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Análisis

Arrecia el temporal en la Corte por el fallo que benefició a un empresario contra las arcas de Rawson

Es por la expropiación de la Superiora, que elevó la deuda de 1 a más de 300 millones. Hay posibles contradicciones con la megacausa que investiga la misma justicia. ¿Y un copypaste increíble?

Por Sebastián Saharrea

Pero los condimentos de aquel pronunciamiento levantaron polvareda interna en el máximo tribunal de justicia provincial y se agigantaron ahora que se conoció el episodio porque al municipio no le queda otra que pagar. Porque ese fallo introduce algunos criterios que la propia justicia considera de manera distinta en sus fallos anteriores. Especialmente en la megacausa, un megajuicio que se ventila por estos días contra un grupo de acusados justamente en casos de expropiaciones por inflar precios mediante tasaciones y sentencias.

Lo mismo que se tramita en Rawson con la Superiora, y con el pronunciamiento nada menos que de la Corte, por lo que sus criterios pueden hasta llegar a tener repercusión en la causa que se inició hace casi 15 años contra los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, el ex juez Carlos Macchi, peritos, tasadores y hasta un ex fiscal de Estado. Sospechados todos de formar una asociación ilícita para obtener recursos del Estado mediante la tasación al alza de los terrenos expropiados, fallos judiciales y pagos mediante.

Lo de Rawson es un expediente por el mismo procedimiento, expropiación, con ribetes similares porque comenzó con una diferencia de algo más de un millón de pesos y terminó con más de 300 que ahora debe pagar el municipio. Y lo que cambió la ecuación de manera terminante fue un fallo de la Corte a instancias de los empresarios dueños del inmueble expropiado –La Superiora-, una empresa integrada por Matías y Cristian Pallito. El primero, ahora juez y el otro, activo empresario de relaciones políticas y mediáticas en los últimos años.

Ese fallo ordena una nueva tasación del inmueble que originalmente había sido valorado en 6 millones, y en el 2023 pasó a costar más de 1.400 millones. Y como el municipio había pagado originalmente 5 millones (con lo que le quedaba sólo uno por pagar), luego de esa nueva tasación ordenada por la Corte a pedido de los empresarios terminó saltando a más de 370 millones, el proporcional impago de los nuevos 1.400.

Acá es donde comienzan los tironeos internos y las interpretaciones. Porque el fallo de la Corte incorpora la tasación a valores actuales y un método de cálculo de intereses que la propia justicia se encargó de desestimar en la megacausa de las expropiaciones y en todos sus fallos anteriores. De allí que ésta última resolución de la corte provincial puso en cuestión todos sus pasos anteriores, incluido el megaproceso se hoy se tramite en juicio oral y público por un posible desfalco de miles de millones de las cuentas del Estado.

El nuevo criterio de la Corte en el caso Rawson desentona con todo lo anterior en la tasa de interés, qué tipo y desde qué momento corresponde aplicarla. En la megacausa de Graffigna-Alday se calcula con tasa pasiva desde el año 1991 y eso fue lo que atacó la defensa de los intereses de la provincia.

En este caso de Rawson es la propia Corte la que retoma el criterio de tasa activa y por eso la tasación de La Superiora se elevó entre 3 y 4 veces más, argumentando en su resolución que lo hizo para que no se perdiera el valor del bien. De manera que en el fallo de Rawson, la Corte hace lo contrario a lo que había sostenido anteriormente.

El fallo de la Corte fue firmado por la sala II, integrada por Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana Nieto. Quedó afuera de la resolución Guillermo De Sanctis, el cortista que anteriormente había ocupado la Fiscalía de Estado y personalmente había llevado adelante en esa condición la megacausa de las expropiaciones contra Graffigna y compañía.

Nadie como él conoció inmediatamente que la resolución de sus colegas impacta de frente contra todo lo actuado no sólo por la Corte sino por la justicia provincial en casos anteriores. Teniendo en cuenta la compostura que requiera el cargo, no le quedó otra que rumiar en soledad su descontento por esta sorpresiva decisión que ocurrió en marzo de 2023, justo en medio de un complejo contexto electoral.

Justamente ese entorno político agregó más condimentos a los comentarios internos en la Corte y sus cercanías, que se conocieron recién ahora que se accedió al fallo ante la urgencia del municipio de Rawson de tener que pagar. Porque el fallo fue firmado por tres cortistas cercanos a la administración anterior antes de llegar al tribunal, y resultó beneficiando a empresarios conocidos. Y, vueltas de la vida, ahora con la carga de pagar a un intendente también de ese entorno, Carlos Munizaga.

A tal punto llegaron los chispazos que en la Fiscalía de Estado cayó como una bala de plomo la novedad del fallo de la Corte el año pasado, en ese momento en manos de Jorge Alvo. Porque los abogados especializados fueron a contarle lo que había resuelto la Corte, con la advertencia de que se trataba de una sentencia que va en contra de todo lo actuado hasta el momento. “Si esto queda así, corre el riesgo de estallar todo”, le advirtieron a Alvo. Por ejemplo, lo actuado por la propia Corte en otros casos, y citaron alguno sobre San Guillermo en el que citaron el fallo Maizen de Calderón para decidir lo contrario a lo que decidieron ahora.

La Fiscalía no intervino en ese expediente rawsino, como sí lo hizo en la megacausa de Graffigna y compañía en tiempos de De Sanctis. Pero sí la interesaron para que oficiosamente sugiriera a los apoderados de Rawson que dispusieran el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, al menos para dilatar la resolución o apostar a una resolución política.

Pero eso no ocurrió. Rawson –cuyo intendente era Rubén García, llegado por vía del giojismo pero luego eyectado- no acudió a la Corte Suprema, nadie sabe si por desidia o por consejo de alguien de que no lo hiciera para no poner los reflectores en esa causa. Y así el fallo quedó firme, con ejecución dispuesta ahora por la jueza Tettamanti por una cifra más de 300 veces mayor a la que ella misma había dispuesto originalmente y que los empresarios llevaron a la Corte.

Remarcan los observadores de estos ambientes judiciales un aspecto que les llamó la atención: la caligrafía muy similar entre el argumento con el que fundó la Corte su posición y los fundamentos utilizados por Santiago Graffigna en la megacausa de expropiaciones. Ambos en posiciones exactamente inversas, justificando con el mismo argumento. Por ejemplo, el fallo de la Corte fundado por Marcelo Lima y adherido por Daniel Olivares Yapur y Adriana Nieto invoca el artículo 17 de la Constitución Nacional que “establece la garantía de inviolabilidad y prohíbe la confiscación”. Exactamente lo mismo que argumentó Graffigna del mismo modo y con el mismo artículo constitucional en decenas de escritos para justificar los montos que cobró y de los fallos que obtuvo, ahora siendo objeto de sospecha en juicio oral.

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