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SUSCRIBITELa medida había sido dispuesta por un juez, que ordenó la inhibición de bienes para el penitenciario Alejandro Jofré y su familia. Ahora, la Justicia levantó el embargo sobre las cuentas sueldo de su hermana y su padre.
El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
A poco más de un mes de que se ordenara la inhibición de bienes y el embargo de cuentas en el marco de la presunta estafa por $206.000.000 que tiene como imputado al penitenciario y a su entorno familiar, la Justicia resolvió levantar la retención de los sueldos del padre y la hermana del principal sospechoso. La decisión se tomó luego de que la abogada defensora de la familia presentara un amparo judicial para que se revisara el alcance de la medida.
La causa tiene como principal imputado al penitenciario Alejandro “Tati” Jofré, acusado de haber montado una presunta maniobra de falsas inversiones con la que habría engañado a compañeros del Servicio Penitenciario y a personas de su entorno. Según la investigación dirigida por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el agente ofrecía negocios con supuestas ganancias rápidas y lograba que las víctimas le entregaran importantes sumas de dinero.
Las primeras denuncias surgieron a mediados de 2025 y derivaron en la detención del agente penitenciario el 5 de septiembre último. Dos días después, durante la audiencia de formalización, el juez Matías Parrón dio por habilitada la investigación penal preparatoria por el delito de estafas reiteradas y dispuso la prisión preventiva de Jofré.
El expediente tuvo un avance clave a comienzos de noviembre, cuando en una audiencia de formalización el fiscal Heredia amplió la imputación contra Jofré y sumó en la causa a su novia Gabriela del Rocío González, a su hermana Carla Luciana Jofré y a su padre Américo Jofré, señalados como presuntos partícipes necesarios de las maniobras. En ese marco se acumularon un total de 44 denuncias, con un perjuicio económico estimado en $206.000.000, aunque hasta el momento el único detenido en la causa es el propio penitenciario, quien permanece con prisión preventiva.
En esa misma resolución, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de los bienes muebles registrables y de las cuentas bancarias vinculadas a las transferencias investigadas. La medida alcanzó a Jofré y también a sus familiares imputados, con el objetivo de resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales mientras avanza el proceso penal.
Sin embargo, esa decisión derivó luego en un planteo de la defensa. La abogada María Filomena Noriega presentó un pedido de amparo al advertir que el Banco San Juan había extendido la restricción a las cuentas sueldo del padre y la hermana de Jofré, pese a que esas cuentas no estaban relacionadas con la defraudación investigada. Además, porque tenía que cubrir gastos diarios de alimentación y alquileres, pero sin esa plata no podía vivir. Tras una audiencia aclaratoria, el juez precisó que esos fondos no habían sido embargados y ordenó oficiar a la entidad bancaria para que se levantara la retención, permitiendo que ambos puedan disponer libremente de sus haberes.