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SUSCRIBITELa Fiscalía determinó que el reclamo del sindicato de empleados públicos debe resolverse en el ámbito administrativo del municipio. La presentación había puesto en la mira al intendente Juan José Atampiz y a su hermano, el diputado Miguel Atampiz.
Juan José Atampiz.
La denuncia presentada por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) contra el intendente de Zonda, Juan José Atampiz, no tendrá recorrido penal. Según informaron desde la Fiscalía, las situaciones planteadas por el gremio -presuntos “ñoquis” en la planta municipal, incluso familiares del jefe comunal- no configuran delitos y deberán abordarse dentro del circuito administrativo del municipio.
El fiscal dijo que los hechos denunciados corresponden a faltas en el cumplimiento de funciones de los empleados, algo que debe resolverse con sumarios, sanciones u otras herramientas previstas por la normativa municipal. De esta manera, la Fiscalía entendió que la vía adecuada para canalizar cualquier irregularidad es la administrativa, y no la penal.
De acuerdo a lo que dijo Nicolía, la Fiscalía también señala que la Constitución provincial otorga autonomía a los municipios, y que la Ley Orgánica de Municipalidades ya establece mecanismos de control suficientes. Entre ellos, prevé sanciones, cesantías y hasta recuperos de haberes, además de la intervención de organismos como el Tribunal de Cuentas. Así, se descartó un “vacío legal” que amerite trasladar el tema directamente a la Justicia penal.
El SEP, liderado por José Díaz y con el patrocinio legal de Vanesa De Dax Sansó, había denunciado que existían empleados municipales que cobraban sueldos altos sin cumplir asistencia. Según detallaron, algunos firmaban planillas una sola vez por semana o directamente nunca se presentaban en sus puestos.
Para reforzar la acusación, el sindicato llegó a presentarse con una escribana en las oficinas municipales y entrevistó al jefe de Personal, quien habría reconocido la existencia de esas prácticas. Posteriormente, el funcionario fue desplazado de su cargo, lo que el gremio interpretó como una represalia.
La acusación apuntaba directamente contra el intendente Atampiz como responsable funcional de las presuntas irregularidades y alcanzaba también a su hermano, el actual diputado y exintendente Miguel Atampiz.
La presentación gremial había hecho foco en presuntos delitos como defraudación a la administración pública y adulteración de instrumento público, pero la Justicia concluyó que no encajan en ninguna figura penal.
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