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Rawson enfrenta un millonario pago por la extraña expropiación de La Superiora: de cuánto es el monto

Un pago que luego dejo una misteriosa deuda, una llamativa nueva tasación a valor actual ordenada por la Justicia y el protagonismo de actores y empresarios vinculados a la política, sus condimentos. La Municipalidad intenta dilatar.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La Municipalidad de Rawson enfrenta el pago de una deuda de 300 millones de pesos por la extraña expropiación de la bodega que actualmente es el Complejo deportivo y cultural La Superiora. La deuda que dejó un exintendente se transformó en esa suma millonaria que debe afrontar la actual gestión de Carlos Munisaga. La nueva administración busca oxígeno para dilatar el proceso de pago. Sin embargo, el fallo de la Corte de Justicia de San Juan está firme. En el medio, una llamativa tasación a valor actual y el nombre de un conocido grupo empresario.

El origen del conflicto que atraviesa el municipio de Rawson está en la expropiación de La Superiora que hizo Juan Carlos Gioja. El exjefe comunal llevó adelante el proceso en el 2012 con el objetivo de transformar el predio de la bodega en un espacio que tenga un eje deportivo, social y cultural. Incluso con la instalación del Museo Arqueológico Mariano Gambier, recientemente reinaugurado en Rawson.

En ese momento, no hubo un acuerdo entre la firma propietaria, Sociedad Cuyo Inversores, presidida por el empresario Matías Pallito -hermano de Cristian, un contador de reconocidas apariciones en círculos políticos y mediáticos en los últimos meses- y la Municipalidad, sobre el precio del inmueble. Gioja demostró la utilidad pública del predio y recurrió al Tribunal de Tasaciones que valuó todo en 5 millones 800 mil pesos. El entonces intendente pagó de forma expedita y la Municipalidad se transformó el dueña de la exbodega, que supo ser emblema del sector.

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Ubicación del predio.

Ubicación del predio.

Sin embargo, la sociedad reclamó el revalúo del inmueble y persistió en la queja hasta que el tribunal de la expropiación redefinió el precio en un total de 6 millones 800 pesos. Es decir, la gestión Gioja dejó un saldo negativo de un millón de pesos, que Pallito reclamó por los andariveles judiciales. La causa cayó en la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. La jueza resolvió que se pague el saldo adeudado. La cuestión se demoró y las distintas presentaciones de la sociedad de responsabilidad limitada llevaron la causa hasta la Corte de Justicia, que no sólo le dio la razón sino que ordenó una nueva valuación que hizo saltar el valor. Encima, el municipio no apeló y el fallo quedó firme.

Según fuentes municipales, la causa se empantanó en 2020, durante el mandato de Rubén García. En ese entonces, el asesor Letrado de la Municipalidad, Pablo Manzur, no hizo la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte local y eso repercutió en la situación actual. La Sociedad Cuyo Inversores sí presentó un recurso extraordinario a la Corte que, de manera llamativa, argumentó que era necesario tasar nuevamente los inmuebles. En un fallo plenario, firmado por Marcelo Lima, el máximo tribunal local ordenó que se actualice la tasación, que elevó el valor de la propiedad a 1.474 millones de pesos, de los cuales la Municipalidad deberá el 14% -300 millones de pesos- más costas. Es decir, la deuda actual, que pasó de un millón a 300.

En los ambientes jurídicos llamó la atención esa decisión de la Corte de Justicia provincial. Porque ese es el motivo del salto de la valoración del inmueble reclamado por los dueños a los expropiadores, es decir el municipio. Lo que les parece extraño es que el máximo tribunal de justicia de la provincia haya convalidado, con la participación del Tribunal de Tasaciones del año pasado, una valuación a valores actuales. Porque ese justamente es el nudo del escándalo de las expropiaciones en el que se acusa a un grupo de abogados encabezado por Graffigna y Alday de inflar los valores de varios terrenos expropiados -entre ellos el del Parque de Mayo- utilizando la mecánica de tasarlos a valores actuales, cuando ya le estaban cargando intereses. Es decir, una doble actualización.

Y ahora, el máximo tribunal judicial de San Juan utiliza esa metodología cuestionada en la megacausa de las expropiaciones que además de los citados abogados también tiene acusados a integrantes del Tribunal de Tasaciones, peritos, ex fiscal de Estado y un ex juez, sospechados de integrar una asociación ilícita. Esa curiosidad fue lo primero que se hizo notar una vez que se conoció el fallo de los supremos sanjuaninos en julio del año pasado.

Ese fallo ocurrió justo después de las elecciones de mayo que dieron por electo al actual intendente Carlos Munisaga el 14 de mayo, el mismo día que quedaron sepultadas las intenciones del entonces jefe comunal Rubén García, quien iba por la reelección y quedó muy lejos de obtenerlo. A partir de allí, el municipio continuó en manos de García hasta el cambio de gobierno el 10 de diciembre. En ese lapso, no presentó ninguna apelación ante la Corte Suprema que al menos dilatara los tiempos, por lo que ahora el fallo está firme y la jueza Tettamanti se dispone a su ejecución. Es decir, a cobrarlo.

Uno de los abogados que iniciaron la demanda es Martín Turcumán, miembro del partido ADN, eje del espectro provincial del presidente Milei. Sin embargo, dijo a Tiempo que actualmente no está enrolado en la causa: "Hace muchos años firmé la demanda, pero no la seguí". Ahora, el encargado es el letrado Roberto Gómez.

Las fuentes aseguraron que el monto es un mazazo a la gestión. Si bien no habría problemas para afrontar los compromisos habituales, desde la Municipalidad afirmaron que sí perjudicará el plan de mejoras que desplegó Munisaga en materia de iluminación y servicios. Ahora, la asesora Letrada de Rawson, Vanesa Laciar, busca dilatar el proceso de pago del monto millonario. Hizo el intento de presentar el pedido de nulidad de la nueva tasación porque el Tribunal de Tasación no hizo parte a la Municipalidad. "La tasación nueva se hace sin nuestra participación", dijeron. Presentó un recurso de queja que fue rechazado el tiempo récord por las juezas María Josefina Nacif y María Eugenia Varas.

El jueves a la mañana, Laciar y el secretario de Modernización municipal, Adriel Fernández, presentarán un informe detallado de la situación judicial y financiera que involucra el pago de los 300 millones de pesos ante el Concejo Deliberante. El cuerpo deliberativo tomará conocimiento y dará el OK o no para iniciar el proceso de pago que tiene sentencia firme de la Corte por la falta de impugnación de la gestión pasada. La parte expropiada quiere cobrar o que se le dé una parte del predio.

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