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SUSCRIBITEEn la Legislatura se tratará este jueves un abanico de proyectos para extender el "estado de excepción" en siete áreas vitales: desde la seguridad hasta la obra pública, pasando por lo social y, con foco especial, otorgando facultades extraordinarias a OSSE por la sequía.
Los jefes de todos los bloques de Diputados definieron los temas a tratar este jueves en la Legislatura de San Juan, entre ellos las emergencias sobre tablas.
El orreguismo presentó en la Legislatura de San Juan una batería de proyectos de ley clave con el objetivo de prorrogar el estado de emergencia pública en distintas áreas hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta movida se da justo cuando las leyes de emergencia, usadas históricamente por los gobiernos ante crisis económicas fuertes, están por vencer a fin de año.
El oficialismo sostiene que, a pesar de los grandes esfuerzos, las condiciones críticas que motivaron la declaración inicial de estas emergencias siguen sin cambios sustanciales, obligando al Estado a mantener estas medidas excepcionales. Se espera que estos proyectos tomen estado parlamentario en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados y sean tratados sobre tablas, es decir, en la misma jornada.
Según los fundamentos del oficialismo, cada una de las emergencias tiene su justificación. Una de las áreas neurálgicas es la emergencia de los servicios de seguridad, que abarca tanto a la Policía de San Juan como al Servicio Penitenciario Provincial. Prorrogar esta medida hasta fines de 2026 mediante la sustitución de la Ley Provincial N° 969-P sirve para asegurar la continuidad de acciones destinadas a resguardar a la comunidad sanjuanina, ya que persisten factores que siguen afectando la operatividad y eficiencia de las fuerzas. En criollo, la idea es mantener las herramientas excepcionales para fortalecer el funcionamiento de los servicios esenciales de seguridad, manteniendo el orden público y la integridad ciudadana en un contexto donde los recursos son limitados y las demandas son extraordinarias.
En el frente económico y social, se busca extender dos paraguas de protección para los ciudadanos. Primero, se plantea la prórroga de la Emergencia Social declarada por la Ley N° 1266-P. Esta extensión es importante para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad que siguen afectadas por el contexto económico actual. El fin práctico de esto es mantener la suspensión de los términos procesales en juicios de ejecución de hipotecas que no están incluidos en el fideicomiso de la Ley Nacional N° 25.798, además de suspender los procesos de ejecución por cobro de honorarios. La medida busca proteger los derechos de los deudores hipotecarios y evitar que la crisis se profundice con más juicios.
En segundo lugar, y vinculado a la emergencia social, se busca prolongar la suspensión de los procedimientos judiciales relacionados con convenios, desalojos y restitución de inmuebles en barrios específicos como Jardín del Milagro, Portal de los Andes y Solares de San Juan y Otoño. Este proyecto, que sustituye el Artículo 1° de la Ley N° 1267-P, tiene como objetivo fundamental proteger a los habitantes de estos barrios de procesos judiciales que, en el marco de la crisis social, sanitaria y económica que sigue afectando a la provincia, podrían agravar su situación.
Otro tema candente es la obra pública, un sector golpeado por las inestabilidades nacionales. El oficialismo presentó un proyecto para prorrogar la emergencia en materia de obra pública a través de la sustitución de la Ley Provincial N° 2458-A. Esto sirve para paliar las significativas distorsiones económicas actuales que impactan directamente en la ejecución y continuidad de los proyectos provinciales. La emergencia dota al Gobierno de las herramientas necesarias para asegurar la realización efectiva y finalización de las obras, facilitando la implementación de mecanismos normativos que permitan la renegociación, revisión y adecuación de los contratos vigentes. El propósito es crear una "nueva línea de base", garantizando la continuidad de proyectos esenciales y evitando su paralización.
Además, la Legislatura abordará la prórroga de la emergencia pública general declarada originalmente por la Ley N° 783-P. Mantener esta ley vigente sirve para ejercer el Poder de Policía de Emergencia del Estado, priorizando los intereses colectivos y los derechos humanos básicos frente a las dificultades que atraviesan las finanzas públicas. Esta prórroga tiene un impacto financiero directo, ya que suspende los procesos de ejecución de sentencia contra el Estado Provincial hasta fines de 2026, lo cual es vital para garantizar la estabilidad financiera y administrativa y evitar perjuicios al erario público en este contexto de crisis.
En un plano diferente, pero de gran peso para la urbanización, se busca la extensión del régimen excepcional para regularizar obras clandestinas (obras subrepticias), modificando la Ley Provincial N° 1254-P. Este régimen fue creado por el contexto social y económico excepcional, que aún persiste. Su prórroga sirve para mantener el marco excepcional que evita mayores perjuicios a los propietarios y al desarrollo urbano regulado, permitiendo que se continúe solicitando el beneficio a través de un formulario de acogimiento hasta la fecha límite de diciembre de 2026.
Finalmente, el oficialismo puso el ojo en la emergencia hídrica, un problema que sigue afectando gravemente a San Juan. Al prorrogar el estado de emergencia hídrica (Ley N° 2470-L) hasta fines de 2026, la iniciativa incorpora explícitamente a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y cualquier otro organismo público o privado prestador del servicio de agua potable. Este es un punto clave, porque la ley amplía temporalmente las facultades ordinarias de OSSE, permitiéndole adoptar medidas excepcionales. Esto significa que OSSE estará facultada para imponer restricciones, priorizar el uso del agua, realizar contrataciones directas de obras y servicios indispensables, reasignar recursos y ejecutar planes de contingencia para el abastecimiento alternativo de agua. El propósito de esta medida es gestionar la crisis causada por la prolongada disminución de caudales y la sequía recurrente, asegurando que se priorice el consumo humano y la sostenibilidad del recurso.