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SUSCRIBITEConforme el argumento brindando desde el Gobierno nacional, la decisión está atada a lo que resuelva el Congreso sobre las fuentes de financiamiento.
Una de cal y una de arena. Esa es la sensación que genera la última decisión del Gobierno nacional en torno a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario, dos temas de vital importancia para el Ejecutivo nacional y donde recibió el revés más duro del actual año en el Congreso por parte de los legisladores. Pese a que se promulgaron ambas leyes, tras la caída de los vetos, se indicó la postergación de la aplicación.
Así lo señalan la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados este martes en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación real de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En el detalle que figura sobre el costo que representaría la puesta en marcha de ambas normativas, el Ejecutivo sostiene que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
En ambos decretos, el Gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156. Por ello, su ejecución queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Teniendo en cuenta el contexto electoral, lo que puede suceder luego del domingo, el tratamiento del Presupuesto 2026 y la llegada de fondos extranjeros, sin duda todo parece indicar que se dilatará la aplicación de ambas leyes que representaron una victoria con sabor a poco para algunos sectores que lograron el aval del Congreso, pero se toparon con la negativa de Milei y los suyos.