Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
El fiscal Francisco Micheltorena pidió 3 años y 6 meses de prisión efectiva, además de 10 años de inhabilitación, para Daniela Saldívar. “No reaccionó nunca ante la falta de progreso de dilatación”, dijo el funcionario judicial en los alegatos. También solicitó su detención de forma preventiva tras el veredicto y la investigación por falso testimonio de dos médicas que declararon en su favor.
La causa por la muerte de Lorenzo Narváez Barrionuevo entró en su momento definitorio este martes por la tarde en Tribunales. Tras semanas de audiencias, la fiscalía presentó su alegato final y pidió una dura condena contra la obstetra acusada de actuar con negligencia durante el parto ocurrido en julio de 2021 en el Hospital Rawson.
El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, solicitó 3 años y 6 meses de prisión efectiva, más 10 años de inhabilitación profesional. Además, pidió que la médica sea detenida de manera preventiva después del veredicto. Como agravante, reclamó también que se investigue por falso testimonio a dos médicas que -según expuso- habrían intentado favorecer a la acusada con declaraciones inconsistentes.
En el alegato central, el fiscal Francisco Micheltorena sostuvo que la médica “no reaccionó” ante un cuadro que, según la acusación, mostraba un parto detenido durante horas. Planteó que la profesional llegó a la sala luego de una inducción que llevaba 17 horas, con una madre exhausta, y aun así no actuó frente a la falta de progreso. Además, expuso que la dilatación demandó casi cuatro horas para avanzar apenas un centímetro y que el bebé permaneció más de cinco horas sin descender, superando ampliamente los estándares que obligan a intervenir. Para el Ministerio Público, ese tiempo de espera derivó en una asfixia prolongada y un final irreversible: el niño fue expulsado sin vida.
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El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, dio a conocer los alegatos.
“No reaccionó nunca ante la falta de progreso de dilatación”, indicaron desde el Ministerio Público. “No reaccionó nunca ante la falta de progreso de dilatación”, indicaron desde el Ministerio Público.
El Ministerio Público apuntó que esa prolongación derivó en una asfixia irreversible. El recién nacido fue expulsado sin vida, y los peritos oficiales coincidieron en que una cesárea urgente podría haber evitado el desenlace. La médica, además, habría continuado el parto sin el monitoreo fetal continuo obligatorio y anotado valores de latidos que no coincidirían con el estado real del niño.
Tres especialistas respaldaron la hipótesis acusatoria:
La médica forense María Beatriz Vázquez afirmó que los valores del cordón umbilical mostraban una asfixia sostenida de al menos 20 a 40 minutos y que la historia clínica consignaba la maniobra de Kristeller, desaconsejada por la OMS.
La tocoginecóloga Carla Sotimano sostuvo que la paciente presentaba dilatación retardada y detención del descenso, condiciones que exigían monitoreo continuo y cesárea urgente.
El obstetra Gustavo Paredes remarcó que la falta de progreso y la ausencia de control fetal impidieron advertir la gravedad del cuadro.
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El juez de garantías Alberto Caballero.
La postura de la defensa
La defensa, representada por el abogado Joaquín Moine, rechazó la acusación y aseguró que la evolución del parto estaba dentro de parámetros clínicamente aceptables. Cuestionó los dictámenes periciales y sostuvo que el desenlace no era previsible. También presentó a dos médicas como testigos, ahora bajo la mira de la fiscalía por presuntas contradicciones.
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Nadia Barrionuevo, la madre del bebé fallecido, presente en la sala.
Durante el debate declararon treinta testigos, entre ellos una enfermera que definió el episodio como un “parto de terror” y la abuela del bebé, quien aseguró haber presenciado un trato violento hacia su hija.
Con los alegatos cerrados, el juez Caballero dará a conocer su decisión este miércoles.