El senador kirchnerista Oscar Parrilli elevó una nota a la Secretaría de Energía de la Nación para insistir con la necesidad de estatizar las concesiones hidroeléctricas que están próximas a vencerse en el país. Son 17, entre las cuales se encuentra la explotación de La Olla, en manos de la multinacional de capitales estadounidense AES. Ya hay un intenso cruce con algunas provincias, entre ellas Mendoza, donde no quieren saber nada con la estatización. En el medio, las empresas que manejan las concesiones. El debate por el destino de las utilidades.
A partir de agosto de este año empiezan a vencer las concesiones, que quedaron en manos de empresas privadas durante la presidencia de Carlos Menem. Parrilli insiste con que las empresas que consiguieron las concesiones no invirtieron en obras y se "llevaron ganancias supermillonarias", transferidas al exterior. El senador neuquino aspira a que el Estado a través del ENARSA se quede con las concesiones hidroeléctricas, generación que representa el 20% del total del Mercado Eléctrico Mayorista.
En San Juan La Olla, en Ullum, es el único punto cuya generación está concesionada en manos privadas. La maneja la firma AES, una multinacional que opera en la provincia desde 1996. La Olla produce 45 megas que aporta al Sistema Interconectado Nacional, operado por CAMMESA. Le paga a la Provincia un canon por el aprovechamiento energético. El vencimiento de la concesión es el 18 de marzo del 2026.
La Olla es la obra hidroeléctrica que tiene menos capacidad de producción energética de San Juan. Caracoles puede producir hasta 123 megas, Punta Negra hasta 65 megas y el dique de Ullum hasta 46 megas. Cuando se sume El Tambolar, se aportarán al Sistema Interconectado 70 megas más. A pesar de que no produce tanta energía, en este momento histórico atravesado por la sequía, La Olla es uno de los dos puntos que está produciendo energía hidroeléctrica en la provincia –el otro es Punta Negra-.
La relación de San Juan con AES es cordial. Es una firma que tiene pocos empleados, con un perfil bajo dentro del entramado empresarial que opera en la provincia. Los funcionarios consultados sobre el tema, creen que AES no querrá continuar operando La Olla cuando se venza la concesión, porque implica mantener una estructura que no da las mismas ganancias que las otras centrales hidroeléctricas que maneja en el país, como es el caso de Alicurá (1.000 megas) y Cabra Corral (102 megas).
El primer vencimiento de concesión que se dará en el país justamente es Alicurá, un embalse que operan en conjunto el gobierno de Río Negro con el de Neuquén, provincia a la que representa Parrilli en Senadores.
Si bien en la actualidad la relación es “buena” con AES, no siempre San Juan se llevó tan bien con la multinacional. Es que la firma llegó a la provincia en 1996 y se generó una novela que tuvo punto final recientemente.
Fue justamente en 1996, con la licitación de "los diques” Caracoles y Punta Negra. Fue un concurso internacional iniciado por el entonces gobernador Escobar en el que se produjo el primer mano a mano empresario potente en este asunto: la mendocina Cartellone contra el holding compuesto por el gigante AES más Panedile.
El esquema original fue una concesión más un subsidio. Es decir que la empresa ganadora realizaba la inversión y se la cobraba con el producido de energía a lo largo de 30 años de esa obra, pero como con eso no alcanzaba para cubrir el costo la Provincia debía completar con un subsidio. Ganaba entonces la que pedía un menor subsidio y esa fue AES-Panedile más una compañía mexicana: ICA. Además, Cartellone –que venía con las cucardas de haber realizado la presa mendocina Potrerillos- hizo una observación en el pliego porque propuso un cambio de sistema de construcción que era más barato (sobre lo que insistiría más tarde, como se verá), y además solicitó el manejo del agua. La Provincia respondió que ese manejo no podía ser delegado y bajó la persiana a la oferta de la empresa mendocina.
En noviembre de 1998 AES-Panedile-ICA y CPC (luego fusionadas) quedaron a cargo de la obra: la primera como concesionaria operador, es decir la que hacía el negocio energético, las segundas como constructoras. Y el subsidio que aportó la provincia fue de 145 millones de dólares, que no los tenía en el bolsillo sino que salió a buscarlos al mercado financiero por medio de un endeudamiento en bonos. También participaba Energo, la empresa rusa contratada para hacer la turbina a medida, un asunto que también dispararía conflictos internacionales.
En ese contexto se produjo el cambio de gobierno: Escobar se iba y llegaba la gestión de Alfredo Avelín, el primer triunfo aliancista del país. El dinero fue depositado en ese diciembre de 1999 en una cuenta a la vista del Banco San Juan y recién derivado al fideicomiso especialmente creado en marzo del 2000. La obra comenzó la construcción en su fase más activa de ese momento, pero no duraría demasiado. El desgranamiento del gobierno de la Alianza en todo el país y luego la pesificación del fideicomiso impactaron de lleno en la edificación, que fue paralizada.
En el medio de este contexto, AES estaba resuelta a irse hasta que se reactivó la construcción de los diques con financiamiento nacional durante el gobierno del kirchnerismo. Finalmente, se quedó fuera del contrato nuevo, que tuvo a Techint como firma constructora y al EPSE haciéndose cargo de la producción hidroeléctrica, pasando también a manos sanjuaninas la central del dique de Ullum .
