Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el oficialismo provincial busca reactivar el tratamiento de la Ley de Transporte. Durante la Labor Parlamentaria realizada este martes, ingresó un pedido para que la normativa sea tratada sobre tablas este jueves, en la décimo tercera sesión ordinaria. El problema: el proyecto no tiene dictamen favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Sin dictamen, la jugada generó resistencias en distintos bloques. Desde el peronismo, el bloquismo y algunos monobloques (como los de Franco Aranda y el libertario Fernando Patinella) pidieron que la discusión no se dé esta semana. Argumentan que el proyecto necesita correcciones técnicas que no han sido tratadas durante los últimos meses.
Ante este escenario, el bloquismo propuso una salida intermedia: que se apruebe una moción de preferencia este jueves, para garantizar que el proyecto se discuta sí o sí en la próxima sesión y permitir incluir modificaciones, como las que en su momento presentó Aranda.
Esta situación no es nueva. En septiembre, el oficialismo también quiso avanzar con el tratamiento sobre tablas, pero al no reunir los votos suficientes, retiró el intento. Entonces se acordó tratar la propuesta después de las elecciones del 26 de octubre.
En respuesta a la resistencia legislativa, el Gobierno convocó para este miércoles una nueva reunión (aún no confirmada) con el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien ya acudió dos veces a la Cámara para explicar los detalles del proyecto. Sin embargo, fuentes legislativas aseguran que no necesitan más explicaciones, sino cambios concretos en la letra de la ley.
Hay margen para seguir debatiendo: este jueves también se votará la extensión del período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, lo que abre una ventana para negociar el texto final.
De qué se trata la ley
La Ley de Transporte en San Juan propone una reforma integral del sistema de movilidad de personas y cargas, con el objetivo de modernizarlo, mejorar la seguridad y optimizar la experiencia del usuario. El proyecto plantea la creación de un registro único de conductores y vehículos, incorpora la regulación de las aplicaciones de movilidad (considerándolas como “terceros de contactabilidad” responsables ante el pasajero) y habilita un esquema de tarifa libre para estos servicios, donde el precio se acuerda entre las partes con una orientación estatal basada en estudios de costos. También impulsa la apertura del sistema de transporte público a una mayor competencia, reduce la participación máxima que puede tener una empresa dentro del esquema de colectivos e incorpora nuevas tecnologías, como la electromovilidad y los vehículos autónomos en líneas experimentales. Además, unifica toda la normativa vigente en materia de transporte de personas y cargas en una sola ley, contempla servicios especiales para personas con necesidades específicas y promueve nuevas herramientas de financiamiento, como el leasing, para facilitar la renovación de unidades.