El conflicto por la presidencia del Concejo Deliberante de Sarmiento sigue escalando en el ámbito judicial. En el marco del amparo presentado por la concejal Valeria Ríos para cuestionar la reelección de Lucas Gómez al frente del cuerpo, la Fiscalía Civil emitió su dictamen y consideró que la designación se realizó conforme a la normativa vigente. Ahora será la jueza Amanda Díaz, titular del Juzgado Civil Nº11, quien deberá resolver el planteo.
Después de que Díaz recibiera el amparo y el Concejo Deliberante se expidiera, Beatriz Gil, la fiscal que interviene en la causa, sostuvo que no existen elementos que permitan declarar la inconstitucionalidad de la decisión adoptada por el Concejo Deliberante de Sarmiento.
Según el dictamen, la designación de autoridades del cuerpo se realizó respetando la normativa vigente, por lo que no se advierte una vulneración a principios constitucionales. En esa línea, la Fiscalía entendió que el planteo realizado por la amparista no reúne los requisitos necesarios para prosperar y recomendó rechazar el pedido de inconstitucionalidad.
La controversia se remonta a diciembre del año pasado, cuando el Concejo Deliberante renovó sus autoridades. En esa instancia, Gómez logró ser reelecto como presidente con cuatro votos contra dos, gracias al apoyo de los tres concejales del peronismo, lo que desató un fuerte conflicto político en el departamento.
La votación generó tensión dentro del oficialismo municipal, ya que el edil había ingresado al cuerpo por la lista del intendente Alfredo Castro, pero con el paso del tiempo se distanció del espacio y comenzó a votar junto a los ediles justicialistas. Ese cambio de alineamiento modificó el equilibrio interno del Concejo, que está compuesto por tres concejales del sector del jefe comunal y tres del PJ.
El quiebre político se profundizó cuando Gómez decidió abandonar el espacio con el que había llegado al cargo y sumarse a La Libertad Avanza. A partir de entonces, la relación con el Ejecutivo municipal se tensó aún más y derivó en distintas presentaciones judiciales que buscan cuestionar la validez de la sesión en la que se eligieron las autoridades del cuerpo.