La Justicia provincial desvinculó la causa penal contra el intendente de Zonda, Juan José Atampiz, por la existencia de "ñoquis" en su municipio. Francisco Nicolía, fiscal de la UFI de Delitos Especiales, determinó que la cuestión denunciada es netamente laboral y administrativa, y no configura ningún delito penal. Este martes, detalló sus razones.
El fiscal, en diálogo con Radio Sarmiento, dijo que la denuncia original, presentada por José Alberto Díaz en representación del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se basaba en el hecho de que había empleados públicos en planta permanente que cobraban un sueldo pero no asistían a trabajar. Se aportó como prueba una constatación con escribano y la grabación de una sesión del Concejo Deliberante en la que los concejales ya estaban al tanto de la situación y habían solicitado listados de empleados al intendente.
Las razones específicas de la fiscalía para desvincular la causa penal son las siguientes:
• Naturaleza administrativa y laboral: El fiscal entendió que la inasistencia de una persona a su lugar de trabajo es una cuestión que debe ser resuelta como en cualquier empleo, es decir, por el empleador. En este caso, la Intendencia, como cabeza del municipio, debe tomar decisiones aplicando los convenios colectivos de trabajo, las reglamentaciones o las ordenanzas municipales que establecen sanciones para quien no concurre a su lugar de trabajo.
• No configuración de delito: Nicolía afirmó explícitamente que "que una persona no vaya a trabajar no significa o no configura un delito". Subrayó que se trata de personas que no están cumpliendo con su trabajo o con la función para la cual fueron asignadas.
• Ausencia de malversación o asociación Ilícita en la denuncia: Aunque el sindicato públicamente mencionó que podría tratarse de estafa, malversación, nepotismo y asociación ilícita, el fiscal aclaró que en la denuncia lo que se expone es que hay personas que no van a trabajar. Al evaluar los hechos denunciados y las pruebas aportadas, el fiscal no encontró elementos que configuren malversación ni asociación ilícita. También señaló que el nepotismo, aunque mencionado, no es un delito.
• Rol del derecho penal: El fiscal enfatizó que "no es el derecho penal que tiene que resolver esa situación" de inasistencia laboral. Consideró que, si bien se trata de fondos del Estado, la conducta subyacente es la misma que en un empleo privado: personas que no cumplen con su función.
• Responsabilidad del intendente: de acuerdo a lo expresado por la Justicia, será el intendente quien tenga la responsabilidad de tomar una decisión respecto a estos empleados, iniciar sumarios, y aplicar las sanciones correspondientes, como una cesantía o suspensión.
En resumen, la fiscalía consideró que la situación denunciada es una falta laboral o administrativa que compete al ámbito municipal y a las responsabilidades del intendente, y no un hecho que encuadre en una figura delictiva que deba ser investigada por la justicia penal. Queda pendiente ver cómo actuarán el intendente y el Concejo Deliberante sobre el escandaloso asunto.
La denuncia
Al presentar la denuncia días atrás que quedó desestimada, la abogada patrocinante del sindicato, Vanesa De Dax Sansó, dio detalles sobre la presentación en la Justicia.
Dax Sansó sostuvo sobre la denuncia penal ante la UFI Delitos Especiales que "los delegados gremiales del municipio de Zonda se presentaron ante las oficinas del señor Díaz y le comentaron que había un gran malestar entre los restantes empleados del municipio porque había funcionarios que estaban cobrando y no aparecieron nunca, cobraban sueldos muy importantes".
Las irregularidades no terminan ahí. La abogada añadió, en diálogo con Pelado Stream, que "otros empleados con categorías altas también cobran sueldos sin ir o van una vez a la semana y firman por toda la semana, por el resto de los días o inclusive había otras situaciones que se constataron, también iban, firmaban y desaparecían del municipio".
Para constatar estas acusaciones, en una de las jornadas, el secretario General del sindicato se hizo presente "en compañía de una escribana y se constató las irregularidades que estaban denunciando los delegados gremiales". Incluso, el jefe de Personal fue entrevistado y "refirió que había personas que nunca habían ido y sin embargo las planillas se tenían que confeccionar inclusive pagándoles presentismo". Tras su declaración, este funcionario "fue removido del cargo", lo que el sindicato considera una represalia.