Novedades sobre la millonaria expropiación del Complejo La Superiora, en Rawson. Este jueves 3 de octubre, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil emitió un fallo judicial. El documento ordenó tasar nuevamente el complejo y reenviar la causa a otro Juez de Primera Instancia.
El fallo cuenta con el dictamen de los jueces de Cámara, María Josefina Nacif y Juan Carlos Pérez, y el presidente Juan Jesús Romero. Hicieron lugar al “recurso de apelación impetrado en subsidio por la actora anulando el decisorio de fojas 855 de autos”. El documento procede a determinar “el valor real y actual de inmueble de conformidad a la pericia practicada a fojas 573/577 de autos”, con la participación de la Tribunal de Tasaciones de la Provincia.
Además, dispusieron el reenvío de la causa para que otro Juez de Primera Instancia resuelva la causa. También les ordenaron a los abogados Martín Turcumán y Roberto Agustín Gómez que “se abstengan de repetir conductas por demás reprochables”.
Las partes estaban expectantes sobre el eventual fallo. El municipio que conduce Carlos Munisaga tenía decidido ir a la Corte de Justicia si la resolución era contraria a sus intereses y las juezas María Eugenia Varas y María Josefina Nacif no anulan el proceso de la segunda tasación. Los empresarios expropiados no descartaron tomar el mismo camino en caso de verse desfavorecidos, pero quieren conocer la letra chica antes de tomar una definición.
El 28 de mayo, este diario dio a conocer el caso de expropiación de La Superiora. La Municipalidad de Rawson enfrenta el pago de una deuda de 371 millones de pesos por la llamativa repotenciación de la valuación del inmueble, ordenada por la Sala II de la Corte de Justicia, que está integrada por Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto.
La disputa por la expropiación de La Superiora comenzó en 2012, durante la gestión del intendente Juan Carlos Gioja. En aquel momento, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en 6.800.000 pesos. El jefe comunal ya había pagado 5.000.000 pesos y el municipio debía pagar un poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% del total. Tanto el municipio como los exdueños - entre los cuales se encuentra el empresario Matías Pallito- apelaron y el caso llegó a la Corte de Justicia, que ordenó la nueva tasación, a principios del 2023, según la interpretación que hicieron los jueces de la ley vigente. Esta nueva valuación aumentó el valor del inmueble a casi 1.500 millones de pesos, elevando la deuda de Rawson a 370 millones de pesos, incluyendo intereses.
Aunque la administración municipal anterior, de Rubén García, no cuestionó ni el fallo de la Corte ni la nueva tasación, la actual gestión de Carlos Munisaga solicitó la nulidad del proceso. La Sala IV de la Cámara Civil accedió a analizar el planteo, suspendiendo la ejecución de la sentencia hasta tomar una decisión definitiva. Esta postura fue calificada por Cuyo Inversiones como un "escándalo jurídico", dado que Rawson no se opuso al nuevo valor de la tasación en su momento, y ahora intenta impugnarlo seis meses después bajo el argumento de que es una nueva administración municipal. Denunció que la Cámara aceptó tratar una queja “extemporánea” del municipio de Rawson sobre la nueva tasación del inmueble, retrasando aún más la resolución del conflicto que ya lleva doce años sin resultados.
En su escrito, firmado por el excandidato a gobernador y referente de Javier Milei en San Juan, Martín Turcumán, que patrocina a la sociedad, la empresa sostuvo que, debido a esta situación, “no pueden recuperar su debida integral indemnización”. Tal como anticipó TIEMPO, el descargo judicial fue presentado justo antes de la Feria Judicial.
En el documento, Cuyo Inversiones solicitó una medida cautelar sobre el terreno de la exbodega, impidiendo cualquier tipo de mejora o construcción hasta que se defina el juicio. En tanto, puntualizaron que hace 12 años la deuda ascendía a 200.000 dólares, y la nueva tasación arroja un monto similar en moneda extranjera, manteniendo su valor pese a la inflación y las fluctuaciones económicas. “Los años pasan, las administraciones pasan, y los propietarios miran incrédulos como ninguna intendencia quiere abonar la deuda”, dijeron.
Por su parte, el equipo jurídico de Rawson, encabezado por la asesora Letrada, Vanesa Laciar, logró obtener oxígeno, pero todavía tiene que pagar la cifra millonaria porque el fallo de la Corte está firme. La erogación representaría para la Municipalidad una "catástrofe financiera", de acuerdo a lo que señaló el secretario de Modernización del municipio, Adriel Fernández. Justamente, la queja que aceptaron las juezas Nacif y Varas permite que no se ejecute la deuda hasta que se resuelva la cuestión de fondo: si la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, denegó correctamente o no el pedido de nulidad que hizo la gestión de Munisaga ni bien conoció la deuda.
"El único cometido del recurso de queja es permitir que este Tribunal de Alzada examine si la apelación ha sido bien o mal denegada, implicando una suerte de revisión de la negativa en lo atinente a la concesión del recurso", escribieron las juezas en el argumento de la resolución que oxigena a la administración de Munisaga, que se verá duramente afectada en sus cuentas si afronta el pago millonario.
Cabe recordar que Rawson solicitó a Tettamanti la anulación de la nueva tasación del inmueble, la cual se llevó a cabo después del fallo de la Corte de Justicia. Esa tasación valoró el predio de La Superiora en 1.474 millones de pesos, basándose en la comparación con otros terrenos de medidas distintas y ubicados lejos de la exbodega.
Sin embargo, la presentación fue rechazada. Posteriormente, la Municipalidad planteó un recurso de reconsideración, que también fue denegado. La jueza argumentó que la municipalidad aceptó el nuevo valor determinado por el Tribunal de Tasaciones, ya que este fue dictado en septiembre de 2023 y no fue impugnado por los abogados del municipio en ese momento, lo que lo hizo firme. En su recurso, la administración de Munisaga expresó su discrepancia, indicando que el monto resultante de la tasación no representa el verdadero valor del terreno en una zona no cotizada, y que esta valoración y la denegación del planteo les ocasionan un perjuicio.