La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas
Carlos Suárez, jefe del Servicio Penitenciario Provincial, analizó cómo la reforma impactará en la infraestructura actual y la necesidad de financiamiento nacional para nuevos centros de alojamiento. Ya hay programas diferenciados para jóvenes en la cárcel chimbera. La radiografía de los menores en conflicto con la ley en San Juan.
La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina.
La reciente aprobación del Régimen Penal Juvenil cambia todo el panorama judicial argentino al reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, ya genera debate sobre cómo se aplicará en las provincias, y en San Juan ya está en análisis el desafío de la implementación, sobre todo porque ya es un problema conocido el del poco espacio en la cárcel chimbera. Ya se les complica con el sistema acusatorio, mucho más complejo sería alojar los menores que delinquen, bajo este nuevo esquema.
La nueva normativa, impulsada para casos de delitos graves como homicidios, robos violentos y narcotráfico, establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años pueden ser procesados y recibir penas adaptadas, con un máximo de 15 años de prisión para los crímenes más graves. Sin embargo, la ley también contempla regímenes de libertad restringida o tareas comunitarias para penas menores, y ratifica la prohibición terminante de que los menores convivan con internos adultos
Un punto sensible para las provincias es el financiamiento, ya que la implementación de estos nuevos estándares requiere de partidas presupuestarias específicas que la Nación debe garantizar para evitar que la ley se convierta en letra muerta. Para lograr los votos en el Congreso, la gestión de Javier Milei tuvo que prometer una partida de más de $ 23.700 millones para financiar la aplicación del sistema y habilitar a las provincias a firmar convenios con el Gobierno.
En San Juan, quien habló de los ejes para el abordaje local es el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, quien, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, aclaró que los efectos de esta ley en el Penal de Chimbas no serán de carácter inmediato. El funcionario puntualizó que el destino inicial de los menores afectados por la baja de imputabilidad no es el penal común, sino instituciones especializadas como el centro socioeducativo Nazario Benavídez, bajo la estricta tutela del Juzgado de Menores.
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El Nazario Benavídez, ubicado en Zonda, ya alberga a menores en conflicto con la ley en San Juan.
Al respecto, Suárez señaló que el ingreso a la cárcel de mayores sería una instancia posterior y gradual. "En principio ese chico va a ir a un instituto como el Nazario Benavidez, que es donde van a ir a cumplir pena en ese lugar, con el Juzgado de Menores que va a estar a cargo en el seguimiento a estos chicos. Y luego esos chicos, probablemente, en un futuro pueden, de acuerdo al programa tratamiento y la evaluación que hayan podido tener dentro de ese lugar de alojamiento, venir al Servicio Penitenciario. Pero eso no va a ser mañana. Es muy probable que tengamos un proceso de tiempo como para ver cómo va evolucionando eso, Pero sí tenemos que ir también nosotros reprogramándonos para recibir a esos chicos que posiblemente van a venir".
En este marco, a pesar de esta gradualidad, el Servicio Penitenciario sanjuanino ya empezó un proceso de reprogramación interna para adaptarse a la futura recepción de estos jóvenes. Actualmente, la institución cuenta con una población joven de aproximadamente 15 internos de entre 18 y 25 años con condenas superiores a los 3 o 10 años que, aunque se encuentran en la población general, reciben un abordaje específico. No obstante, el corazón de la estrategia actual es el programa de jóvenes adultos, destinado a internos de entre 18 y 21 años (con posibilidad de extenderse hasta los 25 años según evaluación técnica) que cumplen condenas cortas, menores a tres años. Este programa busca evitar la reincidencia mediante un equipo interdisciplinario que trabaja con el entorno familiar y se enfoca en la educación y la capacitación laboral, logrando resultados positivos en la reinserción social de quienes recuperan su libertad. Según el director, se ha podido lograr que la mayoría de los jóvenes bajo el programa que se pudieron ir en libertad no vuelvan a la cárcel, es decir, no reinciden.
La sectorización es un pilar fundamental en el Penal de Chimbas, según destacó Suárez para manejar el impacto de la ley y los cambios del sistema acusatorio. Habló de la necesidad de separar a quienes ingresan por pocos meses de aquellos que cumplen penas de cadena perpetua, destacando que el sistema actual obliga a trabajar en la agrupación y clasificación para implementar programas efectivos. Suárez afirmó sobre este punto que se debe trabajar en la clasificación y categorización de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que estos nuevos cambios a nivel judicial con flagrancia y sistema acusatorio traen condenas cortas, y este programa de jóvenes adultos para chicos entre 18 y 21 años permite sectorizarlos y darles un programa específico.
Así, la infraestructura no es un tema menor, el Penal de Chimbas enfrenta el desafío de una superpoblación que ronda los 1.850 internos, lo que ha llevado a la habilitación de nuevas estructuras como el Sector 5 y los novedosos sistemas modulares que actualmente están en proceso de equipamiento, más un nuevo pabellón que se empezaría a construir este año que será el Sector 6. Suárez explicó que estas obras permitirán nivelar la población penal y trabajar mejor en la clasificación por edad y condena, aunque advirtió que una vez que estos sectores se completen, la provincia volverá a enfrentar problemas de capacidad si no se piensa en un nuevo complejo.
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Menores en conflicto con la ley en San Juan
La información estadística más reciente disponible sobre la situación de los menores en la provincia se desprende del Informe Mapa de Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Penal de la República Argentina de 2024, elaborado por la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y publicado en diciembre de 2025. Los datos correspondientes a San Juan reflejan casos donde se ha podido declarar el auto de responsabilidad penal en los Juzgados de Niñez y Adolescencia de la provincia. Estos números constituyen la última base estadística consolidada para entender el universo que la nueva ley penal juvenil pretende regular a nivel local.
Según este relevamiento, durante el año 2024 se registraron 99 niños, niñas y adolescentes con intervención penal en la jurisdicción. El informe detalla que la población con intervención penal en San Juan es mayoritariamente masculina, con un 92,9% de varones frente a un 7,1% de mujeres.
En cuanto al rango etario, los datos muestran que el 20,2% de los casos involucra a menores de hasta 12 años, mientras que el 7,1% corresponde a los 14 años y el 6,1% a los 15 años. Es notable que un 44,4% de los registros pertenecen a individuos que ya superaron los 18 años al momento del relevamiento.
Respecto al tipo de delitos investigados en esta población, la mayor incidencia se encuentra en los delitos contra la propiedad con un 37,4%, seguidos por los delitos contra la integridad sexual en un 33%, delitos contra las personas con un 13,2%, las infracciones a leyes especiales/otros con un 11%, contra la libertad 4,4% y contra la administración pública en un 1,1%.
