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SUSCRIBITELa Casa Rosada busca cerrar un acuerdo con los rectores antes de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el reclamo por fondos universitarios.
El Gobierno intenta alcanzar un acuerdo con las universidades antes de que la Corte Suprema resuelva el conflicto por los fondos.
El Gobierno nacional acelera las negociaciones con las universidades públicas para intentar cerrar un acuerdo que le permita evitar un desembolso estimado en $2,5 billones. La Casa Rosada analiza convocar en los próximos días a los rectores con el objetivo de destrabar el conflicto judicial que llegó a la Corte Suprema y que mantiene en disputa recursos vinculados a salarios, becas y funcionamiento de las casas de estudio.
Las conversaciones fueron confirmadas por fuentes oficiales, que aseguran que existe voluntad de ambas partes para acercar posiciones. Sin embargo, todavía no fue formalizada una reunión con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La negociación abarca distintos reclamos impulsados por las universidades, entre ellos la recomposición salarial docente, la actualización de las becas estudiantiles y la distribución de fondos destinados a los hospitales universitarios.
La principal preocupación del oficialismo es el avance de la causa judicial que actualmente analiza la Corte Suprema de Justicia. El expediente surgió a partir de una medida cautelar impulsada por las universidades para exigir el cumplimiento de los aumentos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.
En la Casa Rosada consideran que una resolución adversa podría obligar al Estado a realizar una transferencia multimillonaria que impactaría de lleno en las metas fiscales del Gobierno.
Según estimaciones oficiales, un fallo favorable para las universidades podría representar un costo cercano a los $2,5 billones, cifra que explica la urgencia de las negociaciones.
Por ese motivo, la estrategia jurídica quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja junto a distintos organismos para encontrar una salida que permita desactivar el litigio.
El Gobierno ya había acercado una alternativa a los rectores basada en el proyecto de financiamiento universitario que el oficialismo envió al Congreso meses atrás.
La iniciativa contempla reconocer la pérdida salarial registrada durante 2025, aunque no incluye la caída de ingresos acumulada entre fines de 2023 y 2024, uno de los principales reclamos de los sectores universitarios.
A cambio de la transferencia de fondos, el Ejecutivo pretende que las universidades retiren la cautelar que actualmente espera una definición del máximo tribunal.
La discusión gira en torno a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita garantizar recursos para las instituciones educativas y, al mismo tiempo, evitar que la disputa continúe en el ámbito judicial.
Mientras avanzan las conversaciones políticas, los abogados del Estado trabajan en los aspectos técnicos de un eventual entendimiento.
Desde la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio, reconocieron que siguen analizando distintos escenarios para asegurar que cualquier acuerdo tenga validez jurídica y permita suspender las acciones judiciales.
La preocupación oficial pasa por evitar que una transferencia de fondos no logre frenar el expediente y que la Corte igualmente avance con una resolución sobre el conflicto.
Por esa razón, el Gobierno busca una fórmula que garantice el cierre definitivo de la controversia si las partes alcanzan un entendimiento.
Del lado de las universidades aseguran que todavía no recibieron una propuesta concreta y esperan una convocatoria oficial para avanzar en la negociación.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que las conversaciones continúan, pero remarcan que aún no existe una oferta formal que permita evaluar una salida al conflicto.
La expectativa está puesta en una posible reunión durante esta semana, aunque hasta el momento no hay fecha confirmada para el encuentro.
Mientras las negociaciones siguen abiertas, los distintos sectores universitarios continúan impulsando medidas de visibilización.
Durante los últimos días, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y los gremios docentes llevaron adelante un paro de actividades para reclamar mejoras salariales y mayor financiamiento.
Además, las organizaciones sindicales ya anticiparon que podrían profundizar las protestas durante el segundo cuatrimestre si no aparecen respuestas concretas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
Con la Corte Suprema analizando el caso y las negociaciones en marcha, el conflicto universitario atraviesa una etapa decisiva que podría definir el futuro del financiamiento de las casas de estudio en todo el país.
FUENTE: TodoNoticias