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SUSCRIBITEEl Gobierno de San Juan envió a la Cámara de Diputados un proyecto para ratificar un convenio con DECSA, en medio de una disputa judicial con el municipio por la facturación del alumbrado público y el manejo del Cargo Único Municipal. La iniciativa busca mejorar el servicio eléctrico y extender asistencia energética a zonas rurales.
El Gobierno de San Juan envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para su debate y eventual aprobación, con el objetivo de ratificar un Convenio de Asistencia y Cooperación firmado el 25 de julio de 2025 entre la Provincia y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA). La iniciativa llegó a comisiones legislativas justo cuando el municipio mantiene un litigio judicial con la empresa, lo que agrega tensión política al tratamiento del tema.
Según confirmaron fuentes legislativas, el acuerdo —que ya fue rubricado por el gobernador Marcelo Orrego y las autoridades de DECSA— busca establecer una colaboración formal para mejorar el servicio eléctrico, garantizar una prestación continua, segura y de calidad, y atender necesidades sociales en zonas aisladas mediante sistemas de energía no convencional.
El proyecto sienta las bases para una cooperación técnica, operativa y administrativa en la distribución, sostenimiento y mejora del servicio eléctrico, con especial foco en la ciudad de Caucete, pero con alcance a comunidades rurales que hoy carecen de redes tradicionales.
La llegada del proyecto a comisiones ocurre mientras la intendenta peronista de Caucete, Romina Rosas, mantiene una demanda civil, comercial y minera contra DECSA y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). El municipio presentó una acción de nulidad y una medida cautelar de “no innovar” para frenar dos resoluciones del organismo que reconocen una deuda de $500 millones a favor de la distribuidora.
La gestión de Rosas acusa al EPRE de favorecer a la empresa en la disputa por la facturación del alumbrado público y el manejo del Cargo Único Municipal (CUM), un recargo que financia la iluminación de calles y edificios comunales. Según una auditoría técnica, el consumo real de las más de cinco mil lámparas de la ciudad sería casi cinco veces menor al que imputa la distribuidora, lo que configuraría un cobro indebido.
Además, el municipio denuncia irregularidades en la recaudación del CUM y la ausencia de una audiencia pública, que a su entender vulnera el derecho de los usuarios a participar. Mientras avanza la causa, la comuna pidió que se suspenda cualquier cobro y que la facturación se ajuste a los consumos efectivamente medidos.
El gobernador Orrego defendió el envío de la ley por una combinación de razones operativas, sociales, institucionales y legales:
Garantizar y mejorar el servicio eléctrico: el acuerdo permitirá optimizar la infraestructura y asegurar un suministro de calidad en Caucete.
Cumplir una función social: la asistencia energética a zonas rurales busca llegar a sectores aislados mediante energías no convencionales.
Formalizar una colaboración vigente: Gobierno y empresa ya mantienen una interacción permanente, por lo que se considera “prudente, necesario y ajustado a derecho” otorgarle un marco legal.
Requisito constitucional: la Constitución de San Juan obliga a que este tipo de convenios, aunque puedan ser firmados por el Ejecutivo, cuenten con la aprobación de la Cámara de Diputados (artículos 150 inciso 2 y 189 inciso 9).
El convenio contempla la posibilidad de firmar actas complementarias para definir proyectos concretos, con objetivos, cronogramas y responsabilidades. Tendrá vigencia indefinida, salvo que alguna de las partes decida rescindirlo con aviso previo de 60 días.