Por La Superiora, la Corte de Justicia falló a favor de la Municipalidad de Rawson

La empresa había cuestionado la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por los jueces María Josefina Nacif, Juan Carlos Pérez y Juan Jesús Romero, que en 2024 ordenó apartar a la jueza Adriana Tettamanti del caso y determinó que el complejo de la ex bodega fuera tasado nuevamente. Al rechazar esta queja la Corte, se mantiene el hecho de que la causa se debe tramitar ante un juzgado de primera instancia distinto al de Tettamanti.

Así, quedo vigente la decisión de los camaristas que tanto revuelo despertó el año pasado. Es que el tribunal resolvió que se vuelva a definir el valor real y actual del inmueble, lo que provocó gran impacto y se debió al planteo de nulidad que hizo la Municipalidad de Rawson, tras una sentencia de la misma Corte de Justicia de principios de 2023. El máximo tribunal había dictaminado que el municipio pagara el 13% del total del complejo expropiado y el Tribunal de Tasación hiciera los cálculos pertinentes.

Bajo la supervisión de Tettamanti, con el interés de Cuyo Inversiones S.A (propietarios que reclaman la deuda) y la nula participación de la Municipalidad, el sitio fue tasado y cotizado a precio de dólar blue -según señalan fuentes del caso-, por lo que se estimó un valor total de $1.400 millones. Como consecuencia, el municipio se vio forzado a pagar $371 millones.

La disputa por la expropiación de La Superiora comenzó en 2012, durante la gestión del intendente Juan Carlos Gioja que lo adquirió para convertirlo en el centro deportivo y cultural que es hoy. En aquel momento, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en $ 6,8 millones. El entonces jefe comunal ya había pagado $ 5 millones y el municipio debía pagar un poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% del total.

Tanto el municipio como los ex dueños - entre los cuales se encuentra el empresario Matías Pallito- apelaron y el caso llegó a la Corte de Justicia, que ordenó la nueva tasación, en 2023, según la interpretación que hicieron los jueces de la ley vigente. Esta nueva valuación aumentó el valor del inmueble a casi $1.500 millones, elevando la deuda de Rawson a $370 millones, incluyendo intereses.

Si bien el predio fue expropiado hace 13 años y la transacción extrañamente nunca se completó, quedando una deuda pendiente, en mayo de 2024 estalló el escándalo, cuando TIEMPO DE SAN JUAN publicó la situación de crisis que afrontaba la gestión de Carlos Munisaga.

El equipo legal del municipio tomó conocimiento del monto millonario que debía pagar por la expropiación y pegó el grito en el cielo, dado que asumir el costo significaba un enorme perjuicio económico para la administración. Por eso que presentó un recurso de apelación contra lo resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo de Tettamanti y, tras varias idas y vueltas, consiguió que todo lo actuado en 2023 a partir del fallo del máximo tribunal fuera desestimado.

Primero presentó una queja que fue rechazada en tiempo récord por las juezas María Josefina Nacif y María Eugenia Varas. Sin embargo, el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que hizo lugar al planteo de nulidad. En más de mil fojas, los abogados del municipio descubrieron que durante el proceso de tasación -del que el municipio se desentendió por completo durante la gestión del también justicialista Rubén García- se registraron irregularidades que le permitieron impugnar lo obrado y, finalmente, descartar la exorbitante cotización.

Fuentes calificadas aseguraron que hubo pasos que la asesora letrada del Tribunal de Tasación marcó, pero que se saltearon y, por esas imprecisiones, el equipo legal del municipio pudo plantear la nulidad. Es que la Ley de Expropiaciones -por ejemplo- exige que todas las partes involucradas estén en conocimiento de lo que sucede y, como eso no pasó con la municipalidad, ese fue el argumento que encontraron para conseguir que la tasación quedara sin efecto.

Ahora, que la Corte rechazó el recurso extraordinario planteado por Pallito, la causa quedó efectivamente en manos de un nuevo magistrado y será él quien deba ordenar otra tasación, pese a la resistencia que presenta Rawson. La gestión de Munisaga sostiene -desde un principio- que la ley es clara en cuanto a prohibir la aplicación de índices para definir deudas, por lo que manifestaban que la tasación que se hizo en 2017 debía quedar firme. Lo que diga el nuevo juez interviniente tendrá intervención de peritos de ambas partes.