El juez Civil de Bariloche, Santiago Morán, dictó una medida cautelar que ordena el embargo preventivo de la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, por una suma que asciende a los 40,5 millones de pesos. Esta resolución judicial se desprende de una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento contractual impulsada por un damnificado que adquirió un lote en el desarrollo inmobiliario “Tajamar”, ubicado en el balneario rionegrino de Las Grutas, sin haber recibido la posesión del terreno ni las obras de infraestructura prometidas. La medida establece que se deben retener 27 millones de pesos en concepto de capital y otros 13,5 millones destinados a cubrir intereses y costas judiciales, ordenando a la Cámara de Diputados realizar los depósitos correspondientes en una cuenta judicial bajo apercibimiento de sanciones.
El conflicto legal en torno al proyecto "Tajamar" revela irregularidades estructurales, ya que, según los registros catastrales de San Antonio Oeste, las hectáreas comercializadas figuran como zona rural y carecen de habilitación para construir. Diversas demandas subrayan que el loteo no cuenta con aprobación municipal, trazado urbano, ni apertura formal de calles, lo que imposibilita la obtención de permisos de edificación y la escrituración de los inmuebles. Ante estas acusaciones, Villaverde ha intentado justificar las demoras alegando que la pandemia extendió los plazos de entrega, aunque los plazos contractuales se encuentran largamente vencidos. Este no es un caso aislado, pues la legisladora enfrenta otro proceso en San Antonio Oeste donde se le reclama una indemnización de 100 millones de pesos, y ya ha tenido que pactar acuerdos privados con otras víctimas por montos de hasta 12 millones de pesos para evitar el avance de juicios similares.
Este revés judicial se suma a un historial político y personal marcado por el escándalo, ya que Villaverde debió renunciar a su posibilidad de asumir en el Senado para mantener su banca en la Cámara de Diputados tras la difusión de sus vínculos con el narcotráfico. Los antecedentes judiciales indican que la legisladora fue detenida en Miami en el año 2002 por intentar comprar un kilo de cocaína, un hecho que resurgió durante la campaña electoral junto a sus nexos con Claudio Ciccarelli, vinculado a su vez con Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La situación actual de la diputada refleja una acumulación de procesos que combinan sospechas de financiamiento ilícito y maniobras fraudulentas en el mercado inmobiliario, mientras la justicia avanza sobre su patrimonio para resarcir a los compradores afectados.
Para comprender la magnitud de la irregularidad en la venta de estos terrenos, se puede decir que adquirir uno de estos lotes es como comprar una entrada para una función de cine en un edificio que todavía tiene categoría de baldío: el espectador tiene el ticket y la promesa de la película, pero el cine no puede encender el proyector ni abrir sus puertas porque, legalmente, el lugar ni siquiera está habilitado para recibir público.
