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SUSCRIBITELa propuesta de la diputada que pertenece al sector de Juan Grabois encendió los ánimos en la dirigencia del campo.
Una intensa controversia se ha desatado entre la diputada de Unión por la Patria (UxP) Lucía Klug y las principales entidades rurales del país a raíz de la presentación de un proyecto de ley para establecer un gravamen sobre las emisiones de metano generadas por la ganadería.
Klug, quien responde a Juan Grabois, presentó la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba) con el objetivo de mitigar la emisión de gas metano —uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) generados por los bovinos— y hacer factible a largo plazo la actividad económica del sector. El proyecto argumenta que la tasa surge de la necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático.
La provincia de Buenos Aires es señalada en el Inventario de GEI como una de las principales emisoras del país, y las actividades ganaderas contribuyen con un 19% de las emisiones de metano provinciales. La norma establece que las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia serían las sujetas obligadas, midiéndose el gravamen en función de los kilogramos de CO2e (Dióxido de Carbono Equivalente) emitidos.
El proyecto de ley propone la creación de un fondo fiduciario para compensar el metano emitido por la ganadería con la reducción de este mismo gas lograda mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos.
La diputada Klug defendió la iniciativa, aclarando que no es una medida fiscalista, sino una "herramienta ambiental". Su objetivo es "promover mecanismos de responsabilidad extendida del productor", y fomentar la adopción de tecnologías y prácticas que reduzcan las emisiones de metano, citando como ejemplo exitoso la reconversión de un feedlot en una planta de biogás en Coronel Rosales.
Klug reconoció que el debate es complejo debido a que las emisiones bovinas no son "artificiales", sino parte de procesos naturales potenciados por la producción ganadera, lo que genera una "tensión permanente entre el derecho a la alimentación y una producción que también tiene impactos ambientales negativos". Aunque admitió que la ganadería puede ser una de las industrias de menor impacto en términos relativos, señaló que "eso no invalida que la ganadería también genere efectos" y que Argentina aún no tiene regulación al respecto.
Las respuestas del sector agropecuario fueron inmediatas y contundentes.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticó duramente la propuesta: “Que una diputada impulse cobrar un impuesto por los gases que emiten las vacas no es una discusión ambiental: es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”. CRA exigió dirigentes que trabajen "a favor de la producción, no quienes creen ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia".
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue categórica: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”. Carbap considera la medida como un intento de seguir "esquil mando al que produce".
En un debate, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, expuso la visión del campo, cuestionando el enfoque. Señaló que el agro en su conjunto aporta cerca del 20% de los GEI, y la ganadería bovina representa solo entre el 10 y el 12% del total, siendo la industria, la energía y el transporte las que superan el 70%.
Kovarsky argumentó que el foco está puesto incorrectamente en los productores ganaderos, que son los que generan el porcentaje menor. Detalló que el metano bovino participa de un ciclo biológico cerrado: el gas tiene una vida media corta (9 a 12 años) y se descompone en CO2 y vapor de agua, insumos que las plantas reabsorben mediante fotosíntesis.
En contraste, el CO2 que emiten los combustibles fósiles, la industria o la energía permanece por décadas o siglos en la atmósfera y no puede ser reabsorbido en la misma escala. Por ello, el dirigente concluyó que lo correcto es analizar el "balance de carbono y no solo la emisión bruta". "Las vacas, además de ser las que menos emiten, son las únicas capaces de participar de un sistema que reabsorbe lo que generan".
Kovarsky finalizó indicando que existe un "desconocimiento sobre cómo funciona el sistema ganadero argentino", el cual se basa principalmente en pastizales, diferenciándose de sistemas de otros países. Este es el debate que, según el sector, debería estar dándose.