El 2 de junio la Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas se reunió en Corrientes. En el encuentro, tomó forma institucional lo que hablaban puertas adentro los cortistas del Interior del país. Si bien la situación terminó estallando con la seguidilla de fallos electorales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cierto es que las fuentes indicaron que “el avasallamiento a las autonomías provinciales” se viene viendo desde hace tiempo. Incluso citaron ejemplos, uno de gran trascendencia mediática como lo fue la fijación de un índice de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de la presentación de una medida cautelar.
La Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas se reúnen todos los meses. Antes del encuentro del 2 de junio, los cortistas del interior venían comunicándose por otros fallos, pero en esa reunión el tema cobró relevancia y terminó resucitando una comisión que funcionó anteriormente pero que estuvo inactiva por un par de años.
“Hay preocupación sobre los fallos de la Corte. Nos inquieta en general la intromisión de la Corte Suprema en distintas materias. Desde hace un tiempo, han invadido las autonomías provinciales. El sistema federal determina que hay una distribución de atribuciones. Las provincias existieron antes que el concepto de Nación”, dijo Guillermo De Sanctis.
En esta comisión se discutirá y se debatirá el federalismo argentino ante el avance que han advertido de la Corte Suprema. Hubo un Zoom entre todos los miembros participantes el 9 de junio, en el que participó activamente por San Juan el ministro Daniel Olivares Yapur. Incluso, está previsto que emitan un comunicado en el transcurso de la semana que viene. No se sabe si todas las provincias van a firmarlo, pero quedarán asentadas las que sí.
Antes de los fallos electorales, el antecedente más cercano de un avance de la Corte Suprema en San Juan se remonta al 2012. En aquella oportunidad, Greenpeace presentó en el tribunal superior una medida cautelar ante el inminente arranque del proyecto minero binacional Pascua-Lama. Sin declararse competente, solicitaron el expediente de la declaración de impacto ambiental mediante la cual San Juan le dio el visto bueno a Lama. El expediente, que ocupaba el espacio de un baño de grandes dimensiones, fue enviado en un camión parecido a un transporte de caudales a Buenos Aires. Nunca fue leído.
El otro episodio, que no involucra a San Juan directamente, pero de algún modo incide en el federalismo, es el que también incluyó una cautelar, en este caso solicitada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Capital reclamaba un mayor índice de coparticipación tras el traspaso de la policía -llamada metropolitana en un primer momento-. Los cortistas le dieron la razón al planteo citadino y hasta fijaron un índice de coparticipación específico para Capital, que pasaba del 1,4% al 2,5%. La ley de coparticipación se modifica con el acuerdo de todas las provincias en el Congreso.
Fueron estos casos los que movilizaron a los miembros de las Cortes provinciales para resucitar esta comisión federal. Se busca marcar la cancha también, defender las autonomías frente a fallos de la Corte Suprema que ni siquiera pasaron por los tribunales locales. "Sino para qué estamos nosotros", se preguntaban también algunos magistrados del Interior.
