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SUSCRIBITELos acusados, oriundos de San Luis, siguieron la audiencia a través de Zoom y con la cámara apagada. La fiscalía y los representantes legales de Minera Andina del Sol explicaron porqué el caso debe producirse en San Juan. La defensa insistió que debe ser en la justicia puntana.
La presunta estafa de $110.000.000 a la empresa Minera Andina del Sol tuvo un nuevo round en la Justicia. La jueza Gloria Verónica Chicón el pasado 9 de mayo se declaró incompetente y resolvió que la causa debía investigarse en San Luis. Eso quería decir que los sospechados de haber hecho la maniobra contra la minera, Roberto Dany Sarmiento, y su esposa Myriam Muñoz, iban a rendir cuentas en la Justicia puntana.
La resolución de la magistrada Chicón fue impugnada. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la representante de los intereses de la empresa, la letrada Juliana Vizcaino, solicitaron que el caso siga investigándose en San Juan. Su pedido al juez de Impugnación Renato Roca fue declarar la nulidad de la resolución de la jueza y, por consiguiente, apartarla de la causa.
La pareja que está en la mira siguieron la audiencia a través de Zoom pero con la pantalla apagada. Es decir que no se podía comprobar si estaban del otro lado atentos a lo que se dijo.
El argumento de la jueza en su resolución decía que el ardid o maniobra delictiva habría ocurrido en San Luis y no en este territorio. El abogado defensor de los acusados, Omar Quiroga, manifestó que, según el relato de los hechos, la supuesta maniobra delictiva de Sarmiento en enviar $107.019.000 a otra cuenta (la de su esposa, Muñoz) ocurrió en San Luis. “El desapoderamiento del dinero se hizo en San Luis. La transferencia se hizo en ese territorio y no en San Juan”, expresó el abogado.
Ahí está la diferencia con la querella y la fiscalía. Estas dos partes interpretaron que el delito se efectuó en la provincia, porque la transferencia errónea se realizó en territorio sanjuanino y la recibió una cuenta bancaria puntana. La fiscalía, representada por Marcela Torres, explicó en sus fundamentos que la resolución de Chicón fue arbitraria y sin fundamentos.
La abogada Vizcaino volvió a repetir que el imputado Sarmiento abusó de la confianza de la persona que le envió por error el dinero. El 26 de diciembre de 2024, el responsable de Recursos Humanos le informó por mensaje a Sarmiento que se le había enviado por error la indemnización ($107.019.000) que ya había recibido el 18 de ese mes, porque lo habían echado sin causa y ese monto era su indemnización.
Supuestamente, Sarmiento le respondió en aquella ocasión que no se hiciera problema y que la iba a devolver cuando impactara en su cuenta bancaria. Hay constancias que esa cantidad de dinero impactó al día siguiente (27 de diciembre) y que Sarmiento la transfirió a la cuenta de su esposa, apellido Muñoz. “Sarmiento sabía que le iba a impactar ese dinero”, expresó.
Según las partes acusadoras, Sarmiento después desapareció e hizo caso omiso a las cartas documentos enviadas, por tal razón se hizo la denuncia contra ellos en UFI Delitos Informáticos y Estafas (investigación que al inicio cayó en manos del fiscal Nicolás Albo).
El responsable de RR.HH. intentó comunicarse con él a través de mensajes y 18 llamados pero nunca tuvo respuesta. La empresa decidió intimar a estas personas con carta de documento pidiendo la devolución y nunca respondieron.
Ahora será el juez de Impugnación Renato Roca el que resolverá finalmente si el caso sigue con su rumbo en San Juan o en San Luis.