En un movimiento orientado a profundizar el ajuste del gasto público y la eficiencia energética, el Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo endeudamiento externo por hasta 300 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Banco Mundial. La medida, formalizada mediante el Decreto 900/2025, busca financiar el proyecto de “Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles”.
Detalles de la operación financiera
Este nuevo crédito funciona como un financiamiento adicional a un programa que se ejecuta desde 2023, complementando un préstamo original de otros 300 millones de dólares aprobado anteriormente. Según lo establecido, el préstamo tendrá un plazo total de entre 32 y 35 años, con un período de gracia de entre 6 y 7 años.
La tasa de interés será variable, vinculada al indicador SOFR más un margen, condiciones que el Gobierno calificó como “usuales” y más manejables que las que el país obtendría en los mercados internacionales. El Banco Central (BCRA) informó que el impacto de esta deuda sobre la balanza de pagos será "limitado".
Objetivo: Racionalización y focalización de los subsidios
El propósito central de estos fondos es fortalecer la capacidad del Estado para racionalizar los subsidios energéticos, uno de los pilares del programa económico libertario para alcanzar la sostenibilidad fiscal. El financiamiento apunta a:
- Segmentación tarifaria: Profundizar la quita de subsidios para reducir el gasto público.
- Focalización en sectores vulnerables: Asegurar que la asistencia llegue a los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la energía.
- Integración de servicios: El esquema incluirá tanto a usuarios de gas de red como a beneficiarios de gas envasado (garrafas), integrando a los más de 3,3 millones de personas del Programa Hogar al nuevo régimen.
Hacia un nuevo esquema tarifario en 2026
El apoyo del Banco Mundial se alinea con la estrategia de transición hacia los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), previstos para implementarse a partir de 2026. Bajo este esquema, se eliminará la segmentación actual de tres niveles (N1, N2, N3) para simplificar el sistema en solo dos categorías: hogares subsidiados y hogares que pagarán el costo pleno.
Para acceder a la asistencia, los hogares deberán tener ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que a valores de noviembre representaba aproximadamente $3.771.987 mensuales. Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migrados automáticamente al nuevo sistema.
Ejecución y marco político
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, será el organismo encargado de ejecutar los fondos, con la participación del ENRE en los aspectos regulatorios. Políticamente, esta operación refleja la estrategia oficial de apalancarse en organismos multilaterales para financiar reformas estructurales, evitando recurrir al mercado voluntario de deuda mientras se mantienen las restricciones financieras.