Las universidades públicas de todo el país anunciaron que recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), actualmente suspendida por decreto del Poder Ejecutivo. La decisión fue adoptada por unanimidad durante un plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reunió este martes a las rectoras y rectores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En representación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) participó de manera virtual el rector Tadeo Berenguer, junto con las máximas autoridades de todas las universidades públicas del país.
“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, destacó el presidente del organismo, Oscar Alpa, al cerrar el encuentro.
El debate giró en torno a la suspensión del cumplimiento de la norma que había sido aprobada por el Congreso en agosto, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por la oposición el 2 de octubre. Aunque la ley fue promulgada, su aplicación quedó suspendida, lo que las autoridades universitarias consideran una vulneración del principio de división de poderes.
“Un decreto no puede suspender una ley”, enfatizó el decano anfitrión, Leandro Vergara, quien calificó como “grave para la institucionalidad democrática del país” la naturalización del incumplimiento de una norma “con amplia legitimidad social, institucional y política”.
En la misma línea, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades han sido “muy responsables y serias priorizando siempre los caminos institucionales”, pero que “corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Además de la acción judicial, el plenario resolvió solicitar al Congreso Nacional la aprobación del Presupuesto 2026, incorporando como base los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
