recorte se suma a otros ya comentados por mí en la revista The Lancet el año pasado", apuntó. Por otro, porque uno de los principales cambios exprimirá una vez más el programa Remediar, una “muy efectiva política pública” que desde 2002 entrega medicamentos a centros de salud de atención primaria en todo el país, destinados a las poblaciones más necesitadas.
“Este programa tiene años largos entregando insumos gratuitos de forma ininterrumpida. Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando en todas las gestiones, entregando medicamentos esenciales. Desde antibióticos hasta remedios para cubrir las enfermedades crónicas más prevalentes, o anticonceptivos, por ejemplo. La logística ya está aceitada y se está desmantelando el programa bajo el concepto de que todo lo que tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, lanzó.
Salud: recortes en medicamentos y tratamientos contra el cáncer
En efecto, una de las mayores podas impactó en el programa 29, de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, con un recorte que llega a los $20.000 millones. Se trata de un área que ahora dispone de un presupuesto de $145.629.920 millones, pero que -siguiendo lo que se advertía arriba- lleva ejecutados $47.321.569 millones en esta (casi) primera mitad del año.
Desde el Ministerio refuerzan la idea de que no habrá un perjuicio a los pacientes porque se optimizaron gastos con las compras centralizadas desde Nación. Sin embargo, quizás tenga sentido mirar de cerca la continuidad de distintos subprogramas que penden de esta sensible área.
Por ejemplo, el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, el de Provisión de Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnología; los Tratamientos para Patologías Especiales y de Alto Precio; la Asistencia al Paciente Trasplantado; la Provisión de Medicamentos, Insumos y Tecnologías por Orden Judicial y Amparos. Además el de Acciones vinculadas con Procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Acceso a Tratamientos.
Con el punto de vista de Rubinstein coincidió Rubén Torres, director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA) y ex superintendente de Servicios de Salud. El especialista sumó otros frentes importantes: “Lo que me preocupa son tres cosas: la desaparición del plan Remediar, que impacta de forma directa en el bolsillo de los más pobres; la disminución de los presupuestos para el INCUCAI, o sea para trasplantes, y en el área de cáncer, que se vincula a la compra de tratamientos de alto costo”.
El último fue un recorte de $5.000 millones para un área que, cuando se diseñó el presupuesto 2026 tenía previstos $15.000 millones. Con los $10.000 millones vigentes, otra vez quizás se deba hacer foco en el ejecutado hasta mediados de mayo. Según la última actualización del Presupuesto Abierto, $641 millones. O sea, sólo el 6,2% del total vigente.
Qué dice el Ministerio de Salud
Desde el Gobierno plantean que “gran parte de la modificación —más de $62.700 millones en gastos corrientes— se concentra en programas como SUMAR+, cuyo principal componente son transferencias a provincias”. Y así lo prueba la quita señalada en el Anexo 1 publicado ahora para el ítem “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud”: disminuye el programa en $25.000 millones.
Los dos expertos criticaron duramente estas medidas y aseguraron que afectará a las provincias con menos recursos, principalmente las del norte del país, lo que podría complicar el escenario en sí desparejo en el acceso a tratamientos que caracteriza al territorio nacional.
Otros recortes quizás deban ser visto eminentemente como una nueva promesa de más recursos humanos desvinculados del sector público, cuestión por la que, desde Salud, no dieron precisiones, tras la consulta de este medio.
Por mencionar algunos, más allá de que hubo una quita en la actividad central de la cartera de Lugones ($2.000 millones menos), preocupa el futuro de los siguientes "ravioles" de la cartera sanitaria.
Otros recortes en el Ministerio de Salud
En el área de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, de la que dependen los subprogramas de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis en General (por ejemplo, dengue), ahora se dipone de $1.500 millones menos.
Además, los programas de Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica y Abordaje de Curso de Vida recibirán $1.000 millones menos cada uno. En tanto, el de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, $500 millones.
En la misma línea, el ya golpeado sector (por los recortes de personal que repercutieron en 2025) de respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra sufrirá una poda de $800 millones.
Y tendrá $900 millones menos el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, de lo que se desprenden, o un statuo quo o un posible empeoramiento en la alicaída distribución de preservativos y anticonceptivos femeninos que hace tiempo denuncian referentes de hospitales en distintas provincias del país.
Por fin, habrá golpes en el bolsillo en otros organismos ligados a Salud: la SEDRONAR, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, organismo creado en julio de 2025 como promesa ordenadora frente a las protestas en hospitales nacionales en reclamo por despidos y sueldos despreciables a los residentes. Sufrirá un recorte de $3.195 millones.
FUENTE: Clarín
