La Cámara de Diputados le dio el ok a la recensión del contrato que la Provincia tenía con la UTE que construía El Tambolar. La obra quedó con 41,39% de avance. El cálculo que se maneja dentro del gobierno es que hacen falta 300 millones de dólares para terminar el cuarto dique sobre el Río San Juan. Con un escenario nacional que conspira con el envío de fondos para la obra pública, hay dos ideas que se barajan puertas adentro de la casa de calle Paula. Por un lado, acceder a un crédito internacional y por el otro, acordar con un privado la terminación de los trabajos a cambio de la concesión de la energía que produzca el dique.
En enero la obra se paralizó completamente. Cammesa, que aportaba el grueso de los fondos para la construcción, empezó a desacelerar el envío de recursos a partir del 2022. El ritmo de los trabajos comenzó a bajar paulatinamente hasta el punto final, que lo puso el gobierno nacional con el ajuste a la obra pública.
Para evitar continuar con un contrato cuyas condiciones originales no iban a poder ser cumplidas por ninguna de las partes, se terminó llegando a un acuerdo para rescindir el contrato. No fue fácil la negociación. Convencer a Panedile, SACDE, Sinohydro y Petersen Thiele y Cruz implicó un trabajo complejo, con representantes legales e influencias políticas de por medio.
Entre las ideas que se manejan para resucitar El Tambolar hay dos que viene cobrando fuerza. Una es la búsqueda de financiamiento internacional. Como San Juan es una provincia desendeudada en el exterior, resulta un mercado atractivo para los organismos de crédito. Hay un teléfono al que llamar dentro del Banco Mundial, donde hay contactos sanjuaninos, según aseguraron.
El otro camino es ofrecer la concesión de la energía que produzca el dique por 30 o 50 años a cambio de la terminación de la obra. Sería un modelo nuevo para la provincia, en el que la empresa que construya se cobraría con la energía eléctrica que produzca el dique en el futuro.
Ambas son iniciativas que están en carpeta. El gobernador Marcelo Orrego será quien decidirá qué pasará con la construcción del dique, que durante el pico de la construcción llegó a demandar 1.200 trabajadores. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, celebró la recensión del contrato, dijo que hay plan B y que decidirá Asesoría Letrada si se iniciarán acciones legales a las empresas por lo que le deben a la Provincia.
Entre los datos del convenio con las empresas se encuentra un apartado en el cual la Provincia pide que la UTE le devuelva poco más de 2 millones de dólares que se entregaron para la compra de maquinaria. "Asimismo la UT se obliga a restituir a EPSE la suma de 2.294.758 U$S más IVA en concepto de un préstamo que le otorgó la Provincia, mediante acta acuerdo de fecha 29/12/2023, para la adquisición de una maquinaria denominada hidrofresa", indica el texto. Quedó estipulado también que Cammesa le deberá pagar a las empresas que conforman la UTE la deuda que se fue generando a lo largo de estos meses.
