El orreguismo tenía casi todo listo para aprobar la nueva Ley de Transporte. Sin embargo, puso el freno por varias razones. El Gobierno sanjuanino no quiere cometer "errores" del pasado más reciente como el caso de la implementación inicial de la Red Tulum que hizo la gestión uñaquista. Por eso, definió un stand by en debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputado provincial hasta después de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.
Cada sector político que compone la Legislatura provincial tuvo una participación activa en la discusión de las comisiones. La iniciativa del Ministerio de Gobierno, a cargo de Laura Palma, hoy candidata a diputada nacional por el frente oficialista Por San Juan, encontró obstáculos en el bloque Justicialista. El peronismo puso reparos respecto a la letra chica del proyecto. Principalmente, de acuerdo aseguraron desde la bancada opositora, porque "nos enteramos por declaraciones mediáticas medidas que la escritura del proyecto no contiene".
El bloque que preside el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, también titular del Partido Justicialista sanjuanino, afirmó que "muchas de las nuevas regulaciones están atadas a cuestiones accesorias y no de fondo". No obstante, son conscientes de que su voz en la Legislatura no tiene el peso de antes. De hecho, este diario calificó a la bancada, conformada por los sectores del senador Sergio Uñac y del exgobernador José Luis Gioja, como "el bloque mayoritario que no logra construir mayoría".
Por el contrario, el orreguismo tiene los votos para avanzar con el proyecto que considere necesario. ¿Por qué? Básicamente porque cuenta con el bloque propio de Producción y Trabajo (12) más los votos del aliado bloque Bloquista, encabezado por Luis Rueda, que tiene cuatro. Y hay que agregar el voto fijo del angaquero Marcelo Mallea. Son 17 manos levantadas para cualquier reforma oficialista. El proyecto de Ley de Transporte podría haber salido sin problemas. Entonces, ¿por qué no sucedió?
El Gobierno sanjuanino decidió poner un freno y ampliar la mesa de negociaciones con sectores del transporte. Ya hubo varias -muy nutridas- reuniones de comisiones. El diputado del PRO, Enzo Cornejo, que preside la Comisión de Obras y Servicio, obtuvo el dictamen de mayoría para luego debatir el proyecto en el recinto. En tanto, el diputado Juan de la Cruz Córdoba, titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), no pudo emular el mismo éxito. Seguirá trabajando en eso, dijeron las fuentes.
Naturalmente, el secretario de Transporte, Marcelo Molina, acudió a las citas ampliadas para explicar la intención de la nueva legislación. Según la explicación, a grandes rasgos, el proyecto de ley busca ordenar y regular la prestación del servicio público de transporte de personas y cargas —tanto de manera individual como colectiva— dentro del territorio provincial, ya sea en forma permanente, transitoria o eventual.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), al que deberán inscribirse todos los transportistas, conductores y vehículos que operen en cualquiera de las modalidades previstas por la normativa. La ley también contempla que, para ser incluido en este registro, los vehículos deberán estar inscriptos en un Registro Automotor con jurisdicción en la provincia de San Juan.
Hay un antecedente reciente que el oficialismo recordó y prefiere evitar una situación análoga. Ya hubo una reforma de una parte del sistema de transporte. La exministra de Gobierno, Fabiola Aubone, puso en funcionamiento la Red Tulum. Inicialmente, el nuevo esquema generó confusión y zozobra en los usuarios. Incluso, algunos funcionarios como el exdirector de Tránsito, Carlos Romero, quedó en el ojo de la tormenta y desde la propia gestión de Uñac lo calificaron como un "funcionario que no funciona" acorde a los comentarios políticas de esa época (2021-2022).
El cambio en el transporte repercutió en las elecciones, donde el peronismo estuvo muy cerca de empatar con la oposición, y también en el armado del Gabinete del exgobernador, quien postuló a Aubone como candidata a diputada nacional en segundo término casi como una manera de alejarla de un problema que no supo solucionar a tiempo. Después llegó al Ministerio de Gobierno el exsecretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, con el argumento de "sumar volumen político" al Gabinete.