Días atrás, el Gobierno Nacional anunció que auditará a los 1,2 millones de beneficiarios que gozan de pensiones por invalidez y que citarán para detectar si las reciben irregularmente, ya que según la óptica de Javier Milei, se montó un sistema ilegal durante los gobiernos kirchneristas donde participaron gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de salud. Bajo esta hipótesis, se habrían desviado 3.400 millones de dólares y por ello hay una denuncia penal. En San Juan son 25.126 los beneficiarios de estas pensiones que serán puestos bajo la lupa como todos los demás en el país. Si las sospechas oficiales son correctas, podrían ser dadas de baja alrededor de 10.050 pensiones por invalidez en la provincia pero todo depende del estudio nacional.
Según consignó Infobae, con datos extraidos desde ANSES, en Argentina son 1.213.293 las personas con pensiones por invalidez. Este tipo de asistencia la reciben argentinos y argentinas que debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes. Esto implica una erogación para el Estado que supera los 3.600 millones de dólares anuales, según el cálculo realizado por Infobae.
Mientras en el país los pensionados por invalidez representan el 2,64 % de la población, San Juan con 822.853 habitantes tiene un 2%, es decir, por debajo de la media nacional. Pero se ubica en el lugar número 12 teniendo en cuenta la tasa de pensionados por cada 100.000 habitantes, superando a provincias como Córdoba y Mendoza, según se puede apreciar en el gráfico.
El detonante de esta auditoría fue una denuncia presentada semanas atrás por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán. La presentación pide que se investigue “el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández; así como los por entonces Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez"
Según Marijuán, el ex Presidente y los funcionarios señalados "habrían defraudado al Estado Nacional, mediante la conformación y materialización de un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolos especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.
La Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS) estima que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión, según publicaron medios nacionales. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del Norte.
Si las sospechas del organismo oficial son correctas, en San Juan podrían quedar bajo la lupa y dadas de baja alrededor de 10.050 pensiones por invalidez, de acuerdo a la proyección del 40% irregular en el país informado.
Cómo será la auditoría
Según se informó, la auditoría nacional consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSES o un hospital público para acreditar su situación.
También se revisará el perfil socio económico del beneficiario. Expresamente, se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites. Es decir, se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Con toda esa información, la ANDIS resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede insumir entre 30 y 45 días. Si el organismo considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia de apelación. Un tema importante. Si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.
El Gobierno Nacional indicó que la ANDIS, que conduce el abogado Diego Spagnuolo, será lo más objetiva posible y no le quitará el beneficio a quien realmente cumpla con los requisitos. Fuentes oficiales señalaron que quedarán al margen del operativo los 100.000 niños menores de edad y los 60.000 adultos mayores que hoy la están cobrando.
En la ANDIS ya hicieron una mini auditoría sobre unos 3.000 casos a principios de este año. El informe que elaboró la agencia dice: “Se concluyó que entre el 80% y 90% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos mínimos para ser otorgadas. De acuerdo con los datos aportados según su distribución geográfica, las pensiones se registran principalmente en la provincia de Buenos Aires.” Se habrían destinado a estas pensiones y gastos asociados cerca de 3.000 millones de pesos, que no debieron haberse gastado.
(Con información de Clarin e Infobae)
