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SUSCRIBITEEsta causa tuvo varias idas y vueltas en los últimos meses. Cuando se intentó formalizar la investigación en mayo de 2025, la jueza de Garantías dijo que los imputados debían ser juzgados en San Luis. Después, un juez de impugnación dio vuelta esta resolución y resolvió que debía ser en San Juan.
Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
El caso del pago millonario por error de la Minera Andina del Sol finalmente tiene fecha para avanzar en la Justicia sanjuanina. Después de varios meses de idas y vueltas, se confirmó que el próximo 30 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de formalización, un paso clave para determinar responsabilidades en torno a la transferencia equivocada de $110.000.000.
La historia comenzó cuando la compañía radicada en Iglesia denunció que había girado esa suma millonaria por equivocación y que, lejos de devolverla, los destinatarios se habrían quedado con el dinero. La investigación se abrió de inmediato, pero el proceso judicial se empantanó por una discusión sobre la jurisdicción competente.
El matrimonio que está en la mira y que es oriundo de San Luis es Roberto Dany Sarmiento y Myriam Muñoz.
En mayo de 2025, cuando estaba previsto dar inicio a la formalización, la jueza de Garantías consideró que los hechos debían ser juzgados en la provincia de San Luis, donde se encontraban los supuestos responsables del cobro. Esa decisión generó un fuerte revés para la fiscalía sanjuanina, que insistía en que la causa debía tramitarse en la provincia, dado que la minera tiene asiento en San Juan y el perjuicio económico se registró aquí.
Los imputados oriundos de San Luis nunca comparecieron en Tribunales, siempre estuvieron conectados a través de Zoom. En la última audiencia, estos aparecían como conectados, pero se desconoce si estaban del otro lado de la pantalla, porque apagaron la cámara. El juez dejó en constancia esta actitud, de igual manera nunca fue encendida.
La polémica llegó al juez de Impugnación Renato Roca, quien finalmente resolvió que el expediente debía quedarse en San Juan, dejando sin efecto lo dispuesto en primera instancia. Con esa decisión, el camino quedó despejado para que se retome el trámite judicial en la provincia. Cabe destacar que Roca no apartó a la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, así que será ella la que estará al frente.
Ahora, con la fecha de audiencia confirmada, el expediente entra en una etapa definitoria. Allí se leerán los cargos contra los imputados (que serían los mismos que se leyeron en mayo de 2025) y se fijarán los lineamientos de la investigación penal, en una causa que ha generado repercusión tanto por la magnitud de la suma involucrada como por la complejidad procesal que la rodeó.
Cuando el fiscal Guillermo Heredia solicitó que el caso quede formalizado para que se empiece a investigar de manera legal, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, dio un volantazo inesperado con su resolución. Declaró la incompetencia y dijo que debía investigarse en territorio puntano. Esta resolución fue recurrida e impugnada por el fiscal Heredia, dado que insistió que el caso era competencia de la provincia. También hicieron lo mismo los querellantes, los abogados Juliana Vizcaino y Rubén Pontoriero, y posteriormente por la fiscal de impugnación Marcela Torres. Finalmente, el juez de Impugnación Renato Roca resolvió que el caso deberá ser investigado en San Juan.